Tabacalera, Sidi Saler y el edificio de Hacienda: tres litigios que resolverá 2025 en València
12/01/2025 -
VALÈNCIA. Tres líos judiciales del Ayuntamiento de València se esperan resolver durante 2025. Se trata de asuntos con historia en el Cap i Casal y que han acabado en los tribunales por disputas, bien con empresas privadas o bien con el Gobierno, y de cuya resolución dependerá qué pasa de ahora en adelante con tres conocidos edificios en la capital del Túria.
El embrollo urbanístico de Tabacalera, con raíz en la época del gobierno de Rita Barberá; la controvertida reapertura del antiguo hotel Sidi Saler y la disputa del Ayuntamiento y la Diputación por el edificio de la antigua delegación de Hacienda, que aspira a quedarse el Gobierno central, marcan tres de los frentes judiciales del consistorio y su desbloqueo, esperado para este año, permitirá al Ayuntamiento aclarar el futuro de los inmuebles.
El embrollo de Tabacalera
Una de las disputas pendientes más conocidas es la del edificio de la antigua Tabacalera, reconvertida a oficinas municipales. Un pulso que el Ayuntamiento mantiene con la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa), después de que la justicia anulara en 2015 el 'pelotazo' de Tabacalera que supuso la permuta de parte del complejo industrial por suelo municipal. El TSJ tumbó la operación por desprotección de las naves industrales y desde entonces, la compañía y el consistorio no se ponen de acuerdo en cómo liquidar las cuentas del embrollo resultante.
El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo inadmitió el último recurso de Igsa en este procedimiento, que solicitaba a la justicia que el Ayuntamiento le devolviera el complejo de Tabacalera y se lo expropiase (pago millonario mediante), así como la devolución de 14,4 millones de euros que había pagado la firma al erario público en el intercambio. En total, desde Igsa se reclamaban 50 millones de euros por la anulación del plan urbanístico mientras que el Ayuntamiento, ya el pasado mandato con la edil Sandra Gómez al frente de Urbanismo se consideró esta exigencia como desproporcionada.
En ese sentido, el Ayuntamiento sólo reconoce la deuda de 17,2 millones de euros, el valor de expropiación del complejo de Tabacalera donde ahora se ubican oficinas municipales, y otros 6,75 millones de euros por un solar posterior que la compañía no pudo edificar. Cuantía, esta última, que el consistorio ya ha abonado. Sin embargo, todavía queda un procedimiento judicial en marcha, según explicaron fuentes consistoriales a este diario.
La firma presentó un contencioso ante la justicia por responsabilidad patrimonial de la administración en la anulación de la permuta. Como los conceptos que solicitaban son prácticamente duplicados con los del incidente de ejecución de sentencia que han perdido recientemente, el magistrado ponente, que era el mismo, decidió suspenderlo, y así estuvo hasta la sentencia del Supremo. Una vez terminado el incidente de suspensión, lo previsibles es que se levante y se resuelva con un criterio similar, algo que todavía no se ha producido.
Por su parte, cabe recorda que el Ayuntamiento de València está obligado por la sentencia de 2015 a reconstruir parte de las naves derruidas en la operación -dado que se desprotegieron de manera ilegal-. Para ello, tendrá que eliminar parte de los jardines construidos, y trasladarlos al solar baldío posterior. Aunque por el momento, el consistorio no ha anunciado cuándo lo hará.
La reapertura del Sidi Saler
Otro caso en el aire es el del antiguo hotel Sidi Saler, clausurado desde el año 2011. Sus propietarios, las mercantiles Divarian y Coral Homes, tenían dos litigios en marcha con el Ayuntamiento después de que la concejalía de Actividades, dirigida el pasado mandato por Lucía Beamud, declarara la caducidad de la licencia por inactividad y también rechazara el permiso para el proyecto de reapertura del histórico complejo turístico.
En el primer caso, el juzgado falló también el pasado mes de octubre rechazando el recurso presentado por los dueños del hotel, donde alegaban que no habían podido poner en marcha nuevamente el hotel porque la concesión de dominio público por parte de Costas llegó en 2020, tras lo cual se produjo la crisis del coronavirus que, unido a la complejidad del proyecto, dificultó su desarollo. También alegaba desviación de poder del Ayuntamiento achacando la decisión adoptada a una estrategia del gobierno dirigido por Joan Ribó, que había manifestado su intención de que se derribase el complejo.
