Foto: EVA MÁÑEZEl líder socialista necesita el apoyo, entre otros, de Compromís, para ser presidente. Es hora de exigirle a cambio algo más que un grupo parlamentario, algo para los valencianos
Pedro Sánchez es ahora mismo el candidato con más posibilidades de ser presidente del Gobierno, por descarte de las otras opciones que deja la fragmentación del Congreso de los Diputados. Esto es así, y se explica con un poco de política ficción.
La otra vía que evitaría elecciones en mayo es la llamada grosse koalition, que pasa por la abstención de PSOE y Ciudadanos para que Mariano Rajoy sea investido con sus 122 diputados –descontado el presunto corrupto De la Serna–, lo que encumbraría a Pablo Iglesias como jefe de la oposición. Por eso los socialistas aseguran que votarán en contra. Cabe la posibilidad, eso sí, de que en el último momento Rajoy haga como Artur Mas, el PSOE emule a la CUP y acabe de presidente un puigdemont del PP. Presiones de los poderes fácticos en esa dirección no van a faltar.
La tercera salida es la convocatoria de elecciones en mayo, que beneficiaría al PP tanto como perjudicaría a Ciudadanos. Albert Rivera hará lo posible por evitarlo porque sabe que los votantes de centro derecha van diciendo por ahí que la broma se ha acabado.
En cuanto a la izquierda, la repetición de elecciones beneficia a priori a Podemos y perjudica al PSOE, pero dos meses de mascarada y otros dos de campaña electoral pueden cambiar el resultado. Dependerá de a quién echen la culpa sus votantes de que la izquierda haya sido incapaz de ponerse de acuerdo, como ocurrió con el frustrado –por Rosa Díez– pacto entre UPyD y Ciudadanos, que acabó con la formación magenta. El baile ha empezado con Iglesias tendiendo una mano a Sánchez y atizándole con la otra, por lo que pueda pasar.
Sánchez puede ser presidente si consigue el apoyo de Podemos y la abstención de Ciudadanos. Este apoyo de Rivera tiene una línea roja muy clara: que el pacto con Podemos no incluya ninguna cláusula que huela a independentismo, como ese referéndum en Cataluña que para Iglesias ya no es imprescindible.
Sánchez también hace guiños a los independentistas catalanes por si necesita sus votos o su silencio. Solo así se explica que haya cedido a ERC y la antigua Convegència dos senadores socialistas para que tengan grupo parlamentario. Uno de ellos es valenciano –regalito de Sánchez a Ximo Puig–, como si el PSOE no tuviera suficientes senadores catalanes.
El verdadero obstáculo para el líder socialista es que no debe negociar sólo con dos partidos, Podemos y Ciudadanos, sino con cinco, contando a los socios de Iglesias. Y ahí es donde entra en juego Compromís, del que uno espera que condicione su voto a algo más que a tener grupo parlamentario. A algo para todos los valencianos.
Por ejemplo, a cambio del compromiso de Sánchez de retirada inmediata de los tres recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno central interpuso contra tres leyes civiles valencianas. Un recurso que amenaza algo más, mucho más, que el contenido de esas tres leyes.
Si el Constitucional anula estas normas que están en vigor –de régimen económico matrimonial, de uniones de hecho y de custodia compartida–, sentenciará a la Comunitat Valenciana a no poder legislar en materia civil, algo que sí se reconoce al resto de territorios de la antigua Corona de Aragón y a Navarra, País Vasco y Galicia. La reforma del Estatut de 2006 reconoció este derecho a los valencianos, y de ahí estas tres leyes, pero el Gobierno –primero el de Zapatero y ahora el de Rajoy– interpretó que no era así.
La llamada ley de custodia compartida es un buen ejemplo de las consecuencias. Salió adelante en 2011 con los votos a favor de PP y Compromís y en contra de PSPV y EUPV. Las Corts pueden cambiarla en cualquier momento en función de las mayorías existentes, pero si el Constitucional la anula, se acabó el debate valenciano, será lo que diga el Congreso de los Diputados. En esa y en otras normas de tanta repercusión como la de régimen económico matrimonial.
El fallo del Constitucional parece cercano –y no favorable, apuntan desde Madrid–, mientras la Associació de Juristes Valencians (AJV) trata de movilizar a la ciudadanía y a los partidos sobre lo que está en juego. Su objetivo, que el Gobierno retire el recurso, como ya ha hecho en otras ocasiones tras negociar con vascos o catalanes. De momento, la AJV tiene el respaldo de una quincena de ayuntamientos. También el de Valencia Plaza. Falta el de los políticos, falta el de Compromís, el de Mónica Oltra, quien podría convencer a Iglesias para imponer esta condición a Sánchez, para demostrar algo de ese poder valenciano que nunca hemos tenido. Es una idea.
El Ayuntamiento de Valencia derribó en 2007 parte del complejo de la antigua fábrica de Tabacalera, hoy sede de oficinas municipales. Lo hizo, según una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, “contraviniendo el interés público de conservación de un conjunto industrial protegido y con el único objetivo de generar suelo para una operación especulativa”, de la que salió beneficiado el constructor Enrique Ballester, en lo que fue “una terminante violación de las normas de protección”.
El pelotazo que escandalizó a los mismísimos promotores por su grosería, y mira que entonces se hacían tropelías, termina así, justo diez años después de ser aprobado –y recurrido por Salvem Tabacalera, entre otros–, con una sentencia que anula aquella decisión pero que no sirve para nada, ni siquiera para sacar los colores a la senadora Rita Barberá.
