València durante la primera fase de la desescalada del confinamiento. Foto: KIKE TABERNERDurante la situación de crisis sanitaria se registraron casi 14 millones de contagios y más de 122.000 muertes, de las cuales un 8,65% se produjeron en la Comunitat Valenciana
VALÈNCIA. "Acabo de comunicar al Jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país". Así iniciaba el presidente del Gobierno Pedro Sánchez una comparecencia que cambiaría la realidad tal y como la conocíamos hasta ese momento. Era el viernes 13 de marzo de 2020. Ese mismo fin de semana empezaba el confinamiento.
Se planteó en un principio una duración de 15 días, que más tarde se convirtieron en meses, y acabó que cambió las prioridades de absolutamente todas las personas. La pandemia implicó esfuerzos sanitarios, políticos, sociales y económicos. También dejó para la posteridad líos con hospitales de campaña, el suministro de material y otras decisiones políticas que intervinieron, de forma positiva o negativa, en la gestión de la crisis sanitaria.
La sociedad tuvo que formarse en los nuevos vocablos que explicaban esta situación: "La gente quiere saber los significados que acompañan a esta nueva realidad", aseguraba la RAE en un comunicado a finales de abril de 2020. De hecho, términos como confinado, morgue, moratoria, asintomático, infestar, disnea o intubar, estuvieron entre los más buscados en el Diccionario de la Lengua Española durante los días más duros del confinamiento. A ellos se sumó especialmente un término jurídico: ERTE. La pandemia supuso para muchos caer en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que amortiguó el impacto de esta parada generalizada sobre los principales sectores económicos.
El 4 de julio de 2023 se acordó en el Consejo de Ministros el fin de la situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Tras la publicación de la orden un día después concluía la vigilancia de la pandemia y la actualización del panel que registraba casos y muertes. Aunque el control se mantiene mediante los informes SiVIRA, el último informe Covid-19 en España cuenta con datos a fecha de 5 de julio de 2023.
La crisis sanitaria se dividió en siete períodos distintos. Durante todo este tiempo se registraron casi 14 millones de contagios, de los cuales más del 20% eran de personas mayores de 60 años. Los hospitales españoles atendieron poco más de 682.000 hospitalizaciones y 56.000 ingresos en UCI, y 122.057 personas fallecieron a consecuencia del Covid-19. En la Comunitat Valenciana se notificaron 10.553 defunciones, un 8,65% del total.
Aunque con el fin de la crisis se planteaba acabar con la situación de emergencia provocada por la pandemia, no se puede olvidar que la Covid-19 ha cambiado nuestras vidas en varios aspectos. Entre otras cuestiones, ha evidenciado el déficit de recursos y personal sanitario, así como los problemas de salud mental que afectan desde las primeras franjas de edad. Además, ha dejado a más de 1,5 millones de españoles con una enfermedad para la que todavía no hay cura: la covid persistente.
En la Comunitat Valenciana, Sanidad ha contado históricamente con un gran peso del presupuesto autonómico, entre un 35% y un 40% aproximadamente. En 2020, se presupuestaron 6.765,08 millones de euros, el 39,9% del presupuesto de la Generalitat. Una cifra que se vio completamente alterada por la pandemia, pues el Consell acabó ejecutando 8.148,44 millones de euros, un 20,45% más de lo planteado a inicio del ejercicio.
Tras este aumento estuvo la compra de material, la adaptación y mejora de las infraestructuras y la contratación de personal, tal y como se desprende de la memoria de gestión de Sanidad de 2020. En concreto, la plantilla creció en 9.250 personas hasta los 63.874 profesionales. Una cifra que se ha mantenido tras las primeras olas de la pandemia y que incluso ha crecido ligeramente hasta las 64.581 de 2022, último año del que se ha publicado memoria de gestión.
