Así, la Sala, constituida en pleno, ha acordado por mayoría adherirse al comunicado emitido por las cuatro asociaciones judiciales y en línea con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su reunión celebrada en fecha 9 de noviembre de 2023, con el siguiente tenor literal: "Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, mostramos nuestro rechazo por las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias".

"El texto del acuerdo alcanzado --proseguía-- contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Y continuaba: "Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

"Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", se exponía.

El precedente acuerdo se ha adoptado por mayoría de los miembros del pleno de la Sala de Gobierno asistentes, con diez votos a favor, dos en contra y una abstención.