VALÈNCIA. El gobierno de María José Catalá ha adjudicado desde enero de 2025 hasta finales de agosto un total de 1.242 contratos menores por valor de casi 7 millones de euros, unos datos que igualan las cifras de contratación sin publicidad del ejecutivo de Joan Ribó en 2022 y que suponen un aumento de más de un 13% respecto al mismo período del 2024.
El contrato menor es una herramienta prevista en la Ley de Contratos del Sector Público que permite a las administraciones adjudicar servicios, suministros u obras de forma directa, sin necesidad de concurso ni procedimiento abierto. Solo puede emplearse para necesidades de escasa cuantía —hasta 15.000 euros en servicios y suministros y 40.000 euros en obras— y su finalidad es agilizar la gestión administrativa. Sin embargo, su uso ‘excesivo’ ha generado debate, al considerarse una fórmula que limita la competencia y la transparencia.
Durante la anterior legislatura, la actual alcaldesa, entonces en la oposición, fue muy crítica con esta vía de contratación y acusó en varias ocasiones al gobierno de Compromís y PSPV de “abusar” de los contratos menores. Sin embargo, las cifras en lo que va de año muestran un comportamiento muy similar al de los años que cuestionaba.
Entre enero y agosto de 2025, el consistorio ha adjudicado 1.242 contratos menores por valor de 6,93 millones de euros. Son prácticamente las mismas cifras que en el mismo periodo de 2022, cuando con Ribó como alcalde se firmaron 1.241 contratos por 6,9 millones. El gobierno de PP y Vox los supera por la mínima: un contrato más y algo más de 30.000 euros adicionales de importe.
En comparación con 2024, primer ejercicio completo del mandato de Catalá, se aprecia un repunte respecto al mismo período enero-agosto: entonces fueron 1.159 contratos por 6,1 millones. Es decir, que el consistorio ha adjudicado este año un 7,2% más que el año pasado en número de contratos y también ha crecido su importe, en concreto, un 13,6%. Respecto a 2023, año ‘mixto’ en el que se produjo el relevo de gobierno en junio, los datos fueron más bajos en el período enero-agosto: 1.044 contratos por 5,95 millones, lo que supone que se adjudicaron por esta vía 202 contratos menos que este año y casi un millón de euros menos.
Aunque el análisis comparativo de contratos menores se centra en el período enero-agosto de cada año —para equiparar datos entre 2025, 2024, 2023 y 2022—, es importante tener en cuenta el contexto post-Dana. Y es que tras la riada, todas las administraciones aumentaron el uso de la adjudicación directa para acometer de manera urgente obras y reparaciones. El siguiente gráfico refleja un repunte significativo de los contratos menores en noviembre y diciembre de 2024. En esos dos meses se adjudicaron más de dos millones de euros cada mes en contratos sin concurso público, un volumen que supera con creces la media habitual.
Ahora es Compromís quien denuncia un uso abusivo de los contratos menores por parte del gobierno de Catalá. La concejala Lluïsa Notario reprocha a Catalá que “lo que antes criticaba con dureza desde la oposición, ahora lo ha convertido en su forma habitual de gobernar: contratos a dedo, sin concurrencia y sin planificación. Es un abuso y una contradicción que deja en evidencia su falta de credibilidad”.
Notario ha afeado que solo en agosto de 2025 se formalizaron 157 contratos menores por un importe de 976.869 euros, frente a los 51 contratos por 440.524 euros del mismo mes de 2023. Según Notario, casi un 10 % de los contratos adjudicados en agosto estaban cerca del máximo legal permitido, contratos que, considera, “podrían haberse licitado mediante procedimiento abierto”. “Con un procedimiento abierto, cualquier empresa tendría la oportunidad de presentarse y competir en igualdad de condiciones. Pero Catalá prefiere la adjudicación directa, demostrando incapacidad, falta de proyecto y nula planificación. Gobiernan a golpe de ocurrencia, sin un modelo claro de ciudad”, sostiene la edil de Compromís.