Regina Camps, médico de familia, vicesecretaria del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) y directora de la Oficina de Atención Social (OAS), matiza: "Se amplió mucho el personal a nivel administrativo. A nivel sanitario, menos". No obstante, sí explica que los centros de salud tienen en la actualidad entre un 5% y un 10% más profesionales que antes de la pandemia.
"Es más fácil contratar administrativos que contratar médicos por un tema de oferta. Las bolsas de trabajo de los administrativos están llenas y las de los médicos están vacías", explica esta médico de familia que desarrolló su trabajo durante la pandemia en un centro de salud de València.
Camps recuerda que esta situación sanitaria llegó en un momento de "déficit" de profesionales agravado con el paso de los años "sobre todo en médico de familia, que no es una de las profesiones más queridas a la hora de estudiar una especialidad".
Sobre la propia pandemia, la vicesecretaria del ICOMV explica que provocó "un colapso total" que exigió "un poco más de recursos materiales, humanos y de estudios". "Al principio sí que es verdad que nos faltaban recursos de batas, de mascarillas, de pantallas, de gafas, pero era difícil tenerlas en ese momento. A partir de esos primeros meses ya no había carencia y disponíamos de material suficiente para atender a los pacientes", asegura Camps.
Sobre los efectos de la pandemia y el futuro del Covid-19, esta profesional cree que el "recuerdo" y los "efectos" provocados por el aislamiento y la falta de sociabilidad va a perdurar, especialmente entre las personas de mayor edad. Además, señala: "Se nos ha quedado el miedo por nuestra salud y la inmediatez por saber lo que nos pasa de hoy para ayer".
Camps incide en esta última cuestión, sobre la que lamenta el impacto de las nuevas tecnologías que, a su parecer, "no ayudan en esto". "Doctor Google está ahí y parece que tiene todos los conocimientos y que los demás sanitarios no los tengamos. Es una lucha que vamos a tener", considera.
Sobre la vuelta de las mascarillas el pasado mes de enero, la vicesecretaria del ICOMV se muestra prudente y cree que la pandemia "ha modificado hábitos para bien, que son saludables". Uno de ellos es el hecho de utilizar mascarillas en momentos pico de contagio de virus.
"La vuelta a la mascarilla es para evitar enfermedades y evitar el contagio. Con esto vamos a prevenir y a evitar transmitirlas a nuestros médicos y nuestras familias", explica Camps, que remarca: "Se lleva por sentido común, por educación y por respeto. No es nada extraordinario llevar una mascarilla".
La pandemia de la Covid-19 causó un aumento del 25% en la prevalencia de ansiedad y depresión en todo el mundo. Así se desprende de un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2022 que pedía intensificar la inversión en la gestión de esta problemática y señalaba a las mujeres y los jóvenes como los colectivos más afectados.
Lo cierto es que el coronavirus evidenció otra pandemia, la de la salud mental, que hasta ese momento había permanecido en el anonimato pese a que los suicidios son la primera causa de muerte no natural en España desde 2007, cuando desplazaron a los accidentes de tráfico del primer puesto. "La pandemia y el confinamiento ha servido como un acelerador de mucha patología que estaba creciendo, que cada vez era más frecuente e intensa, pero que pasaba desapercibida", valora Francisco Santolaya, presidente del Col∙legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana (COPCV).
Santolaya recuerda que la salud mental "ha sido muy descuidada" a nivel mundial e históricamente "no se han destinado los recursos económicos y de personal necesarios". Además, recuerda que en el caso de España se parte con el "déficit" de tener cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes frente a la media europea de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
El presidente del COPCV no solamente se centra en la situación anterior a la pandemia, sino también en la provocada por la propia crisis sanitaria. Sobre esto, explica que el confinamiento tuvo "sin lugar a dudas" un gran impacto en la salud mental debido a "la ruptura de las relaciones personales" que provocó. Una situación que se mantuvo debido a "la continuidad del uso de la mascarilla y el distanciamiento".
