VALÈNCIA. El Síndic Major de Comptes de la Generalitat, Vicent Cucarella, entregó el pasado 30 de diciembre al president Ximo Puig el informe de fiscalización de las cuentas del Ejecutivo valenciano en 2020, que entre sus cientos de páginas recogía un tirón de orejas al propio Puig a cuenta de los contratos de publicidad institucional adjudicados por Presidencia de la Generalitat.

Concretamente, la Sindicatura puso la lupa sobre ocho expedientes para la difusión de distintas campañas informativas relacionadas con la pandemia derivada del coronavirus, por un importe conjunto de 4,17 millones de euros, así como el contrato de publicidad institucional que la Generalitat lanza cada año en verano para alertar sobre el peligro de incendios forestales.

De los ocho contratos de publicidad relacionada con la pandemia, señala que siete fueron suscritos con la misma empresa -Havas Media Group Levante- por un importe global de 4,11 millones de euros, que representa el 98,6% del total, y cinco de ellos fueron adjudicados en los meses de mayo y junio de 2020. Del primero, en marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma, la Sindicatura entiende que está justificad la tramitación por vía de emergencia, pero a partir del segundo, ya en mayo, afirma que "el órgano de contratación debió explicar suficientemente la necesidad de recurrir a su tramitación de emergencia", que tiene menos garantías que otros procedimientos. "En estos expedientes no se explican de forma razonada los motivos por los cuales no fue posible resolver la situación mediante otros procedimientos menos restrictivos", señala el informe, que en respuesta a las alegaciones de Presidencia, concluye que, de acuerdo con la legislación existente y pese al estado de alarma, "podría haberse consultado a más de una empresa la posibilidad de realizar el objeto del contrato".