VALÈNCIA. En su empeño por reducir la carga burocrática en la administración valenciana, a finales de diciembre del pasado año, la Generalitat aprobó un segundo plan de simplificación con nuevas medidas para aligerar la tramitación y los procedimientos. Una de las modificaciones que plantea este nuevo decreto-ley es una profunda revisión de la regulación de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA), una figura que permite agilizar aquellas iniciativas empresariales con gran impacto en la región. La nueva norma da más peso al Consell para otorgar a una iniciativa esta consideración y, a su vez, permite al gobierno autonómico declararla aunque sea contraria al planeamiento municipal. Incluso este tipo de actuaciones se podrán desarrollar en suelo protegido, una cuestión que también incluye la nueva Ley de Suelo, actualmente en tramitación.

Este decreto-ley fue ratificado el pasado jueves en Les Corts Valencianes con los votos de PP y Vox, aunque se tramitará en proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan hacer enmiendas. Con esta reforma, el gobierno valenciano busca acelerar la implantación de proyectos considerados estratégicos, reforzando el poder del Consell frente a los ayuntamientos y flexibilizando las limitaciones urbanísticas, incluso en determinados tipos de suelo protegido.

Cabe recordar que los PIA son un instrumento creado en el primer plan de simplificación administrativa del Consell para sustituir a los Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES) y Proyectos Territoriales Estratégicos (PTE) del Botànic de Ximo Puig. Para poder ser declarados como tal, se exige una serie de requisitos como una inversión mínima de 50 millones de euros en activos productivos y 200 empleos. Eso sí, solo serán admisibles para usos de carácter terciario, industrial o logístico y, en el caso de las instalaciones energéticas, la inversión tendrá que ser como mínimo, de 75 millones de euros. 

A través de esta figura ya se han beneficiado grandes inversiones como la multinacional Edwards Lifesciences, que ha elegido el municipio valenciano de Moncada para su sexta fábrica mundial de fabricación de válvulas cardíacas. Unas instalaciones, cuyas obras avanzan a buen ritmo, con el objetivo de arrancar la producción en 2027. La planta contará con una inversión de 150 millones y generará cerca de 1.200 empleos directos.

Ahora, el Consell justifica la necesidad de modificar esta herramienta ante "la conveniencia de ajustar la secuencia procedimental" tras "la experiencia adquirida en su aplicación", señala el texto.

De este modo, en la regulación vigente, se exigía que los promotores obtuvieran previamente las licencias urbanísticas y ambientales correspondientes antes de que el Consell pudiera declarar un proyecto de interés autonómico. No obstante, para la Generalitat este orden "priva al Consell de la capacidad de impulso que le es propia", ya que deja su declaración en un segundo plano. Por tanto, la reforma actual plantea invertir esta secuencia y situar el acuerdo del Consell como primer paso del proceso. Además, será este último el que determine qué ventajas le son aplicables, así como tramitará las autorizaciones urbanísticas y ambientales "con carácter prioritario y plazos reducidos".

Se podrán declarar en suelo protegido

Pero, además, uno de los cambios más notables de esta reforma es el refuerzo del poder autonómico frente al de los ayuntamientos. Así, recoge que en los supuestos en los que un proyecto resulte incompatible con el planeamiento urbanístico municipal, el acuerdo del Consell podrá declarar "su compatibilidad directa e inmediata con independencia de la clase de suelo en la que se ubique". Es decir, se prioriza el criterio de la Administración autonómica que podrá imponerse al planeamiento municipal y, además, podrá permitir el desarrollo de una iniciativa de estas características en suelo no urbanizable e, incluso, en suelo protegido. De hecho, esta posibilidad ya se ha recogido en la nueva Ley de Suelo, que se tramita actualmente y que incluye un capítulo dedicado a la regulación de esta figura.

Eso sí, no se podrá acometer un proyecto en los espacios integrados en la Red Natura 2000, que quedan expresamente excluidos de esta posibilidad, de acuerdo con el decreto-ley. En estos casos, los ayuntamientos "deberán adaptar su planeamiento urbanístico una vez autorizado el proyecto", y no como condición previa para su implantación, por lo que esta modificación permite que proyectos estratégicos se impongan sobre la planificación municipal vigente, otorgando mayor poder de decisión a la Administración autonómica.

Desde la Abogacía de la Generalitat Valenciana, en su informe jurídico sobre el Plan Simplifica II, critican esta decisión, ya que advierte de que esta previsión choca con la normativa europea y estatal básica de protección de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. En concreto, recuerdan que el artículo 6.2 de la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies protegidas.

Pero, además, el informe señala que, incluso aun cuando no estén incluidos en la citada Red Natura 2000, se considera que, en todo caso, la previsión de la implantación de los PIA en suelo no urbanizable protegido "entra en claro conflicto" con el principio de no regresión en materia de protección ambiental, que recogen sentencias del Tribunal Supremo.