VALÈNCIA. El ambiente sigue muy tenso en el seno del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. La plantilla está en huelga desde el pasado 28 de octubre ante la falta de acuerdo con la Diputación de València en torno a las mejoras laborales que reclaman los bomberos, cuya asamblea rechazó la última oferta de la corporación provincial con el 77% de los votos en contra. El diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, y la diputada de Hacienda, Laura Sáez, comparecieron este miércoles para defender su propuesta, que supone aumentar el gasto en 6 millones en los próximos años, e insistir en la imposibilidad de ir más allá ante la limitación impuesta por la regla de gasto, además de señalar los sueldos que ya cobran los agentes.

Las manifestaciones vertidas por los responsables del PP no han gustado nada a las organizaciones sindicales, que han emitido un contundente comunicado expresando su "incredulidad" ante las declaraciones de ambos diputados, que llegan a calificar de "difamaciones". En él, los representantes sindicales denuncian una campaña de desprestigio contra el cuerpo de bomberos, en la que se han difundido supuestas falsedades como que un bombero cobra 125.000 euros al año o que su jornada laboral es excesivamente reducida. Aseguran que estas declaraciones no solo distorsionan la realidad, sino que también ocultan graves carencias estructurales y de personal en el servicio.

Durante la reciente emergencia provocada por la Dana, los bomberos afirman haber trabajado sin descanso, además de que casi el 40% de la plantilla estaba sin cubrir por falta de contratación. Denuncian que no se activaron los protocolos adecuados, ni se aceptó ayuda externa, lo que, según el comunicado, agravó la situación de los municipios afectados. Además, acusan a Mascarell de no activar el plan de abastecimiento básico, lo que habría dejado a miles de personas sin acceso a alimentos, agua o transporte durante los días críticos. “El máximo culpable y responsable de abandonar a las poblaciones afectadas”, sentencia el escrito, sugiriendo incluso posibles consecuencias judiciales.

La Junta también ha respondido a las afirmaciones de la diputada Laura Sáez sobre la financiación del consorcio, recordando que este organismo cuenta con ingresos propios y que la Ley de Haciendas Locales permite una mayor inversión si hay voluntad política. Critican la falta de actualización de las aportaciones de la Generalitat, que lleva una década sin revisarse, acumulando una deuda superior a los 30 millones de euros. A juicio de los sindicatos, "no existe" una "voluntad de querer dar un  mejor servicio a la ciudadanía por parte del actual Gobierno de la Diputación.

El preacuerdo frenado

La plantilla considera insuficiente el ofrecimiento de la Diputación porque incumple el preacuerdo alcanzado el pasado mes de marzo. Aquel, señala el miembro de la Junta de Personal, era "muy interesante porque establecía jornadas de trabajo adecuadas, se hablaba de un incremento de la plantilla y de establecer más efectivos en las guardias". Sin embargo, esta propuesta, que suponía un incremento presupuestario de 9 millones de euros, no se pudo llevar a cabo al frenarla el interventor de la corporación por inviable.

El habilitado advirtió en uno de sus informes que el preacuerdo suscrito entre ambas partes haría que la Diputación incumpliese el techo de gasto, el máximo que las administraciones locales pueden incrementar su presupuesto cada año. Esta es la principal razón que esgrime la institución provincial que dirige Vicente Mompó para no cumplir con lo prometido.