El juzgado no vio justificable el retraso de los dueños en poner en marcha el complejo porque hubo parálisis entre 2011 y 2019 y no se solicitó la concesión hasta 2018. Tampoco vio desviación de poder porque "la ubicación de un hotel en un parque natural necesariamente supone una controversia de naturaleza política que puede transcurrir en paralelo al ejercicio de la potestad administrativa". A falta de saber si ha habido recurso por parte de la propiedad, sigue en marcha otro procedimiento sobre la nueva licencia.
El Ayuntamiento rechazó el permiso de obras para rehabilitar el edificio al situarse en situación fuera de ordenación sustantiva, una calificación que impide a los propietarios llevar a cabo obras más allá del mantenimiento y conservación y que depende especialmente de la incidencia ambiental del edificio. Las promotoras, además de insistir en la existencia de desviación de poder, presentaron un estudio que cuestiona el impacto ambiental del hotel. Informe que el Ayuntamiento busca desacreditar al considerarlo un intento a la desesperada por evitar la situación de fuera de ordenación sustantiva.
El nuevo ejecutivo local, dirigido por María José Catalá (PP), ha expresado su voluntad de que se reabra el establecimiento hotelero con distinto al concepto habitual, "con un componente mucho más social y medioambientalmente mucho más respetuoso", para lo que requerirá una licencia "diferente" a la que tenía antes como "hotel al uso". Así, aunque la alcaldesa señaló que la caducidad de la licencia anterior "era correcta" rechaza la demolición del edificio y defiende "un proyecto diferente".
Acció Ecologista-Agró denunció que reabrir el edificio "supondría unas molestias acústicas, lumínicas y de tráfico que generarían un cambio sustancial para el parque natural" de la Devesa-Albufera situado en este entorno "y para los vecinos" de la zona, e hizo público que el proyecto de rehabilitación del Sidi Saler está diseñado para poder recibir hasta a 3.664 personas, de las cuales 824 serían huéspedes y el resto, dentro de los tres salones de banquetes previstos, tres restaurantes, bares y cafeterías.
La batalla por el edificio de Hacienda
El contencioso más reciente es el de la antigua delegación de Hacienda. El Ayuntamiento de València y la Diputación de Valencia se disputan con el Gobierno central la propiedad del inmueble, para cuya construcción las administraciones valencianas cedieron el suelo. Desde 2016, el Ministerio de Hacienda mantiene cerradas las instalaciones, donde hubo desprendimientos del techo, para trasladarse a otra ubicación, y ha intentado cambiar su uso al hotelero para venderlo.
Dos años después de la clausura, el Ministerio procedió a la desafectación del inmueble de la Agencia Tributaria, lo cual motivó que las instituciones valencianas reclamaran al Ministerio la reversión de esta cesión, solicitando la copropiedad del mismo al 60% para el Ayuntamiento y el 40% para la corporación provincial. La parcela en disputa cuenta con 2.316 metros cuadrados de superficie, y en 1951 se cedió gratuitamente para erigir el edificio, que dispone de 10.795 metros cuadrados construidos.
Ayuntamiento y Diputación insisten en que se acordó la cesión incluyendo la condición de que si se dejaba de emplear para el fin predefinido, acabaría "revirtiendo en caso contrario el dominio de la expresada parcela a las corporaciones donantes". Una "condición impuesta" que, sostienen, el Ministerio de Hacienda aceptó en su momento.
El Ayuntamiento de València, gobernado el pasado mandato por Compromís y PSPV, tenía la intención de ubicar en el inmueble oficinas municipales, para lo que valoró la inversión necesaria en 22 millones de euros: 12 millones para la reforma integral del edificio y su habilitación para el nuevo uso y otros 10 millones para la adquisición del mismo. La recuperación del suelo por parte de las administraciones valencianas supondría, por tanto, abaratar el coste previsto. Si bien el nuevo ejecutivo local de PP y Vox todavía no han aclarado a qué se acabaría destinando.
El litigio continúa en los tribunales. Tras una sentencia del TSJ, emitida el pasado mes de julio, donde daba la razón a las administraciones valencianas, el Gobierno central ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es quien ahora debe decidir cómo se resuelve la disputa. El Gobierno expone otros casos que considera similares para sostener su postura, si bien Ayuntamiento y Diputación niegan tal similitud.
