VALÈNCIA. La segunda fase de la operación policial en el conocido como caso Azud se saldó este jueves con 14 detenciones, entre las cuales figura la de José Luis Vera, todavía director de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia. De hecho, no sólo ostenta este cargo, sino que desde el pasado diciembre también asumió la prevención de riesgos penales. Título llamativo después de su arresto debido a que se le sitúa en el centro de una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de 'mordidas' junto al hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PP) y el empresario Jaime Febrer.
Mientras el primero fue destituido, Vera sigue ocupando sus cargos en la Diputación que preside el socialista Toni Gaspar. Preguntados por este periódico, desde la corporación señalan que todavía no se ha tomado ninguna decisión. Tampoco Compromís, que comparte Gobierno con el PSPV en la institución, ha pedido que se le destituya y únicamente remarcan que la postura del partido es "condenar con contundencia la corrupción con respeto a la presunción de inocencia". Sí lo ha hecho la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), que también ha solicitado una Junta General extraordinaria de Divalterra. Además, está previsto que se celebre un Consejo de Administración en breve.
Según creen los investigadores de la causa en la que ahora figura, Vera habría sido la persona que puso en contacto a Rafael Rubio con el empresario Jaime Febrer después de las denuncias del primero contra Grau por operaciones urbanísticas. Además, también habría ejercido de enlace en otros niveles de la trama. Febrer era administrador de la extinguida Construcciones Valencia Constitución, en la que Vera figuraba de apoderado en 2007 y 2008.
El historial de Vera tiene como último capítulo la detención en el caso Azud, pero se encuentra lleno de polémicas, algunas de ellas recientes. Aunque nunca ha tenido responsabilidades orgánicas dentro del PSPV, siempre ha estado vinculado a los socialistas. Magistrado sustituto en la Audiencia Provincial de Valencia durante ocho años, fue director general de consumo en el Gobierno de Joan Lerma. En su ejercicio de la abogacía, fue socio del conocido penalista Virgilio Latorre, que ha representado al partido en diversas causas que afectaban al PP.
Relevante es su paso por el ayuntamiento de Gandia, donde fue asesor del exnúmero tres de los socialistas valencianos y ahora directivo de Baleària José Manuel Orengo. De hecho, las actuaciones que se investigan en el caso Azud se refieren a la época de 2005 a 2010, algunos de los años en los que precisamente Vera estaba en ese puesto. Su paso por el consistorio también tuvo controversia porque apareció vinculado a una firma jurídica que fue contratada por el Ayuntamiento.
Por esos años se vio igualmente envuelto en una investigación judicial junto a su mujer, la exdiputada María Antonia Armengol, por presunto cohecho. La investigación se inició por parte de la Fiscalía después de que Hacienda descubriera que una empresa había realizado las obras de construcción del chalet del matrimonio en 2005 por importe de más de 500.000 euros y, dos años después, no las había cobrado. La sospecha era que fue un regalo de la constructora en atención a los cargos que habían desempeñado, aunque en 2009 realizaron el abono parcial y, pese a los indicios, la causa se acabó archivando en 2010.
Vera también fue director General Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús hasta 2015 y, ya posteriormente, jefe de los servicios jurídicos de Divalterra. En esta empresa de la Diputación de Valencia, su papel ha resultado determinante en diversos asuntos durante los últimos años. El más destacado ha sido en el caso Alquería, donde pasó a ser un testigo importante para la causa aunque en un informe de junio de 2016 no habló claramente de la necesidad de suprimir los contratos de alta dirección que ahora se consideran ilegales. En ese documento, opinaba que existían "dos formas" de abordar el problema. Una, que los siete directivos contratados "se mantengan como tales hasta que se determine su régimen de contratación en la clasificación de la empresa Divalterra"; dos, y como alternativa, "rescindir o sacar a pública concurrencia las plazas y, después de la selección, extinguir objetivamente el contrato de quienes no la hayan sacado".
Vera, ya con la instrucción en marcha, prestó declaración ante el juez para relatar cómo tuvo conocimiento del proyecto de nombramiento de siete altos directivos, "distribuyéndolos en dos grupos según los partidos de gobierno de la Diputación: 3 del PSOE y 4 de Compromís". Y que los dos gerentes de entonces, José Ramón Tíller y Agustina Brines, "debían aceptar a esas personas según su partido, pues venían impuestas por el propio presidente" (Jorge Rodríguez).
Al margen del caso Alquería, Vera ha sido centro de otras polémicas. Una, que eludió, como publicó este periódico, la devolución de 10.000 euros de kilometraje que cobró mientras estuvo de baja en varios periodos entre 2016 y 2019. Hechos que se investigan en la Agencia Antifraude. Otra, que en 2016 fue apartado temporalmente del cargo por la contratación, cuestionada en una auditoría, de una abogada externa a la empresa con pagos fraccionados.
Pero la más reciente, desvelada por Valencia Plaza, es la relativa a los intentos por su parte y la de otros cargos socialistas en la Diputación de anular la contratación de la nueva jefa de Recursos Humanos de Divalterra porque otro aspirante recurrió la decisión. Tras meses de dimisiones, ceses y tensiones en el seno de la empresa, el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, anunció su disolución, aunque el PP ya ha denunciado lo ocurrido en la Fiscalía Anticorrupción. También el candidato que quedó en segundo lugar ha impugnado el proceso en la vía judicial.
Todo ello acompañado de una investigación de la Agencia Antifraude, que no halló irregularidades en el proceso de selección –al contrario de las conclusiones de Vera–. De hecho, su director, Joan Llinares, declaró que le hubiera sorprendido que una vez acabado el procedimiento, "se cuestionara todo desde dentro de la propia empresa", pues, a su juicio, "es un tanto extraño que una entidad vaya contra sus propios actos y diga ahora: 'lo hemos hecho todo mal'". Esto pudo coincidir, afirmó, con que la persona que salió elegida "no fuera la que se quería".