VALÈNCIA. La jueza de la Dana ha vuelto a desmentir otra de las tesis sostenidas por el Gobierno valenciano sobre la gestión de la catástrofe. En este caso, sobre la vigilancia de los barrancos. Durante las primeras semanas, el Ejecutivo que dirige Carlos Mazón negó que la administración autonómica tuviera competencias en la inspección de los cauces y achacó la falta de información sobre el barranco del Poyo, el que causó la mayoría de las muertes, exclusivamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, casi un año después de la tragedia, y tras numerosas testificales y diligencias, la instructora deja negro sobre blanco no sólo que la Generalitat tenía adjudicada esta tarea según la ley sino que los propios técnicos de la conselleria de Emergencias eran conscientes e incluso actuaron en ese sentido, por lo que la magistrada no entiende que los directores de la emergencia no ordenaran movilizar "recurso humano alguno".

El último auto emitido por la jueza de la Dana es muy revelador al respecto. En él, la magistrada requiere a la CHJ para que informe si desplegó a su Policía de Aguas para vigilar in situ los barrancos pero aprovecha la ocasión para meter baza y recordar de nuevo que la Generalitat era la que tenía la responsabilidad de este control por "simple aplicación de la normativa legal" -el Plan Especial de Inundaciones-. "Para ello, la Conselleria de Emergencias cuenta con diferentes medios, sin que entre los mismos exista prelación alguna", señala en referencia no sólo a la Confederación sino también otros cuerpos como la policía autonómica, la Guardia Civil, los bomberos forestales, agentes medioambientales o incluso las comunidades de regantes y los ayuntamientos.

Pero la magistrada va más allá e insiste en que, de acuerdo con las últimas revelaciones en el marco de la investigación, los técnicos autonómicos sí intentaron materializar esta vigilancia pidiendo la colaboración de los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente y los bomberos del Consorcio Provincial. "La claridad meridiana de la normativa y de la responsabilidad autonómica era tan conocida que ya desde el día de antes, el 28 de octubre de 2024, se sabía de la conveniencia del despliegue de agentes medioambientales al objeto de controlar los barrancos", asegura el auto, citando las declaraciones de dos técnicos de Emergencias, que han certificado en sede judicial esta petición.

Según sus testificales, el día de antes de la Dana pidieron la puesta a disposición de agentes medioambientales pero se les denegó esta participación y supieron más tarde que "la Conselleria de Medio Ambiente había retirado sus agentes a las 11h del día 29" por riesgos laborales. Además, los técnicos de Emergencias han declarado que el ofrecimiento que también hizo dicha Conselleria "nunca llegó" a la sala de los técnicos y por eso tuvieron que recurrir el día 29 de octubre al cuerpo provincial de bomberos.

A la postre, dice la jueza en su auto, ese control de barrancos "había de continuar" en el "día álgido de la Dana, el 29 de octubre, perfectamente anunciado por la Aemet y publicitado por todos los medios de comunicación". Por ello, constatada la petición de colaboración el día previo, la jueza es contundente: "No se entiende que el día 29 de octubre, a pesar de que desde las 10h había aviso rojo de la Aemet para tres áreas de la provincia, (litoral norte, litoral sur e interior norte), no se movilizara recurso humano alguno a instancia de los directores del plan para la vigilancia de los barrancos".

Según la magistrada, la preemergencia decretada desde el día 24 "así lo requería". "La vigilancia requiere un seguimiento, tanto en preemergencia como en emergencia", señala lacónica la jueza en el auto, donde recuerda que la movilización de recursos humanos "se hizo tras la activación de la alerta hidrológica, que, para el barranco del Poyo, tuvo lugar a las 12:20 h, y ello habría sido suficiente para la comarca de la Horta Sud, teniendo en cuenta la hora de los fallecimientos". Con todo, recalca que "la vigilancia también era necesaria en los barrancos tributarios del Poyo, atendiendo a las previsiones meteorológicas para zonas como Turís o Godelleta, y que los barrancos de dichas áreas no cuentan con medidores". "Había avisos de lluvia acumulada en zonas de la cabecera del barranco del Poyo", insiste, para poner como ejemplo el municipio de Turís, que "alcanzó un nivel muy elevado de lluvias".

Esa movilización de recursos humanos fue la de los bomberos forestales del Consorcio Provincial. La magistrada trae a colación las llamadas de técnicos de Emergencias al Consorcio, conocidas esta semana, para ordenar el desplazamiento de los agentes a vigilar el cauce del río Magro y el barranco del Poyo. En una de ellas, la primera, se le comunica al sargento coordinador de bomberos la necesidad de trasladar agentes para la vigilancia y se le insta a que anotaren las novedades en el sistema interno. En otra, una técnico pide que además los agentes se acerquen a la altura de Paiporta para medir el caudal. Son, a juicio de la magistrada, "uno de los elementos claramente indicativos".

Cabe recordar que el Consorcio, tras el aviso de Emergencias movilizó a las 13.05h a una unidad para el barranco del Poyo, que a la altura de Ribarroja hizo una inspección y vio una lámina de agua de unos 70 u 80 cm de altura. Tras ir a Cheste a hacer una escala y volver, unos 40 minutos después (14.40h), se realizó una segunda inspección donde se reportó que el nivel había bajado a la mitad, por lo que la unidad solicitó instrucciones y su sargento coordinador ordenó la retirada, tal como declaró un jefe de bomberos. Así, cuando llegó la riada, sobre las 17h de la tarde, no había nadie para verla. Los trabajadores de Emergencias señalan a los bomberos por desmovilizar la unidad sin avisar.

Con todo, el auto también trae a colación otras novedades de la investigación de los últimos días, como los vídeos donde "la propia consellera autonómica [Salomé Pradas, investigada en la causa], era informada de que le competía controlar el barranco del Poyo, estampando de su puño y letra la responsabilidad en la asunción de dicho control, la existencia de una alerta hidrológica y lo que es más importante, la utilización de medios propios, brigadas forestales".

Así, insiste la magistrada, estas brigadas "nada tienen que ver con la CHJ" y tampoco están a sus "órdenes", "sí de la administración autonómica", señala en referencia a los bomberos pero también a los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente. El auto indica que esta "actuación de vigilancia in situ que responde al hecho de que las subidas repentinas en los caudales de los barrancos se han de controlar visualmente", citando al subdirector de Emergencias Jorge Suárez en una de las grabaciones. "Y lo que es más decisivo", prosigue, "de forma permanente durante la alerta hidrológica, a través del gran número de medios personales, centenares de profesionales, que dependían de la administración autonómica". La alerta hidrológica, cabe rercordar, "no se dejó sin efecto por lo que la obligación de control siempre estuvo vigente.