El alcalde de València, Joan Ribó. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Se espera que se celebren, al menos, dos plenos municipales más: el de marzo y el de abril. El de mayo está en el aire por los comicios locales del día 26. Hasta entonces tiene el Govern de La Nau para ir rematando los proyectos que todavía están en marcha. Algunos, llegarán casi sobre la bocina. La aprobación de otros ya se ha descartado por los plazos que requieren o la falta de consenso en el sí del ejecutivo. Y en algunos casos, también quedan en un cajón anuncios que se plantearon en su día y que no se han reflejado negro sobre blanco. A tres meses de expirar el primer mandato pos-Rita, es momento de hacer balance.
Desde grandes obras pendientes como la reforma de la Plaza de la Reina, pasando por ordenanzas que corren el riesgo de quedar a medio tramitar -la de contaminación acústica, la de civismo, o el reglamento de juntas de distrito-, incluso algunas regulaciones que aún no se han empezado a elaborar, como la del alquiler de vehículos (sharing). El mandato 2015-2019 llega prolífico a su fin, pero deja en el aire proyectos importantes que deberá recoger la próxima corporación.
Uno de los proyectos que se lleva anunciando desde 2016 es la gran reforma de la Plaza de la Reina, que ni ha empezado ni se espera que lo haga antes de mayo. Se trata de una obra pendiente desde 1999, cuando el Colegio de Arquitectos celebró un concurso de ideas cuyo proyecto ganador sirve de base para la futura remodelación. Dos años y medio han pasado desde el proceso participativo que coimpulsaron el entonces concejal de Participación e Innovación Democrática, Jordi Peris, y el regidor de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.
En este tiempo, la adjudicación de la redacción del proyecto estuvo trufada de polémica, al adjudicarse inicialmente al equipo de arquitectos de Miguel del Rey. La quiebra de una de las firmas de esta oferta motivó que el Ayuntamiento resolviera el concurso a favor de la segunda candidata, la de José María Tomás y Antonio Escario. El proyecto final, que asciende a 9,8 millones de euros, se presentó hace un año, pero el área de Movilidad estuvo varios meses esperando una aprobación de la conselleria de Cultura, a la que, en realidad, no le correspondía. Ahora, la comisión de Patrimonio ha requerido algunas modificaciones que dilatarán más la espera. Después se podrá licitar la obra, que tiene un plazo de ejecución de entre 12 y 14 meses.
Mucho más atrasada se encuentra la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento. Aunque el edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, anunció una actuación blanda inicial ligada a las obras en la Plaza de la Reina, lo cierto es que la propuesta de la peatonalización surgió en las votaciones vecinales de 2018 que el Ayuntamiento convoca anualmente. Por ahora, se están ultimando los pliegos para realizar un concurso de ideas. El proceso, por tanto, se encuentra todavía en sus albores, y será el nuevo gobierno local el que coja -o no- el guante de La Nau.
El urbanismo tiene por sacar adelante más hitos reseñables. No sólo por el calado de los proyectos, sino por lo simbólico de las propuestas. En marcha están los planes especiales de Ciutat Vella (PEP) y del Cabanyal (PEC). El primero, más avanzado que el segundo, y por tanto, el que cuenta con mayores enteros para poder tener la luz verde definitiva antes de mayo, después de que pasara por el pleno por segunda vez tras la contestación de las alegaciones. Ahora, se ha abierto un nuevo período de exposición pública de 20 días.
El PEC, el planeamiento urbanístico para rehabilitar y regenerar el barrio marítimo, lo tiene más complicado. Los plazos no dan. En enero pasó su primera aprobación en el hemiciclo de la casa consistorial, y se encontrará en exposición pública hasta el 15 de abril. Después se deberá abordar la respuesta a las alegaciones y peticiones de los diferentes agentes implicados, para pasar otra vez por el pleno, de manera que el Govern de La Nau dejará en manos de la próxima administración la aprobación definitiva del plan del Cabanyal. Huelga recordar a este respecto, que la candidata del PP a la Alcaldía, María José Català, ya anunció en una entrevista a Valencia Plaza, que tiene un proyecto diferente para el barrio, por lo que de llegar al gobierno local, el PEC podría quedar en suspenso.
Precisamente una cuestión en la que pretenden confluir ambos planeamientos dirigidos por el área de Urbanismo de Vicent Sarrià, es la de la protección frente a los pisos turísticos. De hecho, las modificaciones últimas introducidas en el plan del casco histórico de València hacen referencia a una futura ordenanza que regule las viviendas turísticas. Esta, una idea que hasta ahora no se había planteado con contundencia, al menos en la esfera pública, queda en el aire a tres meses de los comicios. Está por ver si finalmente se traslada a un texto normativo que se tramite el próximo mandato.
Pero si algo ha sobrevenido este mandato al gobierno local ha sido la irrupción de nuevas formas de movilidad, como el patinete eléctrico y los vehículos de alquiler -el llamado sharing-. A finales del pasado verano, la crisis de Lime en la capital del Túria elevó la tensión entre el sector y el consistorio, dado que todavía no había aprobado la nueva ordenanza de movilidad, que introduce la regulación de los patinetes. Esta ya ha dado los últimos pasos y previsiblemente verá la luz en las próximas citas en el hemiciclo. El sharing, que concierne no sólo a Movilidad -Giuseppe Grezzi- sino también a Espacio Público -Carlos Galiana- y a Hacienda -Ramón Vilar-, sigue sin regulación alguna, mientras que varias empresas de scooters operan en la ciudad aprovechando el vacío legal.
