Dio a entender María José Catalá, en el mitin, que aceptó ser número uno en la lista del PP por Valencia, a pesar de ser alcaldesa y diputada autonómica, porque se lo pidió Feijóo, quien de esta forma le debe un favor, que le piensa cobrar en inversiones para València. Todo por València.
De hecho, Feijóo dijo que la Comunitat Valenciana “es la que más se beneficiará del cambio de Gobierno en España” —eso se lo dirá a todas— y prometió el túnel pasante y el soterramiento de las vías en la prolongación de Serrería. Dos obras concretas que valen más como promesa que el powerpoint Plan Valencia, de 12.000 millones de euros, lleno de generalidades con obras ya en ejecución como la ampliación del Puerto.
Como no todo son grandes obras públicas, aprovecho esta columna para sugerir a Catalá que complemente el botín con una petición adicional a Feijóo en favor de la cultura, cenicienta de los presupuestos y de la gestión pública en general. Una petición nada gravosa, 20 milloncetes de nada, puede que nos bastasen 10, que serían una gota de agua en el océano presupuestario estatal.
Explicación de la falla: resulta que, como todos los otoños, el pasado 1 de octubre se publicó en el BOE el real decreto por el que se regula “la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para la Capitalidad Cultural de Barcelona”.
Como ya conté en otro Billete el año pasado, lo de la Capitalidad Cultural de Barcelona fue un invento que le compró Zapatero a Jordi Hereu en 2006, consistente en que Barcelona es una capital cultural permanente que debe ser regada con 20 millones de euros al año por parte del Estado. Por la patilla, al margen del sistema de financiación autonómica y local.
- Foto: DAVID ZORRAKINO / EP
Aunque Rajoy se cargó el invento en 2011 por la crisis y los recortes, en 2020 lo rescató Sánchez, con Ada Colau de alcaldesa, siendo ministro de Cultura el valenciano de Mislata José Manuel Rodríguez Uribes. Y hasta hoy, 20 millones al año.
A riesgo de poner los dientes largos a los gestores culturales valencianos, tanto públicos como privados, y de elevar la tensión a Nicolás Bugeda, gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, que se sube por las paredes cada vez que le menciono este tema —"publícalo, Javier, publícalo"—, es necesario entrar al detalle con algunos ejemplos de cómo se reparten esos 20 millones en el año 2026.
Así, la Fundació Joan Miró, que es privada, recibe 700.000 euros “para una nueva presentación de su colección”, un ciclo dedicado a “prácticas artísticas y curatoriales emergentes” y una exposición. Esta fundación ya recibe por otro lado 500.000 euros del Ministerio “para gastos de funcionamiento”.
A la Fundación Antoni Tàpies, también privada, le llueven 600.000 euros para “actividades del programa expositivo y de publicaciones del Museu Tàpies”. Esta fundación también recibió en julio 300.000 euros del Ministerio “para gastos de funcionamiento”.
Al Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, 750.000 euros para cuatro exposiciones y otros 650.000 para actuaciones en la cubierta e impermeabilizaciones, porque también subvencionamos la reparación de goteras. Y no solo en edificios públicos: la Fundación privada Joan Brossa recibe 20.000 euros para obras en la cubierta, además de los 200.000 que le caen para actividades varias.
Al Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 500.000 euros para dos exposiciones. A la Fundació privada BCD per a la Promoció del Disseny Industrial, 400.000 euros para cuatro programas…
Para no cansar al lector, aquí está la relación completa de los agraciados.
- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
- Foto: DAVID ZORRAKINO / EP
Se preguntará el lector si para el resto de entidades españolas no hay nada. Pues sí, las migajas de otro real decreto aprobado en julio, donde el ministerio que dirige el catalán Ernest Urtasun reparte 23,6 millones para el período 2026-2029.
Un reparto nada equitativo, porque de esos 23,6 millones, la Agència Catalana del Patrimoni Cultural se lleva nada menos que 10,3 millones para un proyecto de restauración y el podio lo completan dos ayuntamientos catalanes que suman 2,5 millones más. Los 10 millones restantes se los reparten 81 entidades públicas y privadas, la gran mayoría catalanas. En total, 18,4 de los 23,6 millones van para Cataluña. Sumados a los 20 de Barcelona, nuestros vecinos llorones reciben 38,4 millones del Estado para sus actividades culturales.
Uno lee esto en el BOE y se acuerda de la Fundación Bancaja, la Fundación Chirivella Soriano, la Fundación Libertas 7 (Museo L’Iber), el Centro de Arte Hortensia Herrero, la Fundación Miquel Navarro o la malograda Fundació Per Amor a l’Art, que igual habría sobrevivido con esos cientos de miles de euros que reciben cada año fundaciones privadas de Barcelona.
Y también, en el ámbito público, del IVAM, del Muvim, del CCCC, de las goteras del Palau de la Música, de la necesaria rehabilitación del Teatro Principal, del Espai Valdés y del museo Sorolla, que nos va a costar un riñón. De tantas cosas que nos pagamos a pulmón los valencianos sin ayuda de nadie, sea porque no sabemos movernos en los despachos o porque ni siquiera la pedimos.
El Museo de Bellas Artes de Valencia, de titularidad estatal, anda mendigando a Urtasun la reurbanización de sus alrededores, un proyecto de 2018 que aún no se ha ejecutado. Puede que no cueste ni un millón de euros, lejos de los 13 millones que el Ministerio ha invertido en la ampliación del Museo Sorolla de Madrid y de los 33 que va a poner para la ampliación del MNAC en Barcelona.
Mientras, nuestro paisano Arcadi España ha anunciado que el Ministerio de Hacienda invertirá 90 millones en un nuevo museo Thyssen, sin duda imprescindible porque en Madrid faltan museos. Será para poder explicarnos de primera mano lo que es el efecto capitalidad.
PS: Óscar Puente cree que no debe dimitir porque el accidente lo provocó un error humano. El accidente del metro de València lo provocó un error humano y los responsables políticos de entonces también tuvieron la poca vergüenza de no dimitir.
