VALÈNCIA. La auditoría del sector público local también detecta irregularidades relevantes en varios contratos de patrocinio suscritos por la Fundación València Activa durante 2024, cuando la entidad estaba dirigida por el concejal Juanma Badenas (Vox), y que se corresponden con algunos de los expedientes que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

La auditoría describe un conjunto de irregularidades entre los que se incluyen pagos sin evidencia de la prestación realizada, patrocinios fuera del objeto fundacional, contratos utilizados para encubrir subvenciones, recurso injustificado al contrato menor, falta de concurrencia real entre ofertas o el abono de honorarios al asesor jurídico sin cobertura contractual.

El informe recoge que la propia Fundación comunicó la existencia de la investigación abierta por la Fiscalía sobre varios contratos tramitados entre 2021 y 2024, lo que motivó que estos expedientes no hayan sido objeto de análisis. Estos contratos se corresponderían con la primera tanda de denuncias presentada por la oposición, en la que se aportaron tres expedientes al Ministerio Público.

No obstante, los auditores sí examinaron cuatro de cinco contratos menores de patrocinio formalizados en 2024, por un importe conjunto de 53.016 euros más IVA, en los que se han encontrado deficiencias de carácter estructural. Entre estos expedientes sí se encuentran varios de los contratos que el PSPV aportó a la Fiscalía en una ampliación de la denuncia a Badenas.

Contratos alejados de los fines de València Activa

En todos ellos, el informe de necesidad justifica el gasto por la voluntad de “tener un alcance mayor, pero en lugar de ser a nivel de Valencia ciudad, darlos a conocer a nivel nacional e internacional”. Sin embargo, los auditores recuerdan que, de acuerdo con los estatutos de la Fundación, su objeto es “promover el empleo, la formación, el emprendimiento y el desarrollo económico local” y que su ámbito de actuación coincide “preferentemente con el término municipal de la ciudad de Valencia”. Por ello, concluyen que “la finalidad que se pretende con estos patrocinios no es acorde a los fines institucionales de la Entidad”.

Además, la auditoría advierte de incumplimientos reiterados del manual de compras y pagos, ya que los informes de necesidad y la conformidad de las facturas los firmó el subdirector de Emprendimiento, Rafael Gimeno, cuando dichas funciones corresponden al personal técnico y a la Dirección-Gerencia. A ello se suma -apunta el informe de auditoría- que no consta en ninguno de los expedientes "una valoración económica del retorno de la inversión que el contrato tiene para la imagen de marca de la Fundación ni la acreditación de la equivalencia de prestaciones", exigidas por la normativa municipal.

Tampoco se aporta la información necesaria para distinguir un patrocinio de una subvención, ya que “en ninguno de los contratos analizados el patrocinado ha proporcionado […] una descripción del presupuesto de la actividad que se patrocina, sino únicamente el precio del contrato que debe abonar la Fundación”.

Eventos financiados sin pruebas ni retorno

Entre los expedientes revisados figura el patrocinio de un evento sobre la inserción laboral de deportistas de élite, por 12.000 euros más IVA, en el que, pese a incluir campañas institucionales de publicidad, “no se detalla con más precisión en qué consisten dichas campañas […] y no hemos podido obtener evidencia de su realización”.

También se analizó el contrato de patrocinio por 11.000 euros más IVA de Negocios TV (del entramado empresarial de Julen Ariza), la auditoría concluye que “no hay detalle de qué acciones de empleo y emprendimiento se van a realizar ni de cuáles son las actuaciones concretas de difusión del patrocinador” y que tampoco se ha obtenido “evidencia documental de la realización de ninguna de las dos cosas”.

En el caso del contrato suscrito con Toro TV que corresponde al patrocinio de un evento de empleo y emprendimiento para mayores de 45 años, por 13.950 euros más IVA, los auditores detectan que la factura se emitió por un concepto distinto al objeto del contrato y que no se ha obtenido "ningún tipo de evidencia de en qué ha consistido el evento y qué acciones se han hecho para difundir la imagen de la Fundación”.

La auditoría también pone el foco en un contrato menor de 13.950 euros más IVA adjudicado a una empresa de comunicación para la difusión nacional e internacional de un evento sobre responsabilidad penal en la empresa, en el que los auditores detectan irregularidades adicionales a las ya señaladas en otros expedientes. En este caso, el propio informe de necesidad reconoce que el servicio debería haberse incluido en la licitación de medios que estaba en tramitación, pero se recurrió al contrato menor alegando urgencia.

Contratos menores sin justificar y sin concurrencia efectiva

Frente a ello, la auditoría concluye de forma expresa: “no consideramos que un servicio de difusión sea imprescindible para la continuidad de los servicios que presta la Fundación”, por lo que el contrato no debió tramitarse como menor y tendría que haberse adjudicado mediante un procedimiento ordinario que garantizara la publicidad y la concurrencia. Por último, los auditores cuestionan la concurrencia efectiva, ya que, aunque se incorporan dos ofertas, una de ellas procede de un periodista vinculado al medio de comunicación de la empresa finalmente adjudicataria, lo que pone en duda la independencia real de las propuestas presentadas.

El asesor jurídico: pagos sin contrato y premio en la liquidación

La auditoría también pone el foco en la relación de la Fundación València Activa con su asesor jurídico, Luis Ignacio Sierra, quien compareció públicamente junto a Badenas en la rueda de prensa en la que el entonces edil de Empleo trató de defenderse de las acusaciones de presunto amaño de contratos. El informe señala que la entidad abonó 9.523 euros en 2024 por este servicio pese a que el contrato que lo amparaba había expirado en febrero de ese mismo año.

Según recoge el documento, la Fundación continuó pagando estos honorarios sin contrato en vigor y además lo hizo con importes un 15% superiores a los del contrato vencido. En las propias facturas, el asesor indicaba que se trataba de un servicio “por el tiempo imprescindible hasta la licitación y adjudicación del nuevo contrato”, una licitación que, según la auditoría, nunca llegó a iniciarse. El informe añade que este mismo asesor fue designado, en junio de 2025, como liquidador de la Fundación, sin que conste tampoco un procedimiento de licitación ni el importe de sus honorarios por esta nueva tarea. Un hecho por el que la oposición ha preguntado reiteradamente y que llevó a la concejalía que ahora dirige José Gosálbez a reconocer que Sierra percibirá una retribución equivalente al sueldo de gerente mientras duren los trabajos de liquidación.