VALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de València ha aprobado este martes inicialmente, en el pleno ordinario de febrero, la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad con los votos a favor del ejecutivo local que forman PP y Vox y el rechazo de los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE.

Antes de iniciarse el debate de este punto del orden del día, ha intervenido un representante de la @webmesura que ha hablado del "incremento del tráfico en la ciudad" y también de la contaminación, así como del "colapso" de la V-30 por el tráfico de vehículos hacia el puerto para expresar su preocupación por la calidad del aire en esta ciudad. Asimismo, ha propuesto crear una comisión para evaluar el impacto de la ZBE de València, que la ha considerado "mínima"; imponer aranceles al puerto por ser una fuente de contaminación atmosférica, y priorizar el aparcamiento para los vecinos.

Durante el debate, la edil del PSPV María Pérez ha indicado que la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones es una de las medidas que "debería ser clave para mejorar la salud de los valencianos", pero ha afirmado que la propuesta planteada por el PP, al frente de la Concejalía de Movilidad, "no responde a estos objetivos" porque "mejorar la calidad del aire no ha sido su principal motivación".

"Si realmente mejorar la calidad del aire fuera la motivación, no se presentaría una ordenanza que reconoce que en algunos barrios, como Olivereta y centro, no se cumplirá con los valores de la nueva directiva europea", ha dicho Pérez, que ha considerado que no se puede "estar satisfecho con un proyecto que desde su base predice que se va a incumplir con la normativa" y ha echado en falta "medidas ambiciosas" para regular el tráfico y frenar la contaminación.

La concejala ha asegurado que las propuestas hechas por los socialistas para la Zona de Bajas Emisiones "no son un capricho ni una obsesión" sino "una respuesta responsable para proteger la salud de los valencianos". "Porque de esto va la ZBE, de salud pública. Esto no es un debate de restricciones o incomodidades para algunos" porque "la contaminación afectada a la salud de todos", ha expuesto.

María Pérez ha lamentado así que la ordenanza que ha llegado al pleno sea una normativa "de mínimos" que "no aborda esa problemática con la urgencia que la ciudad necesita". Así, ha defendido las propuestas hechas por el PSPV para que esta ZBE fuera "para todos los barrios y no solo para algunos" y ha censurado que "se limite" porque eso supone "trasladar el problema a barrios periféricos como San Marcelino o San Isidro, que quedarán fuera del área regulada y se convertirán en aparcamientos improvisados".

"Urgencia del problema"

Igualmente, ha censurado el calendario establecido para la aplicación de la ZBE porque "tampoco refleja la urgencia del problema". "En otras ciudades la Zona de Bajas Emisiones está plenamente implementada y en Valencia se pretende retrasarla hasta 2028".

Desde Compromís, Giuseppe Grezzi ha apostado también por adoptar medidas para mejorar la calidad del aire y de vida y ha criticado que PP y Vox "no tienen ninguna intención de reducir los coches y la contaminación", al tiempo que ha censurado la "incapacidad" del ejecutivo municipal en "la gestión del tráfico --ha lamentado su "incremento"-- y de la salud de las personas".

Grezzi, exedil de Movilidad Sostenible, ha lamentado que el ejecutivo no haya "aceptado ninguna enmienda de los grupos de la oposición" sobre la ZBE y ha calificado a sus miembros de "sectarios, clasistas y negacionistas", a la vez que ha apuntado que eso es consecuencia del "peaje" que Catalá "ha de pagar a Vox" por pactar con él y "en contra del progreso, la salud y el futuro".

El concejal ha reiterado que con la Zona de Bajas Emisiones planteada por el gobierno de la ciudad "los barrios del sur se comerán toda la contaminación" y serán "el aparcamiento de la chatarra de toda España y Europa". "Coches y furgones de hace más de treinta años, que además son ineficientes, ocuparán esas zonas y se los comerán los barrios periféricos, del sur y del marítimo", ha insistido.

En respuesta a la oposición, el titular de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), ha asegurado que en su departamento y en el resto del ejecutivo local están "abiertos a cualquier monitorización que se plantee desde mesura" y ha apuntado que serán "públicos los informes acerca de la evaluación y la consecución de los objetivos" en materia de control del tráfico y la contaminación. "Estamos abiertos a colaborar", ha dicho en esa línea.

Respecto a la ordenanza ha destacado que su ámbito territorial es de 27,8 kilómetros cuadrados y ha manifestado que "dejando al margen Madrid y Barcelona, que obviamente son muy grandes y que llevan años de implantación, no hay ni una sola ZBE en España que se acerque ni por asomo al ámbito territorial de València".

A su vez, ha asegurado que la ordenanza de esta ciudad "va a proporcionar grandes mejoras" y ha dicho que los "objetivos son reducir el 8% el NO2, el 25% el EPM10 y el 20% el PM2,5" en "un plazo temporal ajustado porque pretendemos implantar las medidas a tres años" para en 2028 estén todas las medidas ya en aplicación. "Es proporcional de acuerdo con sus objetivos", ha apostillado.

"Además, es lo menos restrictiva posible, de acuerdo con los objetivos planteados. Es ni más ni menos lo que exige la jurisprudencia a la hora de implementar una Zona de Bajas Emisiones", ha expuesto Carbonell, que ha aludido que prácticamente todas las normativas de este tipo que "han sido impugnadas, han sido anuladas por no cumplir con esta serie de principios".

"Cumple las directrices"

El responsable municipal ha subrayado que la ordenanza de València "cumple las directrices y la normativa, como no podía ser de otra manera, que prevé el ministerio" y es "coherente" con el Real Decreto. Ha aludido así a "la delimitación mediante rondas fácilmente identificables por parte de la ciudadanía para poder circunvalar la ciudad sin necesidad de generar espacios en los que los usuarios pueden incurrir en algún incumplimiento y ser sancionados".

Jesús Carbonell, que ha dicho que no se incumplen ni incumplirán los indicadores previstos, ha asegurado que "se contemplan también excepciones en atención a las circunstancias sociales y económicas" --PSPV ha pedido que se tenga en cuenta a las rentas bajas-- sin "poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos", además de incluir una moratoria para vecinos del área metropolitana y de pedanías.