MADRID (EP). La Unión de Fiscales Progresistas ha asegurado que corresponde al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) denunciar ante el Ministerio Fiscal las posibles irregularidades que pudieran derivarse de la gestión de Bankia.
La presidenta de la asociación, María Moretó, ha explicado en declaraciones a Europa Press que "las autoridades económicas tienen la responsabilidad y la información para conocer qué ha sucedido en la entidad y, en caso de detectar indicios de delito, tienen que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal".
En este sentido, Moretó ha añadido que son los organismos supervisores de los mercados financieros los que "tienen la competencia para denunciar si hubo delitos de falsedad documental en la presentación de cuentas, engaño a los accionistas en la salida a Bolsa o responsabilidades de los auditores y de los gestores de la entidad financiera".
Moretó ha denunciado la "absoluta opacidad" de la información sobre la situación de Bankia, una "falta de transparencia" que hace parecer "que se están protegiendo los unos a los otros". "Las informaciones son muy confusas y cambian de un día para otro", ha añadido.
Ante esta situación, la presidenta de la Unión de Fiscales Progresistas ha explicado que la Fiscalía no puede actuar sin datos concretos y ha recordado que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden para investigar los sucedido en las cajas de ahorros.
Además, Moretó se ha mostrado a favor de la posición mantenida por la Fiscalía Anticorrupción, que no tiene previsto abrir una investigación de oficio para depurar las presuntas responsabilidades de lo sucedido en el grupo BFA-Bankia, que recibirá una inyección pública de 19.000 millones de euros para evitar su quiebra.
La presidenta de la asociación ha explicado que como el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha remitido al Ministerio Fiscal la denuncia presentada por Manos Limpias contra Bankia, ahora es el turno de los fiscales de investigar los hechos puestos en conocimiento de la Justicia.
"Lo que no es aceptable es que se estén dando cantidades ingentes de dinero público a las entidades financieras, causantes de la crisis, sin ninguna medida de control y que a la vez se sigan privatizando los servicios públicos", ha concluido.
