Foto: EFEVALÈNCIA. Llega la Navidad, y con ella, la recta final del año. Un momento para hacer balance por un lado y, por otro, fijarse los propósitos del próximo ejercicio. También para las administraciones, que elaboran sus planes normativos para los próximos 365 días. El Ayuntamiento de València ha aprobado el suyo esta misma semana antes de irse de vacaciones navideñas.
El documento es una relación de objetivos normativos en los que avanzar durante 2023 por parte del consistorio que gobiernan Compromís y PSPV, que se someterán al escrutinio de las urnas en el mes de mayo. Con todo, las concejalías han dejado negro sobrbe blanco las regulaciones municipales que quieren adelantar. Por ejemplo, en materia de urbanismo, con planes especiales para Benimaclet, Nazaret o Campanar. Pero también en otras materias, como el turismo -normativa sobre pisos turísticos- o movilidad -con la regulación de la Zona de Bajas Emisiones-.
Uno de los temas pendientes que tiene el gobierno municipal es el de los pisos turísticos. Además de las restricciones concretas que se han puesto ya en el casco histórico y que pretenden implantarse en el Cabanyal, la concejalía de Turismo, que dirige Emiliano García, en coordinación con la de Urbanismo, que lidera Sandra Gómez, tienen todavía en los despachos una ordenanza de control de viviendas de uso turística para la ciudad.
El anteproyecto, en estado avanzado de la redacción, es consecuencia directa del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (PEP) que entró en vigor en marzo de 2020 y que fija que las viviendas turísticas ocasionales están prohibidas hasta que exista esta ordenanza -las profesionales, están permitidas con restricciones especiales en el centro-. El problema es que las asociaciones del sector de pisos turísticos recurrieron el Plan Especial.
Así pues, en el gobierno municipal buscan esperar a que se resuelva el conflicto judicial del PEP para presentar y llevar a aprobación la ordenanza de pisos turísticos. Por el momento, este año ha habido una sentencia parcialmente favorable a las viviendas turísticas, pero se ha elevado la cuestión al Tribunal Supremo, por lo que el litigio se alargará todavía más.
Como publicó Valencia Plaza, el consistorio quiere introducir en el texto la obligación por parte de las plataformas de pisos turísticos y de los propietarios de los mismos de dar cierta información sobre su actividad a la administración municipal para asegurar el control de la legalidad en la misma. Por ejemplo, qué plataforma se usa para alquilar los inmuebles o el número de días al año que están alquilados.
No son pocos los planes urbanísticos que, por otro lado, tiene en tramitación la concejalía de Urbanismo. El más sonoro, por las disputas que ha generado en el seno del ejecutivo local, es el de Benimaclet. Con el desarrollo del sector norte -el PAI de Benimaclet- sin ejecutar todavía por las desavenencias entre Compromís y PSPV, el departamento de Gómez decidió llevar a cabo un Plan Especial que abarcara todo el barrio.
En junio se encargó la redacción del Plan Especial y prevé estar finalizado para el próximo mes de mayo si no hay demoras. Entre los requisitos iniciales, con todo, no está la desclasificación de suelo para reconvertirlo en huerta, como reclamaba Compromís. Tampoco el soterramiento de la Ronda Norte, que exigía la coalición del guiño y, en especial, el edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.
Pero hay más planes especiales en marcha. Uno de ellos es el de Nazaret, que se aprobó provisionalmente pero sigue en el aire por discrepancias entre la Generalitat y el Ayuntamiento. Otro, el del núcleo histórico de Patraix, cuya versión provisional se aprobó a principios de año y sobre la que no hay noticias todavía de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat, que ha de dar el visto bueno.
En tramitación está también el Plan Especial de Casas de Bárcena, y más atrasados se encuentran otros como la revisión del Plan General en la Ciutat Fallera y otros nuevos planes especiales en Campanar, Castellar-L'Oliveral o l'Alqueria Julià. Estos se encuentran todavía en fase de "actuaciones previas", según recoge el plan normativo.
