VALENCIA. Distintos empresarios y consejeros de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana consideran prioritario el rescate de la entidad por todos los medios. La demora en la autorización por parte de la Comisión Europea del aval de la Generalitat a un crédito de 200 millones puede terminar con su liquidación antes de recibir el visto bueno.

La negativa del juez a aceptar una prórroga de otros 60 días que permita aplazar la declaración del concurso de acreedores ha llevado a distintos implicados en la gestión de la entidad a animar a la Generalitat a adelantar plazos y presentar al juez la autorización del Consell para esta operación de rescate.

Aunque los últimos movimientos de los responsables de la entidad van en la línea de considerar suficiente la comunicación a la Comisión de la Competencia de la operación financiera, como también planteó el pasado viernes el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar; lo cierto es que el juez aún no ha recibido nada que permita dejar de tramitar la solicitud de suspensión de pagos, presentada hace más de un mes.

SIN UN ESCENARIO IDONEO 

Después de subsanarse las dudas que sobre el proceso mantenía la Tesorería General del Estado, el Ministerio de Hacienda no se opuso y remitió la decisión a Bruselas, que la sigue estudiado, pero no ha emitido por el momento un dictamen favorable. Ante este silencio, la alternativa que se propone pasa porque la Generalitat actue de forma autónoma, basándose en la ausencia de una negativa por parte del equipo de Cristóbal Montoro, y el pleno del Ejecutivo valenciano apruebe el crédito y desatasque el proceso. 

Si, después, Bruselas autoriza la operación, se habrá ganado tiempo; pero si Europa se opone al aval público, por afectar al cumplimiento del déficit, España y la Comunitat se enfrentarían dentro de unos años a una sanción, una vez evitada la quiebra, establecida una nueva estrategia y recuperada la solvencia, según los defensores de esta estrategia.

El crédito, acordado entre los responsables de la SGR, la Generalitat valenciana y las entidades Sabadell CAM, Bankia, BBVA y CaixaBank no sólo permitiría cubrir el desfase contable generado durante el gobierno de la anterior dirección de la entidad, que dimitió en abril de 2012; sino que facilitaba poder afrontar los crédito fallidos en los últimos años.