En 2020 se registraron máximos de suicidios en España, superando las cifras de 2014. En concreto, 3.941 personas fallecieron por esta causa. Desde entonces la tendencia ha ido en aumento y en 2022 se alcanzaron los 4.227 suicidios. Todo ello según las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde 2019, ha aumentado un 15,15% el número de muertes por esta causa en España, mientras que en la Comunitat la tendencia se ha mantenido estable, pues en 2022 fallecieron cinco personas menos que en el año previo a la pandemia.
Si nos centramos en este último año en la Comunitat, se contabilizaron un total de 445 fallecimientos. Por provincias, Valencia fue la más afectada con 223 casos, seguida de Alicante con 169. En el caso de Castellón, se registraron 53 muertes por suicidio. Por edades, es la franja de mediana edad la más afectada por esta situación.
Lo que sí ha ido en aumento es el número de consultas en salud mental en la sanidad pública. De la privada no se tienen datos con los que poder contrastar. Como ya contó Valencia Plaza, el número de intervenciones creció en un 32,65% hasta 1.256.406 consultas. En este indicador cabe puntualizar que 2019 fue el mejor año del último lustro y que entre 2021 y 2022 apenas hubo un cambio de tendencia, tal y como queda reflejado en el siguiente gráfico.
Por su parte, el número de profesionales dedicados a este tipo de tareas también ha ido en aumento tras la pandemia, aunque no en la misma proporción que las consultas. En concreto, se ha pasado de 1.164 a 1.437 sanitarios, un 23,45% más. Por tanto, a pesar de tener mayor número de profesionales en nómina, la presión asistencial ha ido en aumento en los últimos años.
Ante "las consecuencias en el ámbito psicológico de la covid", la Generalitat Valenciana creó en abril de 2021 un comisionado de salud mental dirigido por el Catedrático de Psiquiatría en la Universitat de València, Rafael Tabarés. Desde este comisionado se dirigió la política en esta materia durante el gobierno del Botànic y se pusieron en marcha medidas como un Plan de Salud Mental, así como la formación para profesionales sanitarios y una unidad de prevención del suicidio en adolescentes.
Tras la llegada del PPCV al Consell, la figura del comisionado fue sustituida por la de la Oficina de Salud Mental y Adicciones, con Bartolomé Pérez al mando. Durante estos primeros meses de mandato, se ha creado un nuevo Plan de Salud Mental que prevé una inversión de 724 millones de euros hasta 2027 y la creación de dos nuevos observatorios. Pérez, que colaboró con el PPCV incluso antes de las elecciones, aseguró durante la presentación de este proyecto que no se trataba de "un programa ideológico", sino de "un plan de la Comunitat Valenciana".
Sobre este proyecto, Santolaya se muestra positivo: "Si realmente se siguió el plan como se presentó; dará buenos resultados". En este sentido, el presidente del COPCV cree que permitirá poner a la Comunitat "a la altura de otros países de Europa", aunque se muestra prudente y remarca que "la única manera de poder ver si realmente es eficaz" es atender a "cómo se va evolucionando" con estas medidas. "Hay que valorar el esfuerzo que está haciendo la Generalitat y ver cuáles van siendo los resultados del plan", añade Santolaya al respecto.
Tanto Tabarés como Pérez han centrado siempre la mirada en la prevención y en atender especialmente a los más jóvenes. En este último punto es, probablemente, en el que más se ha centrado Pérez desde su llegada. En este sentido, ha anunciado la inclusión de la salud mental en los informes de salud escolar, así como equipos de psicólogos dedicados a la orientación de los docentes. "No hay que actuar cuando sucede, sino cuando empieza a detectarse. Y el mejor instrumento, evidentemente, es la propia escuela y el informe escolar", declaró el pasado mes de octubre tras la primera reunión de la Comisión Interdepartamental de Coordinación de Salud Mental.
Estas últimas declaraciones coinciden con la mirada de Santolaya, que explica: "Hay que tener una mentalidad de prevención. Cuando una persona ha hecho un intento de suicidio, ya hemos llegado tarde. Porque ya es todo mucho más complicado de tratar". Por ello, incide: "El secreto para que las cosas estén bien es hacer una política preventiva en jóvenes".
