VALÈNCIA. Se podría decir que es una de las relaciones más tensas que está viviendo la investigación judicial de la Dana. La instructora, Nuria Ruiz Tobarra, y el letrado que defiende a uno de los investigados, José María Bueno Manzanares, han protagonizado desde hace meses no pocos encontronazos, con escritos y respuestas que han ganado en contundencia con el paso del tiempo. Un panorama que podría considerarse de cierta hostilidad y que este viernes cristalizó en una incómoda discusión en plena declaración testifical de una funcionaria clave, la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles.

El incidente ocurrió cuando, avanzado el interrogatorio, era el turno de preguntas del abogado de Compromís -la coalición está personada como acusación popular-. El letrado de la acusación interrogó de manera insistente y reiterativa a la funcionaria para que identificara a los técnicos encargados de analizar el riesgo de las previsiones meteorológicas e interpretar los datos para la toma de decisiones hasta el punto de instarle a aportar sus comunicaciones. Algo que es voluntario. Piles, que comparecía en calidad de testigo, se encontró presionada y manifestó su malestar al sentirse "intimidada" por la acusación.

Fue entonces cuando, según fuentes presenciales, la magistrada intentó mediar y explicó a la trabajadora que no debía sentirse intimidada porque la intención del interrogatorio era "saber lo que ha pasado". En su explicación para tranquilizar a la testigo, justificó la insistencia del letrado en cuestión porque a lo largo de los últimos meses habían pasado a declarar diferentes técnicos de Emergencias y "a veces es difícil saber lo que pasó". Por lo que la magistrada lamentó que algunos testigos se sientan "señalados" e interpretó que el letrado de Compromís no buscaba atemorizarla.

Pero no se quedó ahí y la instructora añadió que si había habido algún señalamiento o acusación hacia los técnicos, ese había sido por parte de la defensa de Argüeso. Todo ello en referencia a la solicitud del letrado de la defensa de que se citara a declarar como investigados a varios técnicos, entre ellos la propia Piles, tras la imputación del ex secretario autonómico. Una petición que la jueza, cabe recordar, desestimó.

Entonces, siempre según fuentes presenciales, la tensión se disparó e intervino Bueno Manzanares para afear a la magistrada su actitud y señalarle que la defensa no había "acusado" a los técnicos -una defensa no puede acusar, pues ese es el papel de las acusaciones-. "Sabe la diferencia, no tolero que diga que yo he acusado", llegó a aseverar con visible enfado, para criticar que la magistrada conseguía así "poner en contra" de la defensa a la testigo. Apreciación que apoyó también el abogado de la otra investigada, Salomé Pradas. Un malestar que culminó Bueno Manzanares señalando a la instructora: "Parece que esté diciendo que Compromís son los buenos y yo el malo".

El rifirrafe en la sala es el último de una larga lista de desencuentros no solo evidentes sino bastante ruidosos desde que la jueza decidiera excluir de la causa a la acusación popular de Manos Limpias por estar vinculada profesionalmente a Bueno Manzanares, quien defiende a la organización en algún caso. El letrado de Argüeso alegó que no es ni socio ni empleado de Manos Limpias sino "un abogado penalista independiente" que tiene como cliente a la organización "en causas concretas", pero la magistrada desoyó los argumentos y acordó sacar a la entidad de la instrucción.

También evidenció un choque muy notorio la petición de la defensa de Argüeso para someter al jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, a un examen médico-psiquiátrico por sus "lagunas de memoria" durante su declaración testifical. La jueza lo calificó de "despropósito absoluto" y llegó a decir que la solicitud era "incompatible con principios básicos, no solo procesales, sino con los propios de cualquier Estado democrático" y más propia de "los regímenes totalitarios del siglo XX". Además de criticar la "deplorable estigmatización de las enfermedades mentales" como herramienta de desprestigio.

Pero quizá el voltaje llegó a niveles máximos en septiembre después de que el letrado de Argüeso presentara un escrito insinuando la interferencia en el proceso del marido de la magistrada, también juez, de acuerdo con algunas informaciones aparecidas en prensa. "Se violan por dicho letrado frontalmente todos los principios más elementales de deontología profesional", llegó a decir la jueza sobre Bueno Manzanares, a quien señaló por querer convertir el procedimiento "en el lugar, no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido". Así, además de denunciar "una campaña difamatoria y que destila un machismo atroz", inició el proceso para abrir un expediente sancionador al abogado.