VALÈNCIA. Las facturas para la puesta en marcha de la Fundación Cical, impulsada en 2016 por el que fuera número tres del PSPV, José Manuel Orengo, y consideradas ahora irregulares fueron validadas por José Luis Vera con un dato relevante: la fecha.
Fue en ese año cuando se constituyó el ente, que finalmente quedó en nada tras la polémica sobre su financiación debido a que la previsión era que en 2017 ingresara 1,4 millones de euros públicos, casi la mitad de la Generalitat y la Diputación de Valencia. En mayo de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre Divalterra –la empresa pública dependiente de la corporación provincial– y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para el desarrollo de la fundación. El fin era realizar los estudios previos al inicio de las actividades de Cical.
Esas actuaciones tuvieron su correspondiente gasto, cuyo concepto era "elaboración del primer anteproyecto, preparación del convenio, adaptación de la idea original, primer borrador Cical. Contactos científicos, institucionales y académicos". En total, 40.000 euros que la FVMP emitió el 18 de julio de 2016. Y aquí viene el papel de Vera, con vínculos muy estrechos con el PSPV y quien además fue asesor de Orengo en el Ayuntamiento de Gandia.
El mismo día que la Federación emitió la factura para mandarla a Divalterra, Vera, director jurídico de esta empresa pública, la validó en un escrito de cuatro líneas: "Analizada la misma y la documentación soporte adjunta, declaro, tras analizar el convenio y la documentación adjunta, la conformidad a dicha factura tras las tareas realizadas. Siendo el importe a pagar el 30% del total del acuerdo, según el grado de avance del mismo".
Lo curioso es que la mencionada factura no llegó por registro de entrada a Divalterra hasta el 19 de julio. Es decir, que Vera la avaló un día antes de que llegara oficialmente. Ya el 21 de ese mes, pasó por el registro de facturas.
Dos años después, en mayo de 2018, Vera volvió a intervenir. En un escrito explicó que, según el informe sobre el estado y justificación del acuerdo de colaboración entre la FVMP y Divalterra para el desarrollo de Cical, "tras la revisión y verificación de los trabajos" llevados a cabo por la primera, quedaban pendientes de pago dos facturas: la de 40.000 euros y otra de casi 27.000 euros. Éstas, expresaba, se tenían que abonar y nada objetaba el director jurídico al respecto porque se había cumplido con el objeto del convenio y Cical había quedado jurídicamente constituida.
Pero todo ello fue posteriormente cuestionado y el pago de esas cantidades todavía colea. La Agencia Antifraude inició una investigación en 2018 y el año pasado confirmó las irregularidades e infracciones respecto al convenio. En la práctica, señaló, la intervención de Divalterra "se limitó a realizar una aportación económica de forma directa a la FVMP, así como a contratar externamente el asesoramiento jurídico" a esta entidad.
A ello se unió posteriormente un informe del auditor de la empresa pública, en el que analizó todos los justificantes de ese acuerdo de colaboración. En él corroboraba las consideraciones de Antifraude y apuntaba a pagos sin la oportuna justificación o fuera de plazo, entre otras cuestiones. Citaba, expresamente, los gastos de personal.
La empresa acordó hacer caso a las recomendaciones de la Agencia y cumplir con sus conclusiones. Motivo por el que el pasado abril aprobó pedir a la FVMP que aportara la documentación justificativa de esos gastos de personal en función de los criterios establecidos en el informe del auditor y en base a lo que puede ser un "sistema normal de justificación de una subvención".
Sin embargo, dos meses después, en junio, la Federación respondió –como publicó Valencia Plaza– que esa justificación de los gastos de personal ya se realizó en función de los parámetros exigidos por Divalterra y de los acuerdos de la comisión mixta de seguimiento del convenio, que dio su conformidad a los gastos. A lo que añadían que debería clarificarse por parte de la empresa la afirmación de que "los justificantes aportados carecen de evidencia suficiente" y que difícilmente podrán hacerlo en función de lo que indica el auditor interno, puesto que no han tenido acceso a su informe. Igualmente, pedían explicación sobre por qué las dos facturas que les reclaman no están justificadas debidamente.
Aunque conocen las recomendaciones de la Agencia Antifraude, remarcaban, éstas "no declaran de manera definitiva la existencia de responsabilidad, ni la vulneración del ordenamiento jurídico, ni deciden el fondo del asunto, y por ello no son susceptibles de recurso". Por parte de la FVMP consideraban, así, "que se acreditan suficientemente y con excepcional rigor todas las actuaciones implementadas para la justificación y ejecución del proyecto" de Cical.
El PP ya anticipó que llevará estas irregularidades detectadas a los tribunales por lo que consideran un posible delito de malversación por cantidades de dinero abonadas sin que se hayan justificado correctamente.