VALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha presentado en Les Corts un presupuesto "realista" de 602,64 millones de euros para 2025, ajustado a la situación provocada por la dana y a las nuevas competencias de su departamento, sin Interior. Sus prioridades son transformar y modernizar la justicia, proteger a las víctimas del delito, especialmente a las de violencia de género, y velar por el acceso a la justicia en condiciones de equidad.

En materia de Justicia, la mayor partida (95,95 millones) irá para mejora de infraestructuras, con 52,41 millones para las nuevas sedes de Sagunt, Villena, Xàtiva y Torrent, el edificio satélite de la Ciudad de la Justicia de València o avanzar en la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante. Otros 26,48 millones irán a reformar las sedes de Ontinyent, Orihuela, Torrevieja o Nules, ampliar la Ciudad de la Justicia de Castellón y concluir la rehabilitación del TSJCV.

También se han presupuestado casi ocho millones en equipamiento, 5,85 en sistemas de información e innovación y 3,18 en eficiencia energética. La titular de Justicia se ha marcado como objetivo, para final de 2025, implantar en todos los órganos el nuevo sistema de gestión procesal Just@.

Para personal se destinarán casi 25 millones (+8,5%), algo que la consellera ha ligado con el compromiso que alcanzó el Consell con los sindicatos para actualizar el complemento autonómico transitorio. Habrá tres nuevas líneas de 10.000 euros para los criminólogos, gestores administrativos y graduados sociales.

Se destinarán 800.000 euros a ayuntamientos para mediación de proximidad y 1,1 millones de euros para el mantenimiento de los juzgados de paz. Estos juzgados se transformarán en oficinas de justicia con la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, por lo que Martínez ha exigido que el Gobierno destine recursos suficientes.

Ha apostado por mecanismos alternativos de resolución de conflictos ante "un sistema judicial muy congestionado y una tasa de litigiosidad elevada", a lo que ha sumado como "problema añadido" la implementación de la nueva Ley estatal de Eficiencia Judicial a partir del próximo 3 de abril.

El programa de atención a las víctimas y acceso a la justicia es el segundo que más peso tiene en el presupuesto, con 75,73 millones. De esta cantidad, 58,3 millones irán para los servicios de asistencia jurídica gratuita, de proximidad (Justiprop) y mediación (Mediaprop). "Todos los valencianos tienen derecho a una justicia digna y eficiente", ha defendido la consellera, quien se ha comprometido a pagar en tiempo y forma el turno de oficio.

Paralelamente, ha asegurado que las víctimas del delito "encontrarán la ayuda y el acompañamiento necesarios" en la red de 37 oficinas de atención a víctimas del delito y en las tres oficinas de denuncia de delitos de violencia de género. Todo ello, ha remarcado, sin "olvidar a las víctimas del terrorismo" con más de 300.000 euros en subvenciones.

Concordia

Otro "eje prioritario", con 3,79 millones, es la puesta en valor de la concordia como "herramienta para superar las diferencias y afrontar el futuro y la defensa, promoción e impulso de nuestro autogobierno". La consellera ha apostado por desarrollar la Ley de Concordia, que desde 2024 sustituye a la de Memoria Democrática.

Se mantendrán las subvenciones para Fisabio (500.000 euros) y para la Universitat de València (150.000 euros), ambas destinadas a la identificación de víctimas de la guerra civil y el franquismo. También las subvenciones en concurrencia competitiva a ayuntamientos y asociaciones para apertura de fosas y exhumaciones o protección de vestigios, con 200.000 euros cada una, mientras se suprimirá la transferencia para el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática al no estar previsto en la nueva ley.

Respecto al autogobierno, se incrementan de 70.000 a 100.000 euros las subvenciones para universidades, se duplican hasta 150.000 para ayuntamientos y se aumentan hasta 30.000 para Juristes Valencians: "Porque creemos que es posible reforzar nuestro autogobierno y para ello contamos con las entidades implicadas".

Con motivo del 750 aniversario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela se incrementa su presupuesto un 166% hasta 40.000 euros. "En el ámbito de la defensa de nuestras tradiciones y nuestro acervo cultural, continuamos apoyando la labor de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) con una línea nominativa dotada con 50.000 euros y, como novedad, incorporamos dos líneas para Lo Rat Penat y Associació Cultural Cardona Vives con 50.000 y 18.000 euros", ha añadido.

Administración

El área de Administración Pública recibirá 29,85 millones para "avanzar hacia una administración más cercana, moderna, ágil y eficaz". Habrá 8,81 millones para el despliegue del plan de atención que se presentará próximamente. En formación y estudios se destinarán 8,7 millones, principalmente para el Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP).

También habrá 2,9 millones en becas para oposiciones a los cuerpos de grupo A de la administración, ante "la necesidad de contar con empleados públicos formados y motivados, que en los niveles más altos es más acuciante por la falta de personal.

Funcionarios "de segunda"

Desde Vox, Miguel Pascual ha lamentado que los funcionarios de justicia de la Comunitat sean "considerados de segunda" por parte del Gobierno, ha advertido de que la gestión del ministro Bolaños está provocando "un desequilibrio en función del territorio", al tiempo que se ha felicitado por "la reducción de más de un 40% de las subvenciones a entidades con comportamientos guerracivilistas".

Por el contrario, Alicia Andújar (PSPV) ha mostrado su "decepción" con unas cuentas que están "lejos de ser realistas" y ha lamentado el "nulo interés" del Consell por mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita. "Ya lo dice el refrán: en casa del herrero, cuchillo de palo", ha señalado. Y Mercedes Caballero se ha preguntado cómo la consellera habla de promoción de la concordia cuando ha "rebajado el presupuesto destinado a cualquier cosa que suene a memoria histórica" y ha denunciado la "desaparición de cualquier mención a la trama de bebés robados".

Mientras, Jesús Pla (Compromís) ha reprochado a Martínez que hable de "concordia" para "no hablar de memoria democrática" y ha denunciado el "recorte" para exhumaciones, vestigios o investigación. Además, le ha advertido de que tiene "unos socios que no creen en el autogobierno", en alusión a Vox, y ha cargado contra las subvenciones a la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) y Lo Rat Penat.

No hay reducción, sino "ajustes"

En su respuesta, la consellera ha coincidido con Vox en la necesidad de igualar las condiciones de los funcionarios de justicia y se ha comprometido a mejorar su situación. Respecto a las infraestructuras, ha denunciado que el Gobierno "nos impone" la aplicación de una ley pero "sin ningún tipo de dotación" pese a los "innumerables gastos que supone". Al respecto, estudios llevados a cabo por la Conselleria estiman su impacto en más de 100 millones.

En materia de concordia, ha argumentado que las "reducciones" a las que alude PSPV y Compromís vienen motivadas "en gran parte" por la supresión del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática fruto de la Ley de Concordia y ha negado que se hayan eliminado subvenciones, sino que se han producido "algunos ajustes".

Y ha defendido las aportaciones a la RACV y Lo Rat Penat en el marco del "poder" de cada gobierno para "priorizar unas entidades u otras". "Son decisiones legítimas y que deben ser respetadas", ha dicho. También ha negado reducciones en materia de justicia gratuita: "No ha habido recorte alguno, al contrario, hemos pagado más que nunca".