Albert Rivera.VALÈNCIA. "El trabajo para hacer unos buenos presupuestos se hizo antes de presentarlos". De esta frase pronunciada por el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cuando pisó la Comunitat Valenciana después de que Mariano Rajoy presentara las cuentas estatales para este año, bien podría haberse intuido que el partido de Albert Rivera no iba a esforzarse en exceso por mejorar las inversiones en la autonomía.
Una premonición a la que quizá contribuyó que la dirección nacional defenestrara unos días antes a su síndico en Les Corts, Alexis Marí, por haber defendido hasta el último minuto, junto a tres compañeros de escaño –David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo–, que los números no daban y las inversiones territorializadas quedaban no solo por debajo del presupuesto de 2016, sino que situaban a los valencianos a la cola en inversión por habitante.
Eran unas cuentas que salieron adelante gracias al apoyo del partido naranja. No obstante, Ciudadanos hacía un gesto hacia los valencianos y registraba cinco enmiendas de escasa cuantía para mejorar las inversiones en la Comunitat. Entre ellas, una de las grandes demandas del Consell y del Ayuntamiento de València: financiación para el contrato-programa del transporte metropolitano del cap i casal.
Lejos de la subvención de los 126 millones que recibe Madrid en esta materia y los 108 de Barcelona, la enmienda del partido de Rivera pedía un tímido millón de euros, cuando lo reclamado por las instituciones valencianas, de acuerdo con lo que reciben la primera y segunda ciudad de España, son al menos 30 millones. Pero ni eso conseguían arrancar los naranjas al Ejecutivo de Rajoy.
En la fase previa de negociación en comisión, el partido que gobierna en minoría, el PP, cerraba el paso a Ciudadanos y se negaba en rotundo a aceptar esta petición. Como tampoco aceptarían los 500.000 euros para el acceso al aeropuerto de Alicante-Elche, los 300.000 para los accesos y conexiones al Polígono Fuente del Jarro o los 227.000 para financiar las infraestructuras de distribución de agua procedente de la desaladora de Moncofa.
Para que los diputados valencianos naranjas no volvieran a casa con las manos vacías, el PP les concedía la petición más modesta de entre sus enmiendas: 100.000 euros para accesos al Hospital de la Vila Joiosa. A veces menos no es más, pero en último momento también conseguían cuatro millones de euros de ayudas para la producción de agua desalada en las cuencas del río Júcar y Segura para paliar la situación de sequía.
En total, Ciudadanos presentó 37 enmiendas, de las cuales 20 fueron retiradas y dos vetadas, según informa la formación. "Los vetos siempre los ejerce el Gobierno", indicaban. Unos resultados que evidencian el flaco músculo naranja en el pulso dado al Gobierno del PP y que desde la formación atribuyen también a Compromís y Podemos, "que no se han sentado a negociar ninguna enmienda y que se abstuvieron con la del Hospital de Vila Joiosa", asegura el portavoz de Presupuestos, Vicente Ten.
A pesar de que Ciudadanos presentara una enmienda para conseguir un millón de euros para el transporte metropolitano de València –retirada a instancias de la negativa del PP, según la formación naranja–, votaba en contra de la enmienda de Compromís, coalición que, cabe señalar, tuvo la oportunidad de sentarse a negociar para internar obtener concesiones para la Comunitat a cambio del apoyo de sus cuatro diputados en el Congreso a las cuentas generales, y no lo hizo. En esta enmienda, Compromís reclamaba al Estado 37 millones para la Autoridad del Transporte Metropolitano de València.
Los motivos, aseguraba el diputado de Ciudadanos por Valencia en el Congreso Toni Cantó, eran que tanto PSPV como los nacionalistas habían presentado "enmiendas irresponsables sabiendo que no hay fondos. PSOE, Podemos y Compromís han presentado unas 4.000 enmiendas por valor de más de 27.000 millones que pretendían financiar con la partida de imprevistos que solo dispone de 15 millones, lo que demuestra que su objetivo no era sacar adelante las enmiendas, sino buscar un titular. Ciudadanos no va a hacer un show, ni será cómplice de los teatros a los que están acostumbrados otros partidos. No se puede engañar a la gente pidiendo imposibles", zanjaba.
