MADRID (EP). El Gobierno se ha reservado la posibilidad de exigir responsabilidades a los promotores del proyecto Castor por su gestión, a pesar de extinguir la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural.
"La efectividad de la renuncia no implica, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que la actual sociedad titular y sus accionistas deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto", recoge el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según el acuerdo alcanzado este viernes por el Consejo de Ministros, Enagás asumirá la compensación por valor de 1.350 millones acordada por el Gobierno para Escal UGS, participada al 66% por ACS, la empresa promotora del almacenamiento subterráneo.
En concreto, Enagás ha cerrado un acuerdo con un sindicato de bancos para la cesión de los derechos de cobro reconocidos a la empresa correspondientes a los 1.350 millones de euros de la indeminización correspondiente a Castor.
La solución diseñada por el Gobierno para el almacenamiento subterráneo será "neutra" para la compañía presidida por Antonio Llardén. El real decreto ley aprobado por el Ejecutivo permite a Enagás ceder los derechos de cobro.
