VALÈNCIA. La consulta sobre la lengua base de los alumnos de centros educativos públicos y concertados valencianos ha estado en el ojo del huracán desde que a comienzos de la semana pasada se publicaran las fechas en las que las familias podrían votar. Asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, partidos políticos y asociaciones han mostrado su rechazo a este proceso aludiendo a múltiples motivos tales como que éste emana de la Ley de Libertad Educativa, recurrida ante el Tribunal Constitucional, o la supuesta "vulneración de los derechos lingüísticos de los valencianohablantes". Mientras tanto, desde la Conselleria de Educación defienden la libre elección de la lengua e insisten en la "fundamental" participación de las familias.

La consulta sobre la lengua base es un proceso por el que las familias eligen de manera telemática le lengua principal (valenciano o castellano) en la que quieren que estudien cada uno de sus hijos a partir del próximo curso escolar. Este proceso incluye a segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Secundaria de los centros públicos y concertados de la Comunitat Valenciana. La lengua elegida tendrá un mayor peso en la enseñanza, aunque la norma prevé que haya un mínimo de tiempo lectivo en la otra lengua cooficial. 

El objetivo de este proceso es determinar el porcentaje de alumnos que han obtado por cada lengua por cada centro y curso, de manera que se puedan distribuir las diferentes aulas para dar respuesta a la decisión tomada por las familias. No obstante, en las zonas de predominio lingüístico castellano simplemente establece que se podrá constituir una unidad de valenciano cuando exista una "demanda de alumnado suficiente". Mientras que en la zona valencianohablante la distribución de las aulas la determinará una tabla específica (Anexo I de la Ley de Libertad Educativa) en función del apoyo de las familias a cada una de las dos opciones y del número de aulas que disponga ese centro para dicho nivel educativo. 

La votación arrancará el próximo martes y tendrá una duración de una semana. A ella están llamadas más de 570.000 familias que podrán expresar su sentido del voto a través de la Secretaría Digital de la Generalitat, el mismo procedimiento que se utiliza para la admisión del alumnado. Los centros, no obstante, han puesto ordenadores a disposición de las personas afectadas por la Dana que no dispongan de medios electrónicos propios para que puedan votar. La Conselleria explica que será suficiente con que vote un progenitor por alumno porque en caso de dos votos iguales solo se contaría uno como válido y si hay dos distintos se daría por nulo.

Pero, ¿qué ocurre con padres separados o divorciados? El departamento que dirige José Antonio Rovira explica que "si votan lenguas diferentes, se considera que hay una discrepancia o falta de acuerdo entre ellos", por lo que el voto "no se tiene en cuenta hasta que el juez decida qué progenitor pueda votar". Una cuestión que no es baladí, pues el estudiante afectado sería adscrito de oficio a una u otra lengua por parte del centro docente en función de las necesidades organizativas en el caso de que la decisión del juez no se produzca antes del inicio del curso escolar. 

• El conseller de Educación, José Antonio Rovira -
• Foto: ROBER SOLSONA/EP

Una vez constituidas el número de unidades en cada una de las dos lenguas, se procederá a adscribir al alumnado en cada una de ellas por el orden de un listado que ordena los alumnos según la puntuación obtenida en un apartado de circunstancias personales que deberán rellenar las familias en el momento de participar en la consulta. Entre las cuestiones que se tendrán en cuenta para clasificar los estudiantes se encuentra el número de hermanos en el mismo centro, el domicilio del estudiante, así como el hecho de tener una discapacidad superior al 33% o pertenecer a una familia numerosa o monoparental. Este listado se publicará en el tablón de anuncios de cada centro. 

Lo cierto es que la ley no garantiza que todos los estudiantes vayan a poder cursar en su centro la lengua elegida al aplicar una distribución en función de porcentajes de voto de las familias. Ante ello, la orden permite a los centros desdoblar áreas y materias con el fin de que "todo el alumnado pueda cursar sus enseñanzas en la lengua base elegida por sus representantes" y los estudiantes que repitan curso tendrán derecho a ser adscritos en la lengua base que le corresponde. Además, el Consell ha abierto la puerta a que los alumnos se puedan desplazar a centros cercanos en los que se pueda cubrir su demanda. 

Por otro lado, cabe tener en cuenta que, si la elección se produce en el último nivel de un centro que esté adscrito a otro, el resultado de la consulta se aplicará en este último a partir del próximo curso. En el caso de que este centro reciba a alumnado de varios enclaves, se ponderará el resultado de la consulta entre todos ellos. Mientras que en el caso de los centros rurales agrupados y de los centros incompletos se tendrá en cuenta el resultado de todos los niveles de la agrupación. 

