VALENCIA. El síndrome por la proximidad de las elecciones autonómicas no solo afecta a los partidos políticos que se la juegan en mayo de 2015. Uno de los principales 'tira y afloja' que tiene lugar en el Gobierno valenciano en estos últimos meses se produce entre diversas consellerias y la Abogacía de la Generalitat. La necesidad por parte de algunos departamentos de acelerar proyectos comprometidos choca con el deseo por parte de la mayoría de los funcionarios jurídicos de tenerlo todo muy atado antes de autorizar cualquier movimiento.

Así, en los últimos meses se viene repitiendo la situación cuando llega un caso delicado: la Abogacía se toma su tiempo y trata de asegurar al 100% la ausencia de riesgos en cualquier operación. Unos tiempos que no se corresponden con la acción política que pretenden las consellerias para cumplir con las actuaciones programadas. Conclusión: lo que unos consideran "seguridad jurídica" otros lo califican de "parálisis administrativa".

Los ejemplos en los que se han producido tensiones o retrasos son varios. La Conselleria de Economía se las vio y deseó para sacar adelante la externalización de Cacsa, debido principalmente a los problemas que podrían surgir a posteriori con la propiedad del suelo, una circunstancia sobre la que la Abogacía puso el acento. El análisis interno se prolongó durante meses, llevando al conseller Máximo Buch a un discurso permamente en el que el pliego se aprobaría "muy pronto". Un año después de la fecha prometida, el proyecto todavía no se había aprobado. Finalmente, salió a la luz una externalización descafeinada que se encontraba por debajo de las intenciones previstas.

La Conselleria de Hacienda también ha tenido que vérselas con la Abogacía. Cualquier asunto de relevancia debe pasar por el departamento jurídico: por ejemplo, los trámites relacionados con la Ciudad de la Luz y su venta, obligada por la Unión Europea tras declarar ilegal la inversión pública en su construcción. El pliego de condiciones para su salida al mercado sigue esperando mientras los plazos para cumplir con la obligación de la CE se agotan.

También han sufrido la "minuciosidad" de la Abogacía los pliegos de condiciones para la externalización de servicios. De hecho, Hacienda tuvo que volver a permitir a las consellerias licitar directamente sin la obligación de esperar a la concentración de todos los contratos ante las dificultades para hacerlo. La central de compras, que debía unificar estos servicios generando un ahorro en las cuentas, ha funcionado a menor ritmo del deseado por el departamento de Juan Carlos Moragues. 

De igual forma, la venta o alquiler de parte del patrimonio inmobiliario que la Generalitat prevé colocar en el mercado también se ha realizado más lento de lo previsto por la dificultad para recibir el visto bueno de la Abogacía a los pliegos de condiciones. En este terreno, en todo caso, el Consell ha conseguido colocar varios edificios en los últimos meses, especialmente el de la calle Colón 32 (antigua conselleria de Industria, hoy un Bershka) el de la antigua sede del Impiva, que será un Alehop, o la que fue embajada de la Generalitat en Madrid.

Las distintas fuentes consultadas por este periódico en diversos departamentos de la Generalitat vinculan los retrasos "a un exceso de trabajo" y a un cierto "miedo" ante las frecuentes visitas a los tribunales de ex altos cargos y funcionarios.

Esta última parte está directamente vinculada por el elevado número de casos vinculados a procesos administrativos -no necesariamente relacionados con la corrupción- que ya sean organizaciones sociales (que recurrieron las el copago para los dependientes), sindicatos (que ganaron el derecho a la paga extra) o los partidos políticos de la oposición, llevan a los juzgados con frecuente éxito.

Una situación de conflicto que, a juicio de diversos cargos del Consell, no puede desligarse a la proximidad de las elecciones. Como explicaba con sencillez a este diario un dirigente del segundo escalón del Ejecutivo, "se intuye que puede haber cambio de gobierno y nadie quiere complicarse la vida más de lo necesario".

LAS DERROTAS EN LOS TRIBUNALES, OTRA CAUSA DE MALESTAR

Precisamente el hecho de que muchos de los recursos que se presentan contra la Generalitat acaben en sentencia condenatoria para los intereses del Gobierno valenciano también es objeto de crítica en voz baja en el seno de ciertos departamentos del Consell. "Podríamos ganar algún juicio...", lamentaba una de las citadas fuentes. Las constantes condenas, por ejemplo, por negarse a dar documentación a la oposición han desgastado a algunos consellers que no ocultan en privado un cierto malestar por las derrotas en los tribunales. 

En este sentido, fuentes del Consell subrayan que el equipo que dirige Cristina Macías, abogada de la Generalitat, viene lastrado por una de las actuaciones más polémicas y precipitadas de la legislatura: el cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) tras la anulación del ERE. Un caso que apunta a alargarse durante años y en el que la Abogacía de la Generalitat, al margen de que pudiera cometer más o menos errores en el proceso, se vio obligada a abordar merced a una decisión política del presidente Fabra.