VALÈNCIA. La catástrofe de la Dana, que asoló decenas de municipios de la provincia de Valencia y se cobró la vida de 229 personas, dio paso a una de las más complejas investigaciones judiciales que se recuerdan en la Comunitat Valenciana. No solo por el gran numero de víctimas mortales que buscan justicia sino también por el elevado grado de politización de la causa, propio de una tragedia de esta envergadura y enmedio de una polarización creciente.

En este marco, la instructora lleva más de diez meses investigando las negligencias en la gestión de la emergencia, liberada de otros asuntos judiciales gracias al refuerzo de su juzgado, el de Instrucción número 3 de Catarroja. La magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, ha puesto en el centro de la causa el envío tardío de la alerta masiva a la población como nexo causal con los fallecimientos y las lesiones producidas y declaró como investigados tanto a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, como al 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso.

Su diligente investigación, no exenta de ataques y cuestionamientos, ha arrojado muchos detalles sobre lo ocurrido en el centro de coordinación de emergencias de l'Eliana y en la reunión del Cecopi, pero cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, la Audiencia Provincial le ha permitido ir más allá y ampliar la mirada a El Ventorro, donde el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comió con la periodista Maribel Vilaplana tras la cual todavía no está claro qué hizo hasta llegar a l'Eliana a las 20.28h.

Un año después de la barrancada, estas son las ocho claves de la investigación judicial de la Dana de Valencia.

La responsabilidad autonómica

Uno de los argumentos nucleares sostenido desde las defensas, especialmente de la exconsellera Salomé Pradas, se centró desde el principio en corresponsabilizar al Gobierno de España de la actuación del Cecopi. Para ello, insistió en que el Cecopi es un órgano colegiado con un comité de dirección que Pradas compartía con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Pero desde el principio, la jueza dejó negro sobre blanco, auto tras auto, que las competencias de protección civil son de la comunidad autónoma y que es la Conselleria la que ejerce "el mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil" y entre cuyas funciones está la de "determinar medidas de protección" para las personas como "avisos a la población".

Con este sostén, la magistrada ha rechazado una y otra vez la investigación de dirigentes del Gobierno central, decisiones avaladas también por la Audiencia Provincial. Y recientemente, un informe de la propia Generalitat avala esta tesis al explicar cómo se actuó en el reciente episodio de lluvias, en septiembre de 2025, cuando se envió la alerta masiva 14 horas antes del inicio de la emergencia. La administración autonómica, como publicó Valencia Plaza, expone claramente que según el Plan de Inundaciones es el conseller de Emergencias o el secretario autonómico -en función del nivel de emergencia- el que ha de "determinar [...] las medidas de protección a la población que deban adoptarse", entre ellas "la utilización del sistema ES Alert".

La vía que abre Maribel Vilaplana

Hasta ahora, las pesquisas llevadas a cabo por la jueza se han concentrado en el centro de emergencias de l'Eliana, donde se encuentra no sólo la sala del 112 sino también las dependencias donde se produjo la reunión del Cecopi a partir de las 17h de aquella tarde. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está aforado así que solo puede investigarlo el TSJ, por lo que la jueza, hasta el momento, ha rechazado cualquier diligencia encaminada a indagar la actuación del titular del Consell, contra el que no hay indicios delictivos: por ahora, nadie ha señalado que Mazón retrasara el envío del ES Alert. La jueza le ofreció declarar voluntariamente pero el president se ha negado.

Así pues, la magistrada había desestimado citar como testigo a Maribel Vilaplana hasta que la pasada semana la Audiencia Provincial de Valencia le enmendó en un sorprendente giro de guion. Consideró la sección segunda de la Audiencia que ella podría conocer detalles de las conversaciones de Mazón, que según los registros telefónicos, habló con Pradas. Y por eso, podría "aportar alguna luz sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo". Es decir, a exclusivos efectos de examinar a Pradas.

La interpretación no es baladí porque abre la puerta a investigar, de manera indirecta a través de Mazón, lo que ocurría en el Cecopi, sin perjuicio de que, por el camino, puedieran descolgarse indicios contra el president, en cuyo caso debería elevarse la causa al TSJ. "No deberán dejar de practicarse [diligencias] por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado", apunta la Audiencia.

Tres horas de Cecopi para el envío de la alerta

La investigación intenta descubrir por qué se tardó tanto en enviar la alerta masiva a la población, que llegó a las 20.11h, cuando la riada ya había anegado numerosos municipios y buena parte de las víctimas ya habían fallecido. En un principio, a raíz de la declaración no solo de la exconsellera sino también de otros testigos del Cecopi como el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se creía que no fue hasta las 19h cuando el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, planteó el envío del ES Alert, pero no fue así.

