VALÈNCIA. El acuerdo entre el Partido Popular y el PSPV para poder aprobar la Zona de Bajas Emisiones de València sigue lejos de alcanzarse. Las posturas de ambas formaciones continúan alejadas tras la última propuesta de los populares a los socialistas mientras el reloj corre en contra del equipo de gobierno, que tan solo cuenta con unas semanas de margen para lograr los apoyos que le permitan aprobar la ordenanza de ZBE que evite perder al Ayuntamiento hasta 135 millones de euros entre financiación europea y ayudas al transporte.

Cabe recordar que el cambio de postura de sus socios de gobierno de Vox -que en el último momento decidieron votar en contra en el pleno y tumbar la propuesta de ZBE- ha forzado al concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, a tener que negociar con el PSPV para intentar buscar sus votos, puesto que el Partido Popular ha descartado negociar siquiera con Compromís. 

Este mismo martes, la propia alcaldesa, María José Catalá, aseguraba “estar dispuestos a trabajar con todos los partidos de la corporación en un acuerdo. Hasta el último día, hasta el último minuto, vamos a pelearlo”. Unas declaraciones que la portavoz de Compromís, Papi Robles, desmentía asegurando que pese a ser “el principal partido de la oposición” no habían recibido ninguna propuesta del equipo de gobierno.

Es por ello que prácticamente la única opción para Carbonell es lograr los siete votos del Grupo Municipal Socialista, unos apoyos con lo que a día de hoy todavía no cuenta. Y es que la propuesta que Carbonell habría trasladado a los socialistas no cumple las exigencias del PSPV que han establecido como líneas rojas el avance en el calendario de sanciones; la inclusión de las etiquetas ‘B’ de vehículos de fuera de la ciudad en las multas; la ampliación del perímetro de la ZBE a toda la ciudad y que el PP garantice que no habrá tráfico rodado en el futuro bulevar García Lorca.

La oferta del PP al PSPV

Respecto al área de aplicación de la ZBE la propuesta que han trasladado los populares plantea ampliar el perímetro de la ZBE a todos los barrios de la ciudad pero dejando fuera rondas como la avenida Serrería. En cuanto al calendario de multas, el equipo de Catalá no está dispuesto en ningún caso a avanzar la aplicación de sanciones. Cabe recordar que tal y como está formulada actualmente la ZBE se empezaría multando a los vehículos etiqueta A de fuera de la provincia el 1 de enero de 2026, en enero de 2027 se sancionaría a los vehículos de fuera de la ciudad y no sería hasta 2028 cuando se empezaría a multar a los coches contaminantes de València.

Sobre la inclusión en las sanciones de las etiquetas B, los populares habrían propuesto que se pudiesen multar a partir de 2032 en el caso de los vehículos de fuera de la provincia y ya en 2033 comenzar a sancionar a los coches con etiqueta B de la provincia de València. Unos plazos que no solo trascienden esta legislatura sino que suponen aplicar las sanciones dentro de dos legislaturas y superado incluso el horizonte 2030 de reducción de emisiones. Respecto a la línea roja del Corredor Verde que plantea el PSPV, el equipo de gobierno considera que es -en palabras de la propia alcaldesa- “mezclar churras con merinas”. 

"Los socialistas mantenemos tendida la mano para seguir negociando. Lo que en ningún caso vamos a hacer es aceptar las propuestas negacionistas del PP y Vox. Si quiere el voto de los socialistas, debe proponer una ZBE que realmente mejore la calidad del aire”, ha manifestado la edil del PSPV, María Pérez.

Catalá intenta colocar el foco en el resto de partidos

Catalá se mostró este martes dispuesta a pelear "hasta el último día, hasta el último minuto", para lograr un acuerdo y poder sacar adelante la ZBE, que debe estar aprobada antes del 1 de enero. Sin embargo, la alcaldesa no ha dudado en intentar colocar en el resto de partidos que conforman el consistorio la responsabilidad en el caso de que el PP no logre aprobar la Zona de Bajas Emisiones y se pierdan los fondos. “Si València tiene que perder esos recursos de fondos europeos", por falta de consenso, ya se sabe "a quién se tienen que pedir explicaciones”, señaló.

Unas palabras que la oposición ha calificado de “irresponsables” y “lamentables”. La portavoz de Compromís afeo que “querer endosarle el muerto a los partidos que han votado en contra es indigno e impropio" de quien "quiere representar a todos los valencianos". "La única irresponsable del desbarajuste es ella. No sabe negociar un acuerdo de ciudad y quiere imponer una ZBE totalmente descafeinada que roza la ilegalidad por no estar concebida para reducir las emisiones”, añadió Robles.

Por su parte, la socialista María Pérez, remarcó que Catalá “tiene un grave problema sobre la mesa” puesto que si no aprueba la ZBE “se traducirá en un riesgo para la salud de los valencianos y en un perjuicio financiero para el Ayuntamiento”.

Con todo, el tiempo para alcanzar un acuerdo se agota. El Partido Popular apenas dispone de unas semanas para intentar sumar los apoyos del PSPV y poder aprobar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones antes del 31 de diciembre. A esa fecha límite hay que restarle el período vacacional y el plazo de exposición pública de quince días, además de la convocatoria de un pleno extraordinario para su votación. Un calendario ajustado que deja al equipo de Catalá con un margen cada vez más estrecho para cerrar un pacto que evite que València pierda los fondos europeos y las ayudas al transporte vinculadas a la ZBE.