Por su parte, el área de Movilidad trabaja en una ordenanza de calado, que regulará el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Una medida a la que obliga la Ley de Transición Energética en las grandes ciudades y que debe estar en marcha antes de que finalice 2023: con el objetivo de descarbonizar el la capital, sólo permitirá el acceso de los vehículos menos contaminantes a determinadas zonas preestablecidas.
Aún no se ha clarificado dónde estarán vetados estos vehículos, pero el contrato para la instalación de las cámaras distingue cinco grandes áreas: el Área Norte 1 entre la marginal izquierda del río, la ronda norte y la fachada marítima -sin la UPV, que tendrá un área propia, el Área Norte 2-. El Área Centro, desde la marginal derecha del río y la ronda interior -Colón, Xàtiva, Guillem de Castro-. El Área Sur 1, comprendida entre la marginal derecha del río, la Avenida del Cid y la V-30 -sin el área centro-, a lo que suma Nazaret y Pinedo. Y el Área Sur 2, que abarca los barrios entre la Ronda Sur y la V-30.
La idea es crear tres grandes listas de vehículos: una blanca, otra gris y otra negra. La primera, conformada por los vehículos menos contaminantes en función del etiquetaje de la DGT, y que podrán circular por toda la ciudad. Los calificados como grises serían los más antiguos y contaminantes, con el acceso vetado a algunas zonas. Y los negros lo serán por seguridad: vehículos robados o que hayan tomado parte en delitos.
Y por otro lado, el departamento de Urbanismo, en coordinación con el de Actividades, que dirige Lucía Beamud, está inmerso en la reforma de la ordenanza de obras y actividades. En este caso, la redacción del texto ya se encuentra en plena fase de elaboración. El sector de la hostelería e inmobiliario ya ha hecho llegar sus peticiones al consistorio.
En cuanto al espacio público, la concejalía del ramo, que encabeza Beamud, trabaja en la revisión normativa de la ordenanza de ocupación del dominio publico municipal. Esto es, para elementos como terrazas, verbenas y otro tipo de instalaciones que, temporal o permanentemente se sitúan en la vía pública. Por el momento, todavía no se está redactando el anteproyecto.
Y además, la concejalía de Jardines, dirigida por Sergi Campillo, tiene entre manos la reforma de otras dos normativas. Por un lado, la que regula el procedimiento de concesión de autorizaciones de huertos urbanos en la ciudad, una modificación que se hace por "peticiones ciudadanas", pero que está todavía en fase embrionaria. Y por otro lado, la ordenanza de parques y jardines, por "peticiones de empleados públicos", y que también está en sus inicios.
Más allá de lo mencionado, el Ayuntamiento de València arrastra un deber enquistado en la concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Aarón Cano: la ordenanza de civismo y convivencia, que sigue sin aprobarse y vuelve a estar presente en el plan normativo de 2023. Cierto es que, en esta ocasión, ya con visos de que salga a la luz el año que viene.
Anunciada en 2017, cuando la encargada del ramo era Anaïs Menguzzato, la ordenanza que se prepara regula el botellón, la mendicidad coactiva (gorrillas o limpiadores de cristales de coche), los excrementos de mascotas y el deterioro del espacio público/privado. Una de las novedades que establece es la posibilidad de reducir las sanciones o anularlas si tanto los padres como los hijos asisten a cursos de reeducación o a tareas de voluntariado y trabajo comunitario.
Se ha estado elaborado en coordinación con la Cátedra Protecpol de la Universitat de València desde hace cuatro años, y ahora el plan normativo municipal señala, en su estado de tramitación, que está lista para la aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local. Y en una fase más atrasada se encuentra la ordenanza de Participación Ciudadana, un nuevo texto que elabora el departamento del ramo, que dirige Elisa Valía, y que está redactando el anteproyecto.
