VALÈNCIA. Tres de los acusados en el último juicio del caso Cooperación que se celebra este lunes han alcanzado una conformidad con la Fiscalía por la que admiten su participación en los hechos y aceptan penas de alrededor de un año de prisión. Se trata del empresario Augusto César Tauroni –un año y tres meses–, la que fuera secretaria general de la Conselleria de Cooperación Tina Sanjuán y el exjefe de servicio de informática Javier Mucia (un año cada uno). El exconseller Rafael Blasco, por su parte, ha rechazado pactar, por lo que el juicio sigue adelante. Anticorrupción reclamaba provisionalmente para él dos años y ocho meses de cárcel.

Esta pieza de la causa, la quinta, se engloba dentro del desvío de fondos de las ayudas al Tercer Mundo y es la relativa a las presuntas irregularidades en contratos informáticos entre 2008 y 2011. Según la investigación, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Éstos, de acuerdo con las indagaciones, fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían de intermediarias y que luego subcontrataban con las firmas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

El pasado marzo, la primera sesión del juicio quedó suspendida después de que uno de los acusados, Javier Murcia, sufriera un infarto. Hoy, su letrado ha solicitado al tribunal que se leyera la conformidad y se le permitiera ausentarse del juicio debido a su delicado estado de salud. Tras no oponerse ninguna de las partes a esta solicitud, el tribunal la ha reproducido y, en su turno de palabra, el acusado ha dado las gracias a la jueza y a los forenses por la atención que recibió en la Sala cuando se sintió indispuesto.

Seguidamente, el fiscal ha avanzado que también había llegado a un acuerdo con Sanjuán y Tauroni, de manera que los tres reconocen el amaño en contratos de informática de la extinta Conselleria de Solidaridad. 

El abogado de Blasco ha pedido que declare al final de la vista, además de solicitar la nulidad de proceso por vulneración de derechos fundamentales de su cliente. El fiscal se ha opuesto a esto último, al igual que el resto de las acusaciones. El juicio se retomará el próximo 18 de junio con las declaraciones de varios testigos y peritos. 

El Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó a Tauroni a Sanjuán a la misma pena de seis años.

Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con los populares, Blasco adjudicó contratos al empresario, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.