VALÈNCIA. Primera consecuencia directa para el Ayuntamiento de València por no haber aprobado a tiempo la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Previsiblemente el Ministerio de Transportes retirará al consistorio las ayudas al transporte que permitían bonificar los billetes de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y que suponía una reducción de las tarifas del 50% en el bono joven, un 100% en el tramo infantil y un 40% en el resto de títulos. Ante ello, el gobierno municipal que dirige María José Catalá ha anunciado que será el erario público municipal el que se haga cargo del agujero.

La alcaldesa ha asegurado este martes que "si el Gobierno cumple con su compromiso y publica el decreto y las condiciones son las que se han anunciado, el Ayuntamiento asumirá la parte del Gobierno que no venga financiada por no tener Zona de Bajas Emisiones". De esta manera, la falta de acuerdo sobre la implantación de la ZBE se traducirá en una factura que pagará el Ayuntamiento de València de su propio bolsillo.

En concreto, según ha dicho Catalá, el consistorio dedicará 14 millones de euros de los presupuestos municipales del año que viene para evitar que que los "vecinos y vecinas" de la ciudad vivan "un incremento del precio del transporte". Son 14 millones que salen de los impuestos de los vecinos de València y que se podrían haber destinado a otros fines si hubiese llegado la ayuda ministerial.

Preguntada por si habrá alguna dimisión dentro del gobierno municipal derivada de la no aprobación de la ZBE, Catalá ha respondido que esa cuestión debería plantearse "a los que han votado que no, a Vox, al PSPV y a Compromís".

Desde que Vox, el socio de los populares en el gobierno local, anunciara que no apoyaría ninguna Zona de Bajas Emisiones, la ordenanza impulsada por el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, no ha encontrado el apoyo de los grupos de izquierda -Compromís y PSPV- por ser esta demasiado laxa. De hecho, es de las más blandas de toda España porque, según ha reconocido el propio edil responsable, se ha decidido primar la protección de "los intereses económicos y sociales" de negocios y vecinos. Por su parte, la Sindicatura de Comptes veía "poco ambiciosos" sus objetivos.

Así pues, no han fructificado los contactos entre populares y Compromís y PSPV, que plantearon inicialmente vincular la aprobación de la ZBE de los populares a la pacificación de la calle Colón o la aprobación del Corredor Verde para el Bulevar García Lorca. El ejecutivo local rechazó estos requisitos al considerar que no tenían nada que ver con la propuesta de Zona de Bajas Emisiones por lo que finalmente los grupos de izquierda acabaron retirándolas en una moción urgente que presentaron al pleno de este lunes.

Con todo, la última propuesta tampoco fue suficiente y el ejecutivo local rechazó la urgencia de la misma. En el pleno, el concejal de Movilidad de València, el popular Jesús Carbonell, afeó que la propuesta de la oposición fijara como condición la ampliación de las plazas de ORA para residentes mientras que los ediles de la oposición Giuseppe Grezzi y María Pérez (Compromís y PSPV) recordaron que es una forma de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones -que la propuesta del PP no conseguía- al tiempo que se flexibilizaba el calendario. Un punto, este último, que reclamaban los populares.

Según la alcaldesa, "el PP ha hecho el esfuerzo por cambiar y hacer hasta tres versiones distintas de la ordenanza. Ha llevado una ordenanza en tiempo y forma. Ha votado a favor de la ordenanza", ha resaltado, para insistir en que "las responsabilidades las tendrán que asumir los que han hecho con su voto imposible tener una Zona de Bajas Emisiones". "Yo creo que algo ha quedado acreditado, es que el Partido Popular lo ha dado todo en esta negociación, ha intentado hasta el último minuto negociar con todos, y que ha habido una negativa de Vox por una cuestión de planteamiento y de la dirección nacional del partido, puro y duro, y de Compromís, del Partido Socialista, porque evidentemente no ha habido ninguna voluntad real de acercarse, de mejora", ha afirmado.

En ese sentido, la primera edil ha aseverado, respecto al pleno del lunes, que lo presentado por la oposición era una moción, no una ordenanza, y si se hubiese aprobado, de cualquier forma, "no hubiera habido una ordenanza antes del 31 de diciembre". "Una moción política es una declaración de intenciones políticas, no es una ordenanza. La única posibilidad real de tener una ordenanza era aprobar la ordenanza que habíamos tramitado", ha recalcado.

Así son las tarifas de la EMT

En la Junta de Gobierno Local del este martes se ha aprobado mantener durante primer semestre de 2026 las bonificaciones actuales a los títulos de la EMT, con cargo a los fondos propios municipales, y solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las ayudas directas al transporte de viajeros colectivo urbano para que el Ayuntamiento sea considerado como entidad beneficiaria. En concreto, continuará la gratuidad para la población infantil hasta los catorce años, a través del título EMT Infantil; el descuento del 50% sobre la tarifa general con EMT Jove, y el del 40% en el Bonobús, Bonobús Personalitzat y MoviEMT.

De esta manera, los menores de 30 podrán realizar viajes y transbordos ilimitados en la red por 12,50 euros mensuales con EMT Jove y el Bonobús, cuya tarifa es de 8,50 euros, se podrá adquirir por 5,10 euros. Por su parte, el Bonobús Personalitzat costará 4,10 euros para categoría general y 2,55 euros para la categoría especial (familias numerosas o monoparentales). Adicionalmente, se han aprobado los supuestos, requisitos sociales y procedimientos para la obtención de los títulos ya indicados en 2026 y de los siguientes: EMTambTu, Bono Oro, MovimEMT y Bono Mascota.

Posibles sanciones

De forma paralela a los descuentos al transporte, el Ministerio que dirige Óscar Puente ha advertido de posibles sanciones a los ayuntamientos considerados “incumplidores”, es decir, aquellos que hayan solicitado fondos europeos para implantar la ZBE y no la hayan activado antes del 31 de diciembre de 2025. Un escenario al que también se arriesga València. Tal y como ha venido informando Valencia Plaza, la factura total para la ciudad por no implantar la Zona de Bajas Emisiones podría alcanzar hasta los 150 millones de euros, entre ayudas perdidas y posibles penalizaciones.