La retirada del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales ha dado un respiro a las organizaciones colegiales. Pero las recomendaciones de la UE, de la OCDE y el FMI cuestionan su existencia. Para sus defensores son garantes de las buenas prácticas en beneficio de los ciudadanos, mientras que para sus críticos representan un vetusto interés gremial resistente al libre mercado. Un abogado y un economista abordan la necesidad de la colegiación en época de desregulación
VALENCIA. Los aires liberalizadores de Bruselas los tienen en su punto de mira. Entre sus recetas para equilibrar la balanza de los países miembros, la Comisión Europea urgía en mayo a España a liberalizar sus colegios profesionales en aras de la libre competencia y la unidad de mercado, al nivel de prioridades de calado como la reducción del déficit, los desafíos del mercado laboral y la reforma bancaria. Esa llamada de atención llegaba en forma de recomendaciones un mes después de la retirada del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, con el que el Gobierno de Rajoy pretendía limitar la colegiación obligatoria a 38 profesiones, frente a las 80 actuales reguladas, y armonizar las cuotas colegiales.
Herederos de los antiguos gremios medievales, aquellos que con cuños y emblemas aseguraban las buenas prácticas del oficio en el traspaso endogámico de padres a hijos, los órganos colegiales constituyen hoy una buena parte del trabajo más cualificado en nuestro país. Sus afiliados, muchos de ellos con formación universitaria y puestos de responsabilidad y relevancia en la toma de decisiones en el ámbito del derecho, la medicina, la técnica o la economía, representan el 9% del PIB, el 6% del empleo y el 45% del empleo universitario.
Tocar ese brazo económico y social desde el Estado resulta una tarea delicada, sobre todo si es época electoral. Los profesionales colegiados, un colectivo de nivel adquisitivo medio o medio-alto, encarnan el estrato de votantes concienciados con voz en tribunas y foros públicos. Una realidad que complica al Gobierno el equilibrio entre dos bazas, la de la línea trazada por la directiva europea Bolkenstein, y la de los entes colegiales, cuando en apariencia no se quiere enfadar a ninguna de las partes.
Bonmatí: «La UE no está en contra, sólo dice que deben controlarse ciertas profesiones e impedirse barreras de acceso»
La marcha atrás del anteproyecto de ley no ha sido una victoria de los colegios, observa Rafael Bonmatí, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). «El gobierno no se ha echado atrás por nuestra capacidad de persuasión. Es año electoral y no quieren pisar callos. Alguien ha podido pensar que se metía en un jardín cuando muchos le decían que ésa no era la dirección correcta».
Bruselas no dice lo que el PP dice de Bruselas, sostiene Bonmatí. «La Unión Europea no está en contra de los colegios, sólo dice que debe haber un control sobre determinadas profesiones e impedirse que los colegios actúen como barrera de acceso con las cuotas o el cobro de servicios ajenos al ejercicio de las funciones delegadas por la administración. Pero tener un club de golf no es lo mismo que sostener la deontología, el turno de oficio, un seguro de responsabilidad civil de hasta 300.000 euros en caso de negligencia o un departamento de honorarios que debe emitir 800 dictámenes gratuitos al año».
En su oposición a la normativa española, los colegios no tratan de defender un cortijo ni ser un lobby, arguye el decano de los abogados de Valencia, sino garantizar los servicios esenciales y proteger a los ciudadanos de los desaprensivos. «No importa quién controle las potestades, sino que no se eliminen. Las teorías neoliberales del ministro De Guindos quieren quitar ese control con la excusa de la UE, pero no podrá asumirlo. El ICAV se gasta la mitad de su presupuesto anual —de siete millones de euros— sólo en potestades administrativas ¿La Administración podrá asumir ese coste en estos tiempos? Es inexplicable que no lo sepan ver. Ahora bien, agradecemos que haya rectificado el error».
Para el economista José Antonio Bravo, la acción colegial por amortiguar las normativas españolas transpuestas de la directiva europea encubre la barrera de entrada a profesionales de fuera. «No es lógico que se intente homologar los títulos españoles en cualquier país de Europa y, sin embargo, se exija a cualquier europeo pagar cuotas en los colegios españoles cuando ya las pagan en la asociación de su país. Hay que abrir el mercado para que cualquier profesional ejerza sin trabas donde sea».
Ninguna sociedad puede prosperar sin contentar a sus sectores profesionales con el fomento del Estado, observa Bravo. «El problema es que la UE pide un cambio y muchos colegiados también lo desean, como lo expresan en las elecciones colegiales. Las guerras dentro de los colegios buscan liberarse de las presiones de las cúpulas para mejorar los servicios a los colegiados y que éstos los vean útiles. Al igual que la gente deja de sentirse parte de la sociedad cuando no es escuchada, los colegiados también piden cambio».
