ALICANTE. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha acordado dejar sobre la mesa la aprobación de los planes de actuación sobre los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó que se iban a aprobar este miércoles, y que supondrían la reducción del 90% del volumen disponible en dichas masas de agua para el regadío. Según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, el acuerdo ha sido aplazar tres semanas la decisión, para dar tiempo a incorporar todas las aportaciones necesarias antes de tomar la decisión.

El aplazamiento ha llegado después de una fuerte presión política en las últimas horas, según las mismas fuentes, para evitar que el cierre de los acuíferos fuese presentado como la segunda derrota de Ximo Puig en el terreno hídrico, tras la aprobación del plan del Tajo que reduce los caudales disponibles para el trasvase Tajo-Segura. Máxime cuando el PPCV ha vuelto a hacer bandera del agua y una segunda decisión contraria a los intereses de la Generalitat habría dado alas a esta estrategia. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, de hecho, advertía antes de la reunión de que el cierre de acuíferos se interpretaría como "una declaración de beligerancia" del Ejecutivo central y anunciaba acciones legales.

En todo caso, el problema de fondo sigue siendo el mismo: los acuíferos están sobreexplotados y no hay visos de que el Ministerio vaya a resolver a corto plazo la sustitución de los derechos sobre el agua subterránea del Vinalopó por su equivalente en agua trasvasada desde el Júcar, en cantidad suficiente y a un precio asumible por los regantes. Mucho menos en tres semanas, que es el plazo que se ha dado para la nueva votación.

En todo caso, los regantes alicantinos se mostraban satisfechos tras conocer la resolución de la junta de gobierno de la CHJ, al considerar que este plazo de tres semanas podría dilatarse durante lo que resta de año hidrológico, y pasar un verano tranquilo después de las lluvias de esta primavera y la transferencia de 18,8 hectómetros que ya está en marcha. Hasta finales de año, habría cierto margen para seguir negociando el convenio definitivo del trasvase, que a su juicio debe incluir la exención de costes de amortización y el reparto de los costes de operación con el abastecimiento de la zona.