VALÈNCIA. En el actual contexto de crisis de la vivienda con un mercado del alquiler tensionado, con precios que en la ciudad de València rozan ya los 1.600 euros mensuales de media, la falta de oferta aparece como uno de los argumentos más recurrentes para explicar esta escalada. Más allá de la construcción de nuevas viviendas, en este debate las viviendas vacías suelen entrar siempre en la ecuación. Pero, ¿cuántas viviendas vacías puede haber realmente en una ciudad como València?
Lo cierto es que las cifras varían según el indicador empleado, ya que no todas las viviendas sin personas empadronadas están deshabitadas ‘de facto’. La propia alcaldesa de València, María José Catalá, cifraba hace un año en unos 37.000 los inmuebles que podrían estar vacíos en el Cap i Casal.
Más de 11.200 viviendas de la ciudad no consumen agua
En este escenario, uno de los métodos más fiables para aproximarse a esta realidad es el análisis del consumo de suministros básicos, en particular el agua. Atendiendo a este criterio, los datos que maneja el consistorio a través de Emivasa —la empresa mixta participada por el Ayuntamiento y encargada del suministro de agua potable en la ciudad— revelan que en 2025 un total de 939 viviendas no registraron ningún consumo en todo el año, mientras que alrededor de 10.300 apenas alcanzaron el metro cúbico anual, un nivel considerado incompatible con un uso residencial, ya que el consumo habitual de una sola persona a la semana en suministros básicos superaría esa cifra. En conjunto, más de 11.200 inmuebles presentan indicios de encontrarse vacíos en la ciudad.
Estas cifras no implican que todas estas viviendas reúnan las condiciones necesarias para incorporarse de forma inmediata al mercado del alquiler, pero sí permiten trazar una radiografía aproximada de la magnitud de la vivienda desocupada, un fenómeno al que las administraciones públicas empiezan a mirar.
- Imagen de archivo de una manifestación por el derecho a la vivienda. -
- Foto: EVA MÁÑEZ
Agencia municipal de alquiler
Precisamente, la movilización de este parque potencial es uno de los objetivos que el gobierno municipal ha señalado querer atender. Para ello, ha anunciado la creación de una agencia municipal de alquiler como el instrumento para tratar de incorporar parte de estas viviendas al mercado.
Para ello, la citada agencia, que gestionará la empresa pública Aumsa y contará con una dotación inicial de 300.000 euros, se basa en actuar como intermediaria entre propietarios e inquilinos: el Ayuntamiento garantizará el cobro de las rentas —asumiendo el riesgo de impago— a cambio de que los propietarios saquen sus viviendas con precios por debajo de mercado, con rebajas que pueden alcanzar en torno al 20% y con contratos con una duración prevista de cinco años.
Para ello, el consistorio prevé incluso la firma de convenios con aseguradoras que cubran estos riesgos. Está medida irá principalmente enfocada a colectivos con dificultades de acceso al alquiler como los jóvenes o las familias con rentas ajustadas.
