VALÈNCIA. La huelga convocada el próximo 19 de febrero por los sindicatos para reclamar la mejora de las condiciones de los trabajadores de la acción concertada en la gestión de centros públicos de Servicios Sociales sufre bajas tras la reunión de este viernes con los representantes de los trabajadores. Convocada por CCCO y UGT, este último ha decidido descolgarse tras alcanzar un acuerdo con la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, por el cual la administración se compromete a dotar a los Servicios Sociales de la financiación suficiente en los próximos años para garantizar la aplicación de los acuerdos salariales pendientes y su mejora.

Según han señalado, la Conselleria de Servicios Sociales abrirá un espacio de diálogo "de forma inminente" entre organizaciones sindicales y patronales con el objeto de concretar un acuerdo de financiación de los centros, programas y servicios de gestión indirecta del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales para el periodo 2025-2030. Según señalan, el acuerdo garantizará, una vez alcanzado, la aplicación efectiva de incrementos salariales y la estabilidad financiera de las entidades. Este acuerdo vendría a sustitur el que ya se firmó en 2022 con el Govern del Botànic para mejorar los salarios gradualmente hasta 2026. Un acuerdo que entró en vigor en 2023, durante el Govern del Botànic, pero que el Consell de Carlos Mazón decidió no llevar adelante. 

Estos conciertos con el tercer sector, que incluyen servicios a personas mayores, diversidad funcional, inclusión, mujeres, salud mental, infancia y adolescencia, permiten la revisión durante su vigencia para incrementar su presupuesto. En este sentido, según explican desde CCOO, en 2023 se llegó a presupuesta un acuerdo de incremento, que terminó por no aprobarse nunca a pesar del acuerdo entre el anterior Consell y el las entidades. "La Conselleria no cumple", apunta Elena Albert, de la Federación de Enseñanza de CCOO PV. "Primero era que no había dinero, luego que ellos no habían firmado y después que lo firmado era una declaración de intenciones", apunta. Un acuerdo que fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, en los últimos años, tan solo se ha aplicado la subdida del IPC.

"La huelga no solo se centra en el incumplimiento de acuerdos interprofesionales, sino los cambios en mayores con la ley de simplificación administrativa. La bajada de ratios nos asusta, se han acogido a las ratios mínimas cuando el decreto de tipologías lo mejoraba junto a las figuras profesionales", señalan. Mientras, UGT ha decidido apartarse de la huelga al comprometerse Camarero a iniciar en el presente año la tramitación de los expedientes de licitación de los contratos públicos caducados en todos los sectores.

Tras las reuniones mantenidas los últimos días, la administración ha aceptado la sugerencia del sindicato de incluir en la agenda de esta legislatura la tramitación de una propuesta de Ley de la Acción Concertada, que permita la continuidad, estabilidad y seguridad jurídica del modelo de concertación en la Comunitat Valenciana para los próximos años y que abra la vía del pago delegado.