VALÈNCIA. La vivienda sigue siendo, según el último barómetro del CIS, la principal preocupación de los españoles y, por tanto, el gran reto al que se enfrentan las administraciones públicas a todos los niveles. Un problema que se agudiza todavía más en las grandes ciudades como València. Ante esto, el Ayuntamiento del 'Cap i Casal' se abre a “valorar” un aumento del aprovechamiento urbanístico en los nuevos desarrollos para destinarlo a vivienda de protección pública.

La falta de suelo obliga a agudizar el ingenio con propuestas para sumar vivienda protegida a la oferta. En la última comisión de urbanismo del Ayuntamiento de València, el grupo municipal socialista presentó una moción pidiendo que se revise el PGOU de València para permitir la sobreelevación de hasta dos plantas en los edificios existentes de la ciudad, siempre que la estructura y el terreno lo permitan (exceptuando zonas protegidas, como los centros históricos). Según los socialistas, esta medida supondría un aumento significativo de la oferta de vivienda en todos los barrios. “Y si, además, se establece que todas las viviendas construidas con este método sean de protección pública, la oferta de VPP podría extenderse por toda la ciudad, beneficiando a todos los barrios”, rezaba la moción.

Desde el PSPV explican que la moción planteaba el aumento de alturas en edificios existentes porque la falta de suelo dificulta la creación de nueva vivienda protegida en barrios ya consolidados. Esta sobreelevación podría llevarse a cabo gracias a la arquitectura modular, con materiales ligeros y en edificios cuya estructura lo permitiera. Una solución arquitectónica que ya se está aplicando en otros lugares, como Illes Balears o Barcelona, donde han surgido empresas especializadas en este tipo de construcciones.

Pese a que desde el ejecutivo local comparten la necesidad de ofrecer soluciones para aumentar la oferta de vivienda protegida y no descartan permitir que se incrementen las alturas, consideran que es “muy complicado” aplicarlo en barrios ya consolidados. “El aumento de la altura de los edificios en barrios consolidados no puede realizarse sin un análisis previo del impacto que supondría el crecimiento de población en la zona. Es fundamental evaluar si los servicios e infraestructuras existentes, como colegios, centros de salud y equipamientos públicos, pueden absorber esa demanda adicional”, argumentan desde el Ayuntamiento. “Además, cualquier modificación de un plan urbanístico debe seguir un proceso reglado, cuyos plazos son largos y requieren estudios técnicos, jurídicos, económicos y ambientales. No se puede autorizar, por ejemplo, la construcción de un edificio de diez plantas junto a otro de ocho sin una planificación adecuada que garantice la armonía urbanística”.

Solo en los nuevos PAI

Por ello, el ejecutivo local rechazó la moción socialista y presentó una alternativa que contempla “valorar jurídica, técnica, económica y ambientalmente el incremento del aprovechamiento urbanístico destinado a Viviendas de Protección Pública”, siempre que sea en desarrollos urbanísticos que aún no hayan pasado la fase de exposición pública. Esto limitaría su aplicación a nuevos PAI que todavía se encuentran en una fase temprana, como puede ser el PAI de Benimàmet. Sin embargo, este incremento del aprovechamiento no tendría por qué producirse únicamente mediante el aumento de alturas, sino que también podría realizarse aumentando el porcentaje destinado a VPP en dichos PAI. Aunque todavía está en un punto muy inicial de la tramitación, según los cálculos de la concejalía de Urbanismo, en el nuevo desarrollo de Benimàmet cabrían unas 4.600 viviendas, de las cuales un millar serían de protección pública. Concretamente, contará con una edificabilidad de 365.000 metros cuadrados de techo para el uso residencial. Un aprovechamiento que ahora el consistorio se abre a poder incrementar para que se pueda construir más VPP.

Una alternativa que el grupo municipal socialista consideran “papel mojado”, ya que no solo se trata de una medida a medio o largo plazo, sino que “concentraría la oferta de vivienda protegida en solo algunos barrios de la ciudad”, argumentan. “Esto complica el reparto equitativo en la ciudad y dificulta influir a la baja los precios en todos los barrios”.

Con todo, el debate sobre cómo incrementar la oferta de VPP en València sigue abierto, pero lo que parece claro es la necesidad de adoptar medidas en esta dirección para responder a la actual emergencia habitacional. Y es que según la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, más del 80 % de la demanda actual se ajusta al perfil de Vivienda de Protección Pública, lo que refleja la importancia de encontrar soluciones urbanísticas que permitan ampliar su disponibilidad en la ciudad.