No llegará este mandato; se acometerá tras la ordenanza. El Ayuntamiento debe estudiar cuántos vehículos de sharing puede absorber la capital del Túria sin saturarse. Más tarde se deberá decidir en qué régimen operarán las compañías: mediante una autorización o a través de un concurso. Y en las condiciones que se decidan, habrá que establecer una tasa o canon -según el régimen- a cobrar. Hacienda ya ha hecho sus números provisionales, y ha avanzado que mensualmente las compañías deberían abonar hasta más de 2 euros por patinete -más de 25 anuales-, 5 euros por moto -60 anuales- y 30 por coche -360 anuales-. Sin embargo, está a la espera del resto de delegaciones. Será sin duda uno de los retos de la próxima corporación.
Otras normativas sí que se han empezado a tramitar, pero al finalizar el mandato, serán ordenanzas nonatas de La Nau. La reforma de la ordenanza de contaminación acústica, por ejemplo, a pesar de tener una versión preliminar, todavía no ha dado sus primeros pasos efectivos. La concejala de Medio Ambiente Pilar Soriano, ha estado consensuando el texto con el resto de grupos municipales desde hace meses. Uno de los cambios más significativos, tal como reveló este diario, es la retirada de las autorizaciones a las terrazas que acumulen tres quejas en tres años. Ahora bien, serán medidas que no se empezarán a aplicar en los próximos meses, y habrá que ver si el gobierno entrante tras el 26M quiere y puede modificarlas antes de la aprobación.
El sueño de los justos dormirá también la ordenanza de civismo que la concejala de Seguridad Ciudadana Anaïs Menguzzato estaba preparando y sobre la que ya ha admitido que no la podrá aprobar. Explicaba la edil que el principal obstáculo que se ha encontrado su delegación es encajar en la normativa en tramitación toda la parte menos formal de los conflictos, ya que la ordenanza "pretende recoger no sólo la parte de la denuncia sino esa parte de modificar la actitud, por ejemplo, en el caso de los jóvenes" mediante voluntariados y cursos de formación. Asuntos como el botellón, la mendicidad coactiva y el deterioro del espacio público eran los principales ejes de este texto. La edil pidió al próximo que ocupe su lugar que acabe la faena, pues lo considera un "buen documento" para mejorar la convivencia de la capital.
La misma senda parece llevar la ordenanza de Juntas de Distrito, que ha sembrado la discordia entre Compromís, València en Comú y PSPV. La regidora de Participación, Néus Fábregas, perteneciente a la formación morada, intentó pasar el primer trámite, el 'ok' de la Junta de Gobierno, a finales de 2018. No pudo ser entonces, ni a principios del año en curso. En ese momento la portavoz de ValC, María Oliver, denunció públicamente el bloqueo de sus socios. Sandra Gómez (PSPV) acusó a la matriz de Podemos de querer convertir las Juntas de Distrito en círculos morados. Con todo, y más allá de desavenencias, tampoco parece dar tiempo a que se apruebe definitivamente. Y de la manera de entender la participación del próximo gobierno local colgará la suerte de este documento.
Otras cuestiones que escapan a las normativas y que pertenecen al campo de la estricta gestión también están a la cola. Por ejemplo, el ejecutivo local propuso la creación de una escuela de poda dentro del Organismo Autónomo Municipal de Jardines, que no se ha materializado, según denuncia la oposición. La contratación de la grúa municipal, rescindida en 2017 por incumplimiento de los pliegos, todavía no cuenta con unos nuevos pliegos para sacar a concurso el servicio. La edil de Seguridad, Menguzzato, también ha admitido la imposibilidad de que llegue antes de mayo; el proceso se dilatará hasta finales de año. Algo similar ocurre con la licitación del Bus Turístic: Grezzi anunció en 2016 que rescindiría la autorización a las dos empresas explotadoras para sacar el servicio a concurso a cambio del pago de un canon. Los pliegos, por el momento, parecen mantenerse en el cajón, y en cualquier caso no parecen dar los plazos para consumar el proceso antes de mayo.
La remunicipalización de los refugios de animales, por otra parte, parece constituirse en quimera tras cuatro años de ejecutivo de La Nau. La intención de la delegación de Bienestar Animal dirigida por Gloria Tello es esa: que el Ayuntamiento gestione directamente estos centros. Sin embargo, en el caso del refugio de Benimàmet, tras un fallido concurso que se declaró desierto, no se sabe nada. Modepran gestiona dicho centro en virtud de un convenio suscrito con el Ayuntamiento en 2011. Desde 2016, cuando este expiró y el Ayuntamiento comunicó que no lo renovaría, presta el servicio en precario con el convenio prorrogado y mediante reconocimientos de pago. El consistorio ha anunciado que construirá otro centro en Tavernes Blanques ante el colapso de animales en Benimàmet. Son todos ellos ejemplos de procesos que acabarán concerniendo a la próxima corporación, aunque no son los únicos.
