Gracias a esta tribuna que nos ofrece Valencia Plaza, en los últimos meses y con una mirada local y provincial, hemos ido expresando reflexiones e informando sobre actuaciones llevadas a cabo en relación con las terribles consecuencias que la riada del 29 de octubre pasado provocó en la provincia de Valencia.
La actualidad sigue marcada por este trágico acontecimiento, y así será durante mucho tiempo. Las noticias se suceden: unas son positivas y nos hacen albergar esperanzas al comprobar los avances producidos en muchos pueblos y otras, en cambio, nos recuerdan que aún queda mucho camino por recorrer.
El impacto económico y las dimensiones de la catástrofe han sido cuantificados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en su reciente informe titulado Alcance económico de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia.
Admitiendo que todavía no se conoce con exactitud la cifra exacta de las pérdidas y que estas seguramente serán superiores a las estimadas en términos de reducción del PIB, este informe cifra en 17.000 millones de euros la destrucción de riqueza (activos privados y públicos).
Saco a colación el informe del Ivie por su relevancia en cuanto al análisis de los daños desde el punto de vista económico, como por las observaciones y recomendaciones que contiene en materia de inversiones, infraestructuras o medidas de prevención.
Entre otras importantes cuestiones, el informe señala que hacen falta más ayudas, que estas han de ser proporcionales al daño causado y que han de llegar cuanto antes a los municipios, al tejido productivo y a los hogares afectados. La severidad del impacto de la riada requiere agilidad y una hoja de ruta clara para la reconstrucción, en la que trabaja la Generalitat.
- Imagen de archivo de los efectos de la Dana -
- Foto: E. MANZANA/EP
Por otra parte, el Ivie incide en una realidad que debería ser atendida por el Gobierno: la Comunitat Valenciana sufre una infrafinanciación crónica, con unas cuentas muy precarias y es la comunidad que mayor ratio deuda/PIB presenta, por lo que urge el apoyo financiero tanto del Estado como de la Unión Europea.
Lo que resulta evidente es que a la vista de la colosal envergadura de la destrucción, las tareas de recuperación y reconstrucción han de ser la prioridad absoluta de todas las administraciones públicas, sin escatimar esfuerzos por quienes cuentan con más recursos económicos.
Los valencianos nunca hemos exigido privilegios, pero sí un trato justo, y ahora con más motivo, pues el futuro de la provincia de Valencia, y de toda la Comunitat, está en juego.
Lo que la ciudadanía espera es altura de miras, unidad de acción, coordinación y colaboración, imprescindibles en este momento histórico, dejando de lado tacticismos y cálculos políticos y electorales.
La situación nos obliga a seguir trabajando con más tesón que nunca y a poner siempre en el centro de la acción pública las necesidades y demandas de nuestros municipios afectados, cuyos representantes reclaman justamente ser atendidos y escuchados.
Eso es precisamente lo que desde el principio ha venido haciendo el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que se reúne y atiende a diario a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados. De hecho, todas las medidas que la Corporación provincial ha adoptado han contado con su opinión y participación, recogiendo sus prioridades.
- Vicent Mompó visita Calles para la reconstrucción -
- Foto: DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Inicialmente el Gobierno de España estableció en un anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, los 75 municipios valencianos afectados por la dana a los efectos de ser destinatarios de determinadas medidas y ayudas.
Posteriormente, a la vista de la realidad de los daños sufridos en otros municipios de diferentes comarcas, por parte del Consell de la Generalitat se amplió en dos ocasiones (en noviembre y en diciembre) el listado de los mismos, añadiendo los siguientes 28 municipios: Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo, Carcaixent, Castelló, Castielfabib, Chulilla, l’Ènova, Manuel, Millares, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo y Xeraco.
Quiero destacar que estos municipios han sido incluidos por la Diputación y ya han recibido la transferencia económica correspondiente al fondo de contingencia con carácter extraordinario, consignado en el presupuesto provincial por un total de 40 millones de euros, destinado a atender necesidades derivadas de los daños producidos por la Dana.
Una vez más, nos dirigimos al Gobierno de España para que sea sensible con una demanda que es de absoluta justicia, pues de no atenderse se establecería una diferencia de trato inadmisible y, en la práctica, la marginación de municipios considerados de segunda clase.
Laura Sáez, diputada de Hacienda
