La noticia más importante de esta semana relacionada con la Dana ha sido la convocatoria de ayudas para la recuperación del tejido asociativo, de hasta 20.000 euros por entidad, que recuerdo aquí porque toda difusión es poca para evitar que nadie se quede sin ella por no haberse enterado. 

(Inciso: son 13,6 millones de euros que reparte la Generalitat aportados por el Senado, institución a la que la ministra de Hacienda debería ajustar el presupuesto para demostrar algo de preocupación por el gasto mientras hace pagar el IRPF a quienes cobran el Salario Mínimo, porque esos remanentes sobre un presupuesto de 64 millones parecen indicar que la Cámara Alta está sobredotada).

Las noticias más importantes son las ayudas al tejido asociativo, la recuperación del comercio local, de los polígonos y sus empresas, la recuperación de la vida cotidiana con los ascensores y los garajes en funcionamiento, la vuelta al instituto aunque sea en barracones… De esto y del plan de reconstrucción debería hablar el Consell en lugar de seguir empeñado en convencernos de que la culpa de lo que pasó es de todos, ergo la culpa no es de nadie.

La burda manipulación de un audio de la conversación de 4 minutos entre dos técnicas, una de Aemet y otra de Emergencias de la Generalitat, es un hito más en una estrategia política y comunicativa que parece diseñada por el enemigo para dejar en evidencia a Mazón, quien quedó en evidencia al participar con un tuit en la operación. Hasta los periódicos a los que se filtró el audio recortado –sacado del contexto de la conversación entera y, por tanto, manipulado– tuvieron que salir al día siguiente, con el audio completo, a explicar a sus lectores la verdad: que la técnica de Aemet dijo justo lo contrario de lo que parecía en el audio recortado, es decir, que advirtió a Emergencias de que seguíamos en nivel rojo y que lo peor de la tormenta se desataría entre las 15 y las 18 horas en el interior de la provincia, como así ocurrió.

• Concentración en Picanya de familiares de fallecidos por la Dana. Foto: EDUARDO MANZANA/EP

Todo para hacernos creer que el Cecopi no se enteró de lo que ocurría en l’Horta Sud hasta que envió la alerta "por lluvias" las 20.11 horas cuando en el edificio de al lado los técnicos del 112 no daban abasto desde horas antes atendiendo llamadas de gente que se estaba ahogando. Llamadas de las que, según sus trabajadores, advirtieron en todo momento a Protección Civil, presente en el Cecopi.

Habíamos tenido un precedente con el audio recortado de Miguel Polo, también repartido a los mismos periódicos a las ocho de la tarde, que debe de ser una hora ideal para entrar sin filtro en los informativos de la noche, pero en aquella ocasión el audio completo no desmentía la primera impresión sino que demostraba que la información estaba incompleta y que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar se explica muy mal.

Tener medios de comunicación a favor es fundamental para cualquier Gobierno, de ahí que gasten cada vez más dinero en publicidad institucional y cuiden a los allegados con exclusivas y entrevistas que niegan a otros. Lo que no es normal es engañar a esos medios con mentiras con las patas muy cortas que luego tienen que matizar o rectificar, porque al final se van a enfadar y lo pagará Mazón.

Hay una jueza en Catarroja y cinco fiscales que se están ocupando de investigar qué pasó el 29 de octubre y los días posteriores en que las administraciones públicas no estuvieron a la altura. A la vista de la información que está recabando la instructora, parece que se está tomando muy en serio el caso, que es muy complejo, lo mismo que la Fiscalía, al contrario que cuando la pandemia, que se saldó con un vergonzoso carpetazo general a las investigaciones penales sobre la desastrosa gestión tanto del Gobierno central como de los autonómicos.

Todo lo que publiquemos los medios de comunicación sobre el proceso van a ser informaciones sobre una parte de la investigación, detalles de un conjunto muy grande, en muchos casos filtraciones interesadas –esperemos que no manipuladas– para tratar de orientar la opinión pública. Eso tiene que tenerlo en cuenta el lector. Solo los fiscales, la jueza y las partes personadas tendrán una visión de conjunto con la que los primeros elaborarán un escrito de conclusiones –con acusaciones o no– que, unidas a las de las acusaciones particulares y populares, llevarán a la instructora a dictar un auto en el que, si considera que hay delito, sentará en el banquillo a quienes crea que son responsables. Y si esto ocurre, después habrá un juicio. 

Así que va para largo. Lo relevante serán los autos judiciales y, sobre todo, las imputaciones, que habrá que recordar que no son condenas. El resto es ruido que, además, tapa lo más importante, que esta semana han sido las ayudas a asociaciones afectadas por la Dana. No os olvidéis de pedirlas.

PS: A propósito de la intención de la parte socialista del Gobierno de que quienes cobran el Salario Mínimo paguen a partir de ahora el Impuesto sobre la Renta, cabe recordar que estos mileuristas ya se les hace pagar desde 2023 el MEI –del que escribí en otra columna–, una suerte de impuesto a su trabajo para asegurar que haya pensionistas que puedan seguir ingresando 3.200 euros al mes. Y Yolanda Díaz no dijo nada.