Respuesta al proceso

Esta consulta ha estado en el foco del debate en los últimos días por su impacto en la educación de los menores y por el enfrentamiento que ha provocado con diferentes entidades y asociaciones. Lo cierto es que en los últimos días el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJV) ha recibido un total de cuatro recursos que piden la suspensión cautelar del proceso. Presentados por Acció Cultural, UGT, Compromís y CCOO, se basan fundamentalmente en el hecho de que este proceso parte de la Ley de Libertad Educativa que Les Corts aprobaron a mediados del pasado año y que actualmente se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional. "Es necesario evitar que se tomen decisiones irreversibles contra los centros educativos, el profesorado y fundamentalmente contra los derechos educativos de los menores", valoró UGT en un comunicado para explicar los motivos de su recurso. 

Al rechazo por la vía judicial también se ha sumado la negativa vía comunicados, publicaciones en redes sociales y convocatorias de movilizaciones. Plataforma per la Llengua aseguraba este martes que cerca de 40 consejos escolares municipales ya se habían "pronunciado contra la ley" al afirmar "que se quiere arrinconar el valenciano". Además, varios municipios de las tres provincias gobernados por fuerzas de la izquierda también han expuesto sus discrepancias con este proceso y han reivindicado la lengua valenciana. "Consideramos que esta iniciativa desvirtúa el marco legal vigente y amenaza la cohesión educativa y lingüística del territorio valenciano", expresaba hace unos días el alcalde de l'Eliana, Salva Torrent. 

Por otro lado, las manifestaciones, convocadas por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, se celebrarán durante este sábado en las tres capitales de provincia de la Comunitat y tienen por objetivo decir "sí al valenciano" y mostrar la oposición a una consulta que, a juicios de la organización, "vulnera los derechos lingüísticos del alumnado que quiere enseñanza en valenciano". La plataforma espera una afluencia "masiva" a estas concentraciones y defienden el valenciano como "herencia de nuestros antepasados" y una lengua que "forma parte de nuestra particular identidad y riqueza". La respuesta que de la ciudadanía a esta convocatoria servirá como termómetro para comprobar cuál es el ambiente de las familias apenas tres días antes de que arranque el proceso de votación. 

Desde el Gobierno autonómico han defendido en reiteradas ocasiones este proceso al abogar "por la convivencia y el equilibrio" entre las dos lenguas cooficiales, así como por dar "capacidad de decisión a las familias" frente a la "imposición lingüística" de la norma del Botànic. Este mismo jueves, el propio Rovira defendía la consulta durante su intervención en el pleno de Les Corts, cuando insistió en la idea de que "no hay ninguna persecución" del valenciano. El máximo responsable de la educación valenciana insistió en la idea de que los centros educativos "no son lugares para hacer campaña" y consideró que los equipos directivos de los mismos deberían "mantener la neutralidad y dejar libertad a las familias". "Damos libertad para que elijan si quieren un poco más de valenciano o un poco más de castellano, sin imposiciones y sin campañas", apostilló. 

Horas más tarde, la comunidad educativa recibía una carta a través de la base de datos de Ítaca - el portal electrónico de Educación - firmada por el propio conseller. Una misiva en la que Rovira salió al paso de las críticas de los últimos días e insistió en la idea de que lo "más justo y democrático es que las familias puedan tomar la palabra". Además, buscó calmar a los progenitores sobre aquellos "aspectos que les preocupan" como es el caso de la continuidad del banco de libros, la atención al alumnado con necesidades especiales o las actividades extraescolares. "Están totalmente garantizados, con independencia de la lengua base escogida por las familias", aseveró. 

• El conseller de Educación, José Antonio Rovira -
• FOTO: ROBER SOLSONA/EP

La carta, no obstante, se encontró con el rechazo de organizaciones como la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, fuerzas políticas de izquierda y asociaciones de directores de centros educativos. Para la Confederación, fue un "intento de manipulación" que denotó la "debilidad" de la consulta. Además, aseguraron que se envió a la asesoría jurídica para que se estudiara un posible mal uso de los datos personales de las familias al utilizar la plataforma Itaca para enviar una misiva firmada por el Conseller. "Hasta la fecha esta herramienta ha estado al alcance de equipos directivos y docentes para comunicarse con las familias sobre el proceso educativo y académico de hijas e hijos, pero en ningún caso, para hacer difusión de proyectos políticos e ideológicos como es la consulta de la lengua base", aseguraron desde la organización. 

Hasta la fecha, los políticos del Partido Popular apenas se han pronunciado sobre la consulta. Pero, entre quienes sí lo han hecho se encuentra el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, que este viernes aseguró que votará valenciano, "como harán muchos cargos y simpatizantes del PP" que quieren que sus "hijos lo aprendan con naturalidad y sin imposiciones". El líder popular tildó de "ineficaces" las políticas lingüísticas que la izquierda había impulsado en los últimos años y e instó a las familias a "ejercer su derecho sin presiones ni manipulaciones". Mientras tanto, avanzan los días y se acerca el inicio del proceso de votación al que están llamadas más de 570.000 familias. De su resultado dependerá la distribución de las aulas de los centros públicos y concertados valencianos a lo largo del próximo curso.