Ayuda al suicidio
Ante cualquier indicio de conducta o ideación suicida, el Gobierno de España cuenta con el teléfono 024 para atención a los afectados, mientras que desde el tercer sector se cuenta con herramientas como el Teléfono de la Esperanza, cuyo número es: 717 003 717 a nivel nacional y 963 916 006 a nivel autonómico. Todos ellos son gratuitos y confidenciales y actúan de forma ininterrumpida los 365 días del año. Desde el Ministerio de Sanidad advierten que, ante una "emergencia vital inminente", se contacte directamente con el teléfono de emergencias 112.
Para los más jóvenes, el Teléfono de la Esperanza también cuenta con Conéctate.social, una herramienta de chat, correo y teléfono orientada a los jóvenes, "que cada vez registra más usuarios". Una solución similar a la anunciada recientemente por el Ministerio de Sanidad, que incorporará un chat en la línea 024 para intentar hacer más sencillo el contacto de la gente joven con la asistencia al suicidio.
Más de millón y medio de españoles se han contagiado de Covid-19 y no han dejado de sentir sus síntomas. Es lo que se conoce como covid persistente y que el Ministerio de Sanidad define como un "síndrome que se caracteriza por la persistencia de síntomas de Covid-19 semanas o meses después de la infección inicial, o por la aparición de los síntomas tras un tiempo sin ellos". Se trata, en definitiva, de una enfermedad que afecta a aproximadamente un 10% de las personas contagiadas y cuyos efectos dependen de cada caso concreto.
"Estas personas siguen teniendo una gran afectación de sintomática que puede abarcar a todo el organismo con más de 200 síntomas diferentes y que afectan a su estado funcional y a su calidad de vida desde el desempeño laboral hasta la vida familiar o de ocio", explica la presidenta de la Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP), María Pilar Rodríguez.
Entre las personas que lidian con esta enfermedad se encuentra María García, una valenciana de 44 años que se ha contagiado por Covid-19 en tres ocasiones. La primera fue en julio de 2021, el mismo día en el que le fue administrada la segunda dosis de la vacuna. "Mi cuerpo reaccionó como si tuviera un doble contagio. no solo me contagié, sino que además había otra simulación de contagio por la vacuna", detalla esta afectada
Desde agosto de 2021 García no ha dejado de tener los síntomas, aunque de forma "cíclica". "Hay momentos en los que tengo una sintomatología de base llevadera que me permite hacer una vida más o menos normal, y momentos de pico en que esa sintomatología empieza a crecer y llega hasta la incapacidad total", detalla. La afectada asegura que en ocasiones debe estar tumbada y es incapaz de tener los ojos abiertos a la misma vez que habla o incluso sostenerse en pie. "Me deja unos dos, tres, o con suerte diez días tranquila, y otra vez empieza el ciclo", incide.
En el momento en el que atiende a Valencia Plaza, García lleva 21 días en la crisis actual "tomando calmantes musculares y antiinflamatorios fuertes, porque si no, no podría hablar nada". "No hay algo que evite que a mí me pase esto. Solamente hay algo que hace que cuando me pase esto sea menos doloroso e incapacitante", lamenta esta paciente que vive con "incertidumbre" su enfermedad, dado el "desconocimiento" médico.
¿Qué atención reciben estas personas? Lo cierto es que, según explica la presidenta de la REiCOP, no existen flujos asistenciales definidos para la covid persistente. La atención ha dependido, en gran medida, de las unidades de atención al Covid. No obstante, estos organismos se crearon para atender las secuelas provocadas por la pandemia y no la covid persistente como enfermedad, por lo que muchos de ellos "están desapareciendo".