A razón de estas cuentas, el pasado 25 de abril, el grupo parlamentario Ciudadanos en Les Corts se dividía. Tan solo cuatro diputados –entre ellos el exportavoz, Marí– de los 13 en la Cámara valenciana se sumaban a la protesta contra unos Presupuestos Generales del Estado que "marginan" a los valencianos; 119 euros per cápita recibirían en la Comunitat frente a los 184 de media española.
Así, el propio Marí cuestionaba este jueves en Twitter la postura de su partido: "PP y Cs tumban la ayuda de 37 millones para el transporte metropolitano de Valencia. Todo en orden, no Albert Rivera?". Y el goteo de mensajes en su perfil continuaba unos minutos después:"Quién puede defender que estamos defendiendo los intereses de todos los valencianos? Hoy por hoy subo a un ascensor y si llevo la carpeta de Cs la escondo, nadie se lo puede creer".
También retuiteaba una información sobre la intervención de Cantó defendiendo los presupuestos e ironizaba: "Impresionante e inmejorable. No hay más preguntas señoría. #todoenorden". "Qué decir sobre nuestro compromiso con 400.000 ciudadanos de Las Marinas", añadía en referencia a la nula inversión para el Tren de la Costa.
De la misma manera, el diputado en Les Corts David de Miguel, recordaba que hace medio año el parlamento valenciano aprobó "por unanimidad hacer justicia con los valencianos" y los PGE "vuelven a ignorarlo", a la que agregaba: "Por si algun@s han olvidado. Esto es ser nacionalista @Fginer? Es nuestro compromiso con los ciudadanos".
El apoyo de PNV, junto a Ciudadanos y Coalición Canarias, bastó primero para superar el debate de totalidad del Presupuesto, y después, el tránsito del proyecto por la ponencia, donde se incorporaron siete enmiendas, y más tarde por la Comisión de Presupuestos, que enmendaron las cuentas con 101 nuevas propuestas. Sin embargo, la principal 'batalla' que tuvo lugar entonces se debió a la posibilidad de que el Gobierno vetara casi 4.000 enmiendas de los grupos, principalmente de PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana.
La Mesa de la Comisión de Presupuestos, controlada por el PP y Ciudadanos, decidió adoptar un criterio por el cual se excluiría del debate y de la votación toda enmienda que supusiera un aumento de gasto –tampoco aceptaron las que aumentaran los ingresos– incluso aunque no superaran el gasto previsto de la partida de referencia. Sin embargo, una vez ésta hubiera sido agotada, las enmiendas restantes serían remitidas al Gobierno, que ya había anunciado su intención de vetarlas.
Sin embargo, primero por no agotarse este fondo, y después por la modificación a última hora de casi 3.000 propuestas amenazadas por el veto, estas enmiendas fueron debatidas y rechazadas, ya que con el apoyo de Ciudadanos, PNV y UPN, el PP contaba con mayoría suficiente en la Comisión.
Entre las enmiendas incorporadas en la Comisión destaca la autorización para permitir a los ayuntamientos el gasto de parte del superávit acumulado desde 2016. También se aprobaron las enmiendas territoriales pactadas por el PP con sus socios parlamentarios, como el plan integral de empleo para Canarias a propuesta de Coalición Canaria, otro plan de reindustrialización y competitividad para Asturias, a propuesta de Foro, y todas las enmiendas llevadas a la Comisión por el PNV.
Los nacionalistas vascos consiguieron aprobar diferentes disposiciones en el articulado e inversiones no solo para 2017, sino también la inclusión en la ley de proyectos de desarrollo y mejora por parte de Adif en el País Vasco que alcanzan los 6,4 millones de euros para 2018 y 1,4 millones para 2019. De esta manera, durante su paso por el Pleno, los grupos incorporaron 45 enmiendas, 20 en la primera tanda de votaciones del martes y 25 en las dos tandas del miércoles.