Afiliado al Colegio Oficial de Economistas de Valencia (COEV), Bravo apoyó la lista crítica en las agitadas elecciones parciales de diciembre, que alumbraron una junta directiva bicéfala con un saldo de enfrentamientos y querellas. «No ha sido una toma de poder, sino el deseo de querer cambiar ciertas formas de hacer las cosas. En nuestro caso, es necesario crear estructuras comarcales, llevarlo todo al siglo XXI con redes sociales y cursos online y fomentar la participación del colegiado».
La politización de las luchas intestinas en los órganos colegiales erosiona el sentimiento de pertenencia de los colegiados, apunta este economista. «Sin pluralidad, los colegios se condenan a perder asociados. Un error de muchos colegios ha sido abrazar al gobierno de turno. Pero eso es como abrazar a un oso. Ya no pueden suceder escándalos como el de la placa y la colegiación honorífica concedidas por el COEV a Rodrigo Rato, para pasar la vergüenza de quitarlas después. Una cosa es la amistad personal y otra defender los derechos».
A falta de recursos en la administración de justicia, el control administrativo sobre los oficios justifica la propia existencia de los colegios profesionales. Pero no hace falta un ente de derecho público con carácter privado para cumplir esa función, como ilustra el caso de las Cámaras de Comercio, apunta Bravo.
«Las Cámaras parecían ir al desastre cuando se impuso el pago voluntario. Sólo han dejado de percibir un dinero privado y reciben dinero público para mediar en el comercio exterior y conceder visados, el terreno donde deben jugar, pero no lo habían hecho. Los colegios también deben pasar por ese cambio. Las juntas directivas podrían jugar un papel proactivo y no esperar a que les den una nueva función», afirma este economista.
Bravo: « no pueden ser entes arcaicos que protejan a una cúpula en detrimento del pequeño ejerciente»
Frente a los detractores acérrimos, el decano del ICAV rechaza que se tilde de «guetos clasistas» a los entes colegiales. «Ha habido mucho faraón con ideas medievales usando los colegios como clubes de amigos. Pero no somos cotos elitistas con intereses ocultos, sino una administración sui generis con las cuentas auditadas, a diferencia de las consellerias, y un funcionamiento absolutamente democrático. La potestad sancionadora de las comisiones deontológicas, que los colegios hacen gratis, funciona bastante mejor que cualquier oficina municipal de consumo».
El letrado Bonmatí, que también preside la Unión Profesional de Valencia, un colectivo que comprende 35 entes profesionales y 90.000 afiliados, no teme a que los colegios se diluyan en el asociacionismo. «El carácter público es la esencia de los colegios. Pero como clubes o asociaciones puede haber tantos como se quiera. La toga, la bases de datos y los seguros a buen precio que ofrece el ICAV a sus colegiados pueden prestarlos una asociación o un club, pero un colegio es algo más».
La clave del mantenimiento de los colegios profesionales pasa por definir en qué profesiones tendrían sentido. Bonmatí y Bravo avienen que sólo serían necesarios para regular las profesiones jurídicas, médicas y técnicas, por razones de interés general para la sociedad. «Los colegios no pueden abarcar la complejidad del trabajo de un economista, de un periodista o un publicista, donde hay tanto intrusismo. Hace falta una asociación que defienda los derechos de la profesión, no un ente arcaico con más intereses privados que públicos, que protege a una cúpula en detrimento del pequeño ejerciente», matiza el economista.
Partidario de la colegiación voluntaria, Bravo defiende el examen de habilitación colegial histórica hasta la entrada en vigor de la llamada ley Ómnibus de 2009, fue para Bonmatí una decisión acertada. «Los precios nunca han sido una razón de ser de los colegios. La recomendación es una práctica restrictiva de la competencia. El mercado debe poner a cada uno en su sitio y el pacto de precios debe ser libre en todos los sectores, a excepción, en el caso del derecho, de la tasación de las costas, donde es necesario tener referencias».
Para Bravo, lo importante es que cada profesional conozca el precio que se maneja en el mercado y sepa jugar con sus propios costes. «Sigue habiendo normas en los colegios, por ejemplo, sobre cómo no trabajar a pérdidas. La recomendación puede ser una barrera de mercado, pero eliminarla del todo ultraliberalizaría el mercado. Unas tarifas apreciativas podrían ayudar a los más jóvenes, que pueden competir con sus costes frente a los grandes despachos, sin necesidad de tener bufete, ni trabajadores, ni grandes infraestructuras informáticas».
El economista colegiado del COEV asevera que, a su juicio, «hay que crear valor a base de rebajar costes para bajar los precios al cliente, y los colegios deben jugar su baza en ganar colegiados reduciendo las cuotas. Incluso podrían ser a coste cero para todos los que empiezan.
(Este artículo se publicó originalmente en el número de septiembre de la revista Plaza)