Conforme avanzaron las indagaciones, se constató que se venía estudiando desde antes. Así, un técnico de Emergencias encargado de validar el mensaje, que se encontraba en una sala técnica anexa al Cecopi, expuso que ya a las 18.36h se estaba planteando esta medida porque en ese momento, Suárez le puso en sobreaviso porque "era probable que se enviara un mensaje ES Alert". La cosa no quedó aquí porque una nueva testifical, la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, reveló que él había planteado ese aviso en el Cecopi antes de las 18h.

Esto ya habría supuesto la constatación de que aquella tarde se tardó más de dos horas en emitir la alerta masiva. Pero la demora fue todavía mayor. Así se ha podido saber a raíz de uno de los últimos vídeos aportados a la causa por una productora contratada por la Generalitat para grabar en el centro de emergencias, donde muestra, al poco tiempo de empezar el Cecopi (17.10h) a Suárez planteando que se puede enviar un mensaje "a todos los móviles de esa zona". "Es una de las decisiones que podemos tomar", dijo Suárez, ante la difícil situación que se vivía en la zona de Utiel-Requena, ya inaccesible para los equipos de rescate.

Así pues, desde el primer momento en el que se habló de esta herramienta en el Cecopi hasta que efectivamente se activó pasaron cerca de tres horas. Cabe recordar que la Conselleria decidió paralizar la reunión telemática del Cecopi a las 18h para reflexionar sobre las medidas a llevar a cabo y se reactivó a las 19h. Entonces, tal como demuestran los vídeos, según Polo, al comprobar que todavía no se había enviado la alerta, gritó "Pero, por favor, ¡¿no habéis mandado ningún mensaje?!". A esa hora, según los vídeos, Suárez leyó un primer borrador, pero a partir de ahí se inició un debate técnico entre Suárez y el entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, sobre las características del mensaje y la zona de destino, entre otras cuestiones. Pradas ha alegado que no había protocolos del ES Alert, algo que ha corroborado esta semana la jefa de servicio de Emergencias.

La posible rotura de Forata opacó el Poyo

Tanto los dos investigados como los testigos del Cecopi han declarado ante la jueza de la Dana que aquella tarde, el peligro del desbordamiento o incluso la rotura de la presa de Forata, en el río Magro, capitalizó la atención durante la reunión de máximos dirigentes. Así, aunque al principio se expusieron los problemas que vivía la zona de Utiel-Requena, la primera intervención de Miguel Polo (CHJ) puso en alerta a los presentes porque estaba entrando en el embalse de Forata el doble de agua del que podía evacuar.

Mompó dijo que "se habló solo de Forata" en el Cecopi. Y Bernabé relató el terror que hubo en la sala después de que Polo dijera que "estaban preocupados" al entrar en el embalse "unos 2.000 litros cuando podían salir unos 1.000". "La rotura definitiva supondría inundaciones de hasta 4 metros de altura en todos los municipios aguas abajo de la presa", aseveró la delegada del Gobierno a la jueza. En su declaración, Polo aseguró que nunca habló de la "rotura" o el "colapso" de la presa, sino del riesgo de coronación -desbordamiento del agua por encima-. En cualquier caso, todo ello ocurría mientras en el barranco del Poyo se fraguaba la catástrofe desde antes de las 17h sin que nadie lo viera. De hecho, no se habló de dicho barranco hasta que la alcaldesa de Paiporta le llamó a la delegada a las 19h avisando del desbordamiento.

El correo tardío de la CHJ que nunca llegó

Las defensas han alegado falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que cuenta con un control de aforo en el barranco del Poyo a la altura de Ribarroja, pero que no remitió un correo electrónico informando de la súbita crecida del caudal hasta las 18.43h, cuando el flujo alcanzaba casi los 1.700 metros cúbicos por segundo, diez veces más del umbral máximo que obliga a la CHJ a avisar por email. Sin embargo, aunque la comunicación se hiciera tarde, sorprendentemente nunca llegó al Cecopi.

Uno de los técnicos de la Generalitat Valenciana confirmó que dicho correo sí llegó al centro de emergencias pero no al Cecopi sino a la sala técnica anexa al Cecopi, donde él estaba trabajando. Otra técnico, confirmó haber visto el correo de la CHJ pero negó haberlo abierto. "Dije que había un correo pero no recuerdo que lo abriera", aseveró, y dijo desconocer si otro trabajador en la sala entró a ver el mensaje de advertencia. De hecho, relató que en la sala no oyó mencionar el barranco del Poyo hasta que saltó la alarma en el Cecopi (sobre las 19h) y se enteró de que se había desbordado el barranco. "Pero ya era tarde", dijo en el juzgado.

Miguel Polo estaba conectado telemáticamente al Cecopi desde la sede de la CHJ y, según dijo ante la jueza, fue advertido por uno de sus trabajadores, a las 18.45h, de que se había enviado el correo a Emergencias por la súbita crecida del caudal, pero al retomarse la reunión del Cecopi a las 19h, no verbalizó nada en el encuentro. "Es un caudal evidentemente importante, pero congruente con todo lo que estaba pasando", explicó en su declaración el presidente de la CHJ, quien recordó que en la presa de Forata estaba entrando un caudal de 2.000 metros cúbicos por segundo: "Tú estas viendo esos caudales, tampoco te llega a sorprender lo que está pasando en el Poyo". Si bien más tarde admitió que 1.600 m3/s son "un caudal de desbordamiento claro".

