VALÈNCIA. El gobierno municipal de València que dirige la alcaldesa María José Catalá rechazó este lunes la última propuesta lanzada desde la oposición (PSPV y Compromís) para alcanzar un acuerdo sobre la Zona de Bajas Emisiones que la ciudad debería tener implantada al comenzar 2026. Algo que no ocurrirá. Tanto PP como Vox rechazaron debatir en el pleno municipal la moción urgente del bloque de izquierdas que proponía flexibilizar los plazos para la implantación de las restricciones de acceso a los vehículos más contaminantes a cambio de ampliar el estacionamiento regulado (ORA) para residentes en toda la ciudad.

El concejal de Movilidad de València, el popular Jesús Carbonell, afeó que la propuesta de la oposición fijara como condición la ampliación de las plazas de ORA para residentes mientras que los ediles de la oposición Giuseppe Grezzi (Compromís y PSPV) recordaron que es una forma de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones flexibilizando el calendario y centraron sus intervenciones en recordar las deficiencias destacadas por la Sindicatura de Comptes sobre la Zona de Bajas Emisiones planteada por los populares en el Cap i Casal.

Finalmente, PP y Vox votaron en contra de la urgencia de la moción, con lo que no se llegó ni a votar, de manera que la ciudad se acerca a la fecha límite (31 de diciembre) sin contar con su ordenanza por la falta de acuerdo entre los populares y el resto de fuerzas del hemiciclo, tampoco con sus socios de gobierno, el partido de Santiago Abascal, cuyo portavoz ni siquiera intervino. Una situación que arroja al Ayuntamiento a perder ayudas estatales y subir los bonos de transporte e incluso a sufrir una sanción por parte del Ministerio de Transportes.

La moción acordada entre Compromís y PSPV, que han hecho frente común en esta cuestión, proponía una ZBE de ámbito municipal, aplicable a toda la ciudad y restringir progresivamente la circulación de los vehículos sin distintivo ambiental A -los más contaminantes con entrada prohibida desde el 1 de enero de 2026 para los de fuera de la provincia, desde el 1 de julio para los de fuera de la ciudad y desde el 1 de enero de 2027 para los residentes, habilitando en 2026 una línea municipal de ayudas para estos últimos. Asimismo, proponía aplicar restricciones a los vehículos con etiqueta B desde el 1 de enero de 2027 para los de fuera de la provincia y desde el 1 de enero de 2028 para los de fuera de la ciudad.

Por otro lado, la moción incluía el establecimiento de ayudas y exenciones para las unidades familiares más vulnerables en función del IPREM; fijar un régimen transitorio para las actividades económicas; contemplar exenciones para personas con movilidad reducida y para servicios esenciales; e implantar en 2027 zonas de estacionamiento para residentes en todos los barrios con al menos el 55% de las plazas reservadas y eximir del pago de la tarifa de residente a las familias más vulnerables.

El texto advertía de que la ciudad se encuentra en una “situación decisiva” ante la necesidad de aprobar una ordenanza efectiva y recordaba que, si no se aprueba en las próximas semanas, València “puede llegar a perder alrededor de 150 millones de euros procedentes de programas europeos vinculados a la movilidad sostenible”, además de enfrentarse a sanciones y a la pérdida de las bonificaciones al transporte público, lo cual supondría “un grave perjuicio para el presupuesto municipal, para el desarrollo de proyectos estratégicos para la ciudad y para el conjunto de la ciudadanía”.

El documento cargaba de forma directa contra el gobierno municipal del Partido Popular y su pacto con Vox, a quienes responsabiliza del bloqueo de la ZBE. Según la moción, “la falta de acuerdo del gobierno municipal formado por el Partido Popular y los negacionistas del cambio climático de Vox aboca a la ciudad a un futuro incierto”, y señalaba que la alcaldesa “está poniendo en riesgo tanto la seguridad jurídica como la credibilidad institucional de València”. Además, sostenía que, desde el inicio del actual mandato, “las cifras indican un incremento del tráfico motorizado y de la contaminación”, revirtiendo la tendencia de reducción lograda en los años anteriores.

El concejal de Movilidad señaló que se trataba de una moción "meramente política" y que de su aprobación "no se derivaría ninguna consecuencia jurídica" porque, dijo, supondría cambios sustanciales en la ordenanza ya tramitada por el gobierno local y "no se puede empezar a tramitar desde cero". Así, justificó su negativa a debatirlo o incluso a plantear una moción alternativa en el hecho de que se mantenga como condición la ampliación de la ORA para residente aunque la oposición haya retirado de sus exigencias las propuestas sobre la calle Colón o el Corredor Verde en el Bulevar García Lorca.

Cabe recordar que uno de los principales puntos de desencuentro era precisamente que entre los requisitos que pedía la oposición para sacar adelante la Zona de Bajas Emisiones estaba la pacificación del tráfico de la calle Colón o la garantía de que en el futuro bulevar García Lorca no se incluirían carriles para el tráfico rodado, dos condiciones que para los populares suponían un escollo ya que no se trataba de requisitos que según el gobierno de Catalá pudiesen incorporarse al texto de la ordenanza. Superados estos dos obstáculos, los populares afean que se mantenga el de la ORA.

En ese sentido, la edil socialista María Pérez aseguró que la propuesta del establecimiento regulado se debe a que la UPV "demostró que tenía tan buenos resultados o mejores que la restricción de acceso a la ciudad". "Entendimos que si la restricción de acceso a la ciudad le generaba problemas para alcanzar un acuerdo, el aparcamiento era calve para llegar a ese acuerdo", apuntó la concejala, según la cual este punto era una manera de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones flexibilizando el calendario. "¿Qué excusa les queda más que su veto nunca fue técnico sino político?", le ha preguntado la socialista.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, insistió en que su voluntad ha sido la de "llegar a un punto de acuerdo" y de ahí la moción. "Tiene una propuesta que se acerca bastante a lo que quería, flexibilizar calendarios y su aplicación", señaló Robles, para quien el motivo del rechazo es que "Catalá no quiere escuchar hablar de la ZBE porque si no Vox se irá y se acabará el poder aquí y en la Generalitat". "Ante un gobierno tan irresponsable, le hacemos una propuesta de acuerdo", insistió la portavoz. El edil Giuseppe Grezzi instó a Cabronell a "demostrar que su partido quiere una ZBE y que quiere proteger la vida de las personas". Finalmente el voto de PP y Vox fue negativo.

Esta falta de acuerdo deja a València como la única gran ciudad de España que no contará con una Zona de Bajas Emisiones, un hecho que puede comportar no solo una millonaria pérdida de fondos dependiendo de la sanción que decida aplicar el Ministerio de Transportes, sino la imposibilidad de concurrir a futuras convocatorias de fondos europeos que requieran contar con una ZBE como condición. 

A pesar de no haberse alcanzado un acuerdo para hacer efectiva la ZBE, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha las más de 270 cámaras preparadas para este entorno y financiadas con parte de los 57,8 millones de fondos europeos asociados a la ZBE. Al no haberse aprobado el régimen sancionador, el uso de esas cámaras no implica la imposición de multas y simplemente servirá por el momento para "monitorizar el paso de los vehículos que circulan por cada punto de control e identificar sus etiquetas, tipología y lugar de procedencia" con el objetivo de "elaborar estudios estadísticos" con "patrones de movilidad y estudiar la evolución del parque móvil".