MADRID (EP). La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 33,8 millones de euros a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) por "crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales".
Según informa el organismo, se ha desarticulado el mecanismo para coordinar políticas y condiciones comerciales en el marco del desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para el sector editorial de libros de texto. En este caso, la CNMC impone una sanción de 32.397.656 euros a 33 empresas y a la asociación Anele.
Además, añade que también se ha puesto fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de
texto digital alcanzado entre Anele y diez editoriales. En este caso, se han impuesto una sanción de 1.492.200 euros.
De este modo, informa de que a partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives, se han sancionado dos conductas ilícitas: una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital. "Ambas son muy graves, según los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", indica la CNMC.
También recuerda que la comercialización de libros de texto tiene unas características peculiares, ya que las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio porque están obligados a adquirir los libros de texto que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos. Además, hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre.
A ello, hay que añadir una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy "clara y determinante". Asimismo, los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos cuatro años, salvo que estuviera plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.
La primera de las infracciones impuestas, según la CNMC, consiste en una serie de acuerdos y prácticas concertadas vinculadas con el desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para las empresas del sector editorial, que siguen desde abril de 2012.
Según el organismo, se ha configurado con este código una estrategia dirigida a "restringir la competencia" en la prescripción de libros de texto no universitarios por parte de los centros educativos. Ello ha supuesto, tal y como señala, "homogeneizar las políticas y condiciones comerciales en el sector", como la entrega de materiales informáticos (pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores portátiles etc.), para "reducir y eliminar" aquellos elementos que introducían competencia en la prescripción de libros de texto.
"A pesar de que el Código de conducta se justificó por un sistema
de supuestas 'buenas prácticas', se ha acreditado que las entidades que llevaron a cabo las conductas lo hacían con una finalidad económica y para restringir la competencia", sentencia la CNMC.
Además, añade que se creó una 'Comisión de Supervisión' del Código que se ha convertido en un "mecanismo de implementación y control de las desviaciones del acuerdo". "Ha quedado acreditada la existencia de métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos, aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de conducta", recalca.
Concretamente, indica que Anele envió cartas a competidores y a los centros educativos, incluyendo "amenazas de denuncias"; que se realizaron medidas de presión concretas contra Edelvives, hasta que se unió a los acuerdos, y que se presentaron demandas de competencia desleal contra Vicens Vives.
En esta infracción se ha acreditado la implicación de un total de 33 empresas: tres pertenecientes al grupo Edelvives, seis al grupo editorial Anaya, otras seis del grupo SM, siete empresas del grupo Santillana, dos empresas del grupo editorial Bromera. Además de Ediciones Bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación y la editorial Teide. Todas ellas son multadas en diferente proporción con 32,2 millones de euros
A ellas hay que añadir la responsabilidad que recae sobre la asociación ANELE, a la que se le impone una sanción de 180.000 euros. Además, se declara como responsable solidario a Hachette Livre España, S.A. por la participación de sus filiales en acuerdos y prácticas concertadas que se produjeron en el marco del desarrollo y aplicación del Código de Conducta.
La CNMC ha comprobado, también, un descenso de la cantidad destinada por parte de las editoriales a la entrega de material de las TIC entre 2010 y el curso 2017/2018 a las aulas, sin que ello se haya traducido en bajadas de precios de los libros de texto.
Por otro lado, la Sala de Competencia de la CNMC considera acreditado que determinadas empresas han llegado a acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de precios y otras condiciones comerciales en relación con el libro de texto en formato digital en España entre 2014 y 2017.
En este sentido, el organismo regulador considera que a través de estas actuaciones se ha "restringido la competencia en relación con la comercialización de un novedoso producto que se encontraba en expansión".
El libro de texto en formato digital o libro digital es un contenido editorial que se puede visualizar en un dispositivo digital (ya sea un ordenador, una tablet, un teléfono móvil, etc.). De esta manera, el libro digital se corresponde con el mismo producto que cada editorial desarrolla en papel para las asignaturas que trabaja, pero con posibilidades interactivas adicionales. La digitalización de la educación se ha promovido desde las propias administraciones públicas, según recuerda la CNMC.
Tal y como explica Competencia, las editoriales mediante su participación en un Comité Técnico en el seno de Anele llegaron a "pactos para la homogeneización" de condiciones de comercialización del libro digital. Concluye que con esta práctica se fijaron condiciones tales como el precio, la duración de las licencias, su no utilización por parte de repetidores y hermanos y el que no se permita descargar contenidos offline.
Por todo ello, la CNMC considera acreditada la existencia de una "infracción muy grave" de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratamiento de Funcionamiento de la UE.
Son responsables, además de la asociación Anele, a la que impone una sanción de 130.000 euros, las comercializadoras de los grupos editoriales SM, Anaya y Santillana, junto con Edebé, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación, la editorial Teide y Edición del Serbal. Estas empresas han sido sancionadas en distintas proporciones con 1.362.000 millones.
La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, al poco de conocerse la noticia, remitió un comunicado en el que expresaba su "estupefacción" ante la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que aseguran que "valida prácticas que podrían dar lugar a situaciones de soborno y corrupción en la selección y prescripción de libros de texto, que perjudican a las familias y aumentan el precio del material educativo y, sobre todo, muestra un claro desconocimiento del funcionamiento de un mercado como el de los libros de texto".
Tras defender que ni la asociación, ni ninguna de las empresas asociadas, han incurrido en prácticas contrarias a la competencia, considera la sanción arbitraria e injusta e interpondrá, por ello, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, desde la asociación explicaron que "esta resolución está relacionada fundamentalmente con la elaboración, aprobación e implementación de un Código Ético del sector".
Dicho Código Ético, dicen, además de ajustarse a la normativa que regula el sector, está fundado en recomendaciones de organismos internacionales de prestigio como el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEPE) de la UNESCO, que reprueban el fraude en la distribución y adquisición o selección de libros de texto a través del “cohecho, regalos, favoritismo” y que abogan por pactos de integridad, como el aprobado por ANELE “para mejorar la transparencia y garantizar que se seleccionan los mejores recursos, de mejor calidad y al mejor precio”.
El Código de Conducta sigue, igualmente, añade, las prácticas establecidas por códigos similares aprobados en otros países (como en Italia o EE.UU), o de otros sectores que cuentan con una comercialización por prescripción similar, como el farmacéutico; y responde al interés general de erradicar prácticas nada éticas, y tipificadas penalmente, como la solicitud o entrega de regalos, obsequios y productos de todo tipo a los docentes y centros de enseñanza como contrapartida a la selección que, cada año, realizan de los libros de texto que deben utilizar los alumnos. Según ellas se puede afirmar, pues, que se sanciona al sector por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza.
Desde Anele también señalan que la investigación de la CNMC se produjo tras la denuncia de una editorial (Vicens Vives) que, explican, "tras haber participado en la redacción e implementación del Código de Conducta, decidió meses más tarde no someterse a lo establecido en el mismo e incumplir los principios básicos y éticos recogidos en el Código".
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