Esta enfermedad provoca un cambio en la vida social, laboral e incluso familiar de las personas afectadas. "Casi un 10% han tenido que dejar su trabajo y solamente un 15% lo desarrollan en las mismas condiciones que lo hacían previamente", asegura Rodríguez. "Estamos ante un gran problema social y sociolaboral", considera la presidenta de la REiCOP, que explica que la mayoría de los enfermos tiene entre 36 y 50 años de edad.
García asegura que su vida personal "se ha visto muy afectada". "Paso muchos periodos aislada, porque no puedo hablar. Hay días en que no se me oye nada, por lo que no puedo estar con mi familia o con mis amigos porque no me oyen", detalla. García también explica que esta enfermedad impide hacer cualquier plan a medio o largo plazo: "No puedo comprar billetes de avión con antelación e irme a viajar porque como me da muy poco tiempo de tregua, nunca sé si voy a estar bien. Entre una crisis y otra no puedo planificar".
García agradece haber recibido "muchísimo apoyo y comprensión" por parte de su familia, su pareja y sus amistades, pero lamenta el impacto que ha tenido en su vida laboral. "Trabajaba a un nivel enorme, con muchísima responsabilidad; y haciendo actos públicos con un nivel de salud imposible de sostener", explica. Esta exigencia le llevó a un momento "en que las crisis eran tan fuertes que los propios médicos me dijeron que me iba a matar". García tuvo que "tomar conciencia" de su enfermedad, dejar a gran parte de sus clientes y adaptarse a una nueva realidad en la que apenas tiene un tercio de sus ingresos anteriores.
En este sentido, lamenta la falta de "contraprestaciones económicas", especialmente en las personas asalariadas. En su caso, el hecho de ser autónoma le permite organizar su trabajo en función de su estado anímico y de salud, pero denuncia: "Hay unos auténticos dramas, unas injusticias enormes con personas que no pueden levantarse de la cama y las obligan a reincorporarse al trabajo. Cuando esas personas se reincorporan al trabajo, igual aguantan tres días hasta que se las tienen que llevar en ambulancia a un hospital".
La presidenta de la REiCOP destaca "avances" en cuestiones como los controles de los síntomas, rehabilitación y otra serie de terapias y fármacos que "ayudan a controlar los síntomas" y a hacer que el día a día de los pacientes "sea más llevadero y les produzca menos limitaciones". Rodríguez también destaca algunos ensayos científicos sobre fármacos, ninguno de los cuales "ha obtenido todavía resultados". "Tendremos que esperar a finales de año o primeros del año siguiente para tener resultados", afirma.
En este sentido, Rodríguez lamenta que las instituciones estén "mirando para otro lado" e "intentando registrar para no ver". "Independientemente de que miremos para otro lado, la situación existe y es la que es", denuncia la presidenta de esta organización. Unas declaraciones en las que coincide María García, que considera que "nadie desde las instituciones políticas está dando un paso al frente" en esta materia.
"Mientras no se encuentre una cura para esta enfermedad, ni siquiera un tratamiento, hay que darles una cobertura a los pacientes. Hay que permitirles alargar sus bajas, aunque sean casos excepcionales", reclama García. En materia de investigación, espera que "llegue el día en el que haya un tratamiento".
"Ojalá cuando llegue, sea para todos, independientemente de la capacidad económica de cada uno, esté al amparo de la seguridad social y al abasto de la sociedad", reclama García, que añade: "Estar en manos de los intereses de las farmacéuticas por una parte nos beneficia, porque somos un grupo con muchísima gente afectada, pero si deja de ser rentable dejarán de investigar".
Desde el REiCOP reclaman contar con un registro de personas enfermas y mayor apoyo a la investigación. "Nos gustaría estar en un escenario donde la COVID persistente tuviera curación o por lo menos que se pudiera controlar como una enfermedad crónica donde los pacientes pudieran seguir con su vida", valora la presidenta. Para ello, incide, es necesario "contar con el apoyo de las instituciones que son las que en último término son responsables del tratamiento y de la salud de nuestros ciudadanos".
