VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha dirigido un escrito al Ayuntamiento de València en el que pregunta por la persona responsable de la decisión de conceder los complementos salariales alegales que cobraron ocho concejales a lo largo del pasado mandato, entre 2015 y 2019. Cantidades que en la práctica burlaban las limitaciones impuestas por el Gobierno a los sueldos públicos durante la crisis.
La entidad que dirige Joan Llinares reactivó el pasado marzo la investigación sobre este asunto, publicado por Valencia Plaza en 2019, tras paralizarla al encontrarse en manos de la Fiscalía. Ésta, sin embargo, no halló indicios de delito, por lo que archivó la causa y, por lo tanto, Antifraude pudo retomarla.
Ahora, ha remitido al consistorio varias peticiones de documentación: todos los informes al respecto, los certificados sobre las responsabilidades adicionales que se retribuían con ese dinero, los de los abonos del complemento y los de fiscalización de los pagos. A lo que añade que se identifique al cargo que tomó la decisión. Éste fue, en realidad, el propio Joan Ribó, puesto que se realizó a través de una resolución de alcaldía en julio de 2015.
Los ocho elegidos para la dedicación parcial eran los tenientes de alcalde Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello –todos ellos de Compromís–, Sandra Gómez, Vicent Sarrià –ambos del PSPV– y María Oliver, de Podemos. Todos ellos percibieron durante los cuatro años de la legislatura pasada un complemento que igualaba su sueldo a los ediles con dedicación completa. El sobresueldo contaba con el visto bueno de la Intervención General, pero vulneraba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que fijaba unos límites a los sueldos de los ayuntamientos.
Así pues, su salario debía ser de un 25% menos respecto a lo que les correspondería si tuvieran la dedicación exclusiva. Por contra, el Ayuntamiento de València aprobó que cobrasen "un complemento de especial responsabilidad" hasta cobrar la totalidad del salario -el 100%-.
Tras conocer las nuevas peticiones de información de Antifraude, el PP incide en que la propuesta de acuerdo mediante la que se impulsó la tramitación de los sobresueldos surgió de alcaldía y contó con la aprobación de Ribó. Por ello, reclaman que el Ayuntamiento notifique de manera oficial a la entidad quién o quienes diseñaron el sistema de cobros de complementos. Además, insisten en que el alcalde dé explicaciones.