VALÈNCIA. La alcaldesa de València, María José Catalá, pasa la pelota y pide abiertamente que sea el Gobierno de España quien habilite el marco legal para que los ayuntamientos puedan implantar una tasa turística. La primera edil verbalizó este lunes que este debate se aborde a través de una reforma de la Ley de Haciendas Locales en el marco de la reclamación de una nueva financiación local, esquivando requerir al Consell que recupere la normativa autonómica que permitía crear este tributo y que fue derogada al inicio de la legislatura.

Catalá realizó estas declaraciones durante la presentación en la ciudad de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, una alianza que agrupa a siete grandes ciudades españolas para coordinar precisamente estrategias para conseguir un equilibrio ante los retos que plantea la presión turística en entornos urbanos.

Preguntada sobre si la tasa turística puede ser una herramienta para ayudar a la sostenibilidad del turismo en la ciudad, la alcaldesa reconoció que "es una herramienta, pero hay otras" y señaló que la postura del Ayuntamiento de València es que este gravamen se debería en todo caso, articular a través de la reforma de la Ley de Haciendas Locales "para que, en el contexto de la nueva financiación local que todos estamos reclamando, se analice una figura que pueda permitir la libertad oportuna a los destinos urbanos de poder establecer un tipo tributario”.

La alcaldesa insistió en que el consistorio no se ha negado al debate sobre la tasa turística, pero sí a abordarlo en las condiciones en que se planteó en el pasado. “No nos hemos negado nunca a este debate; nos hemos negado a abordarlo sin consenso con el sector y en el contexto post covid y post dana”, afirmó. En este sentido, subrayó que cualquier figura fiscal ligada al turismo debería plantearse “de la mano del sector” y solo se aplicaría si existe acuerdo con los operadores turísticos, que serían quienes actuarían como recaudadores del gravamen que se cobraría a los visitantes.

Un debate en plena presión turística por las Fallas

Las palabras de Catalá se producen además en plenas Fallas, uno de los momentos del año en los que la presión turística sobre la ciudad alcanza su punto máximo. Durante estos días, el debate sobre la conveniencia de implantar una tasa turística está muy presente en la calle ante los problemas de limpieza, movilidad o saturación del transporte público derivados de la llegada de miles de visitantes. No en vano, solo el dispositivo extraordinario de limpieza desplegado durante las Fallas supera los tres millones de euros de presupuesto, una factura que en la actualidad se sufraga con los impuestos de los vecinos.

Catalá reconoció el contexto de presión sobre los servicios públicos municipales. “La presentación de esta red en plenas Fallas, que me consta que los servicios municipales están tensionados, es una forma de expresar que sabemos que es un momento de mucha presión”, explicó. “No hay que rehuir estos debates ni los momentos difíciles; hay que abordar estas estrategias en los momentos que más tensión tenemos, pero lejos de un planteamiento de turismofobia”.

Evita pedir la tasa al Consell

Con la propuesta de reformar la Ley de Haciendas Locales, Catalá desplaza el foco del debate desde la administración autonómica al Ejecutivo central. Cabe recordar que el Consell de Carlos Mazón derogó al inicio de la legislatura la ley que permitía a los municipios valencianos implantar una tasa turística voluntaria, una decisión que contó también con el voto favorable de la propia Catalá como diputada en Les Corts.

Ahora, el actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya ha reiterado la oposición del gobierno valenciano a recuperar este tipo de gravamen. En ese contexto, la alcaldesa ha optado por situar la posible habilitación legal en el ámbito estatal. Se trata además de una posición que comparten otros consistorios de grandes ciudades turísticas como Málaga, que también han planteado que la tasa se articule a través de un cambio en la normativa estatal sobre financiación local. El propio gobierno municipal valenciano ya había deslizado esta posición en el último pleno del Ayuntamiento a través de la concejala de Turismo, Paula Llobet, aunque fue este lunes cuando la alcaldesa la verbalizó de forma directa.

Precedente de impuestos "compensatorios"

La vía planteada por Catalá tiene precedentes recientes en la política fiscal estatal. El Gobierno central ha aplicado en otras ocasiones tributos de carácter "compensatorio" o de "cierre" para neutralizar la decisión de aquellas comunidades autónomas contrarias a cobrarlos o que han decidido bonificarlos. Un ejemplo es el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), diseñado específicamente para actuar como un suelo fiscal obligatorio en todo el territorio nacional; este tributo estatal grava los patrimonios netos superiores a 3,7 millones de euros. Al permitir que el contribuyente deduzca lo ya pagado por el Impuesto sobre el Patrimonio autonómico, el ITSGF solo genera una factura real en aquellas regiones que han suprimido o bonificado su impuesto propio, asegurando así una tributación mínima que la autonomía no puede eludir.

Bajo esta misma lógica, el Gobierno podría reformar la Ley de Haciendas Locales para habilitar directamente a los ayuntamientos a aplicar un gravamen a las pernoctaciones; de este modo, se crearía un marco legal nacional que facultaría a los municipios de comunidades autónomas cuyos gobiernos regionales han rechazado legislar una tasa turística para cobrarla por su cuenta -como es el caso de la Comunitat Valenciana- garantizando que la soberanía fiscal local no quede bloqueada por la decisión de su ejecutivo autonómico.