El lío con los agentes medioambientales

Pese a los intentos iniciales del Consell de descargarse de la tarea de vigilar los barrancos y achacarla exclusivamente a la CHJ, la jueza instructora dejó claro no sólo que la Generalitat tenía adjudicada esta tarea según la ley sino que los propios técnicos de la conselleria de Emergencias eran conscientes e incluso actuaron en ese sentido, por lo que la magistrada no entiende que los directores de la emergencia no ordenaran movilizar "recurso humano alguno". "Para ello, la Conselleria de Emergencias cuenta con diferentes medios, sin que entre los mismos exista prelación alguna", señala en referencia no sólo a la Confederación sino también otros cuerpos como la policía autonómica, la Guardia Civil, los bomberos forestales, agentes medioambientales o incluso las comunidades de regantes y los ayuntamientos.

De hecho, los técnicos de Emergencias consultaron ya el 28 de octubre a la Conselleria de Medio Ambiente la posibilidad de disponer de sus agentes medioambientales para la vigilancia de barrancos y, según la jefa de servicio de Emergencias, intentó ponerse en contacto con Medio Ambiente pero le dijeron que formalizara la petición a través de la Dirección General. "Les contesté que por qué se estaba variando el modo de petición de activación" pero la conservación "se quedó ahí".

El día 29, Medio Ambiente hizo un ofrecimiento formal de los agentes a través de un registro interdepartamental dirigido a Argüeso, que como secretario autonómico era director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre). El alto cargo ya había dicho que él nunca recibió esa oferta y que los registros interdepartamentales llegan a personal administrativo. Pues bien, en su declaración, la jefa de servicio de Emergencias confirmó que esa oferta no se abrió hasta el día 30, un día después de la Dana, y como Argüeso, afeó que no hubiera un contacto telefónico para efectuar el ofrecimiento. La jueza respondió al ex 'número dos' de Emergencias que exigiera una diligencia que no predicó aquel día.

La movilización 'fallida' de bomberos

Ante la incapacidad de disponer de los agentes medioambientales, los técnicos de Emergencias pidieron movilizar a las 12.43h al Consorcio Provincial de Bomberos para vigilar in situ tanto el río Magro como el barranco a la altura de Torrent, Picanya y Paiporta, pues eran los puntos "más delicados", en palabras de uno de los trabajadores de Emergencias. El Consorcio movilizó a las 13.05h a una unidad, que a la altura de Ribarroja vio una lámina de agua de unos 70 u 80 cm de altura, pero a las 14.40h se reportó que el nivel había bajado a la mitad, por lo que la unidad solicitó instrucciones y su sargento coordinador ordenó la retirada. Así pues, cuando llegó la riada, sobre las 17h de la tarde, no había nadie para verla.

Los funcionarios de Emergencias y el cuerpo de bomberos han mantenido relatos opuestos porque mientras los primeros insisten en que no se les avisó de la desmovilización -uno de los técnicos autonómicos reconoció que tampoco insistieron-, los segundos defienden que sí avisaron a través de un canal de radio llamado UVE-Valencia y achacan a la Generalitat que no ordenara una vigilancia permanente del barranco.

El falso desembalse de Forata

Uno de los principales motivos de desinformación en la dana tuvo que ver con una supuesta apertura de compuertas que habría provocado la riada y las consecuentes muertes. Pero la investigación ha constatado que no fue así puesto que, tal como han declarado varios expertos, la presa de Forata nunca desembalsó porque sus compuertas están abiertas siempre, siguiendo las normas aprobadas tras la 'pantanà' de Tous. Además, algunas acusaciones señalaban que la presa de Forata está conectada con el barranco del Poyo, por lo que el agua que salió del embalse habría acabado en l'Horta Sud, donde se produjeron la mayoría de fallecimientos. No fue así.

"Ha de calificarse como un auténtico bulo la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo. Se trata simplemente de otra cuenca", señaló en uno de sus autos lacónica la instructora, para explicar que igualmente "ha de descartarse que tuviera cualquier tipo de efecto negativo en los sucesos del día 29 de octubre de 2024". "Al contrario", recalcó, "produjo un efecto netamente beneficioso", asegura citando a un perito de la UPV que acudió al juzgado a declarar como experto. Así, dijo, ha de "descartarse de plano que los fallecimientos y las lesiones tuvieran cualquier tipo de relación con la presa de Forata". Una presa que "no sufrió de desbordamiento, coronación o rotura que derivara en un aumento de caudal de manera súbita e inesperada y que provocara en definitiva los fallecimientos".