VALÈNCIA (EFE). El exintendente del Palau de les Arts Davide Livermore es el único alto cargo del Consell que ha sido sancionado de forma leve (una amonestación) por no haber cumplido a tiempo con los preceptos marcados por la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, adscrita a la Conselleria de Transparencia.
Esta sanción es simplemente un apercibimiento por haberse retrasado en la presentación de la documentación que se le requirió tras su cese, en diciembre de 2017, relativa a su declaración de actividades y bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, según ha informado este viernes la Generalitat.
Además de Livermore, otros cinco ex altos cargos del Consell no han cumplido con las normas que regulan el sistema de incompatibilidades, en cuatro casos por carencias en la documentación presentada (copia de las declaraciones tributarias de la renta, patrimonio y sociedades).
El quinto caso es el de un directivo de una mercantil que en 2018 pasó a formar parte del sector público instrumental de la Generalitat, de tal manera que ahora está obligado y no ha presentado toda la documentación.
Según el informe anual de 2018 realizado por la Oficina de Control de Conflicto de Intereses Conselleria de Transparencia, el 97,7% de los altos cargos ha cumplido con el sistema de incompatibilidades.
El citado informe pone de manifiesto que las personas obligadas a presentar las declaraciones de actividades y bienes, derechos y obligaciones patrimoniales durante 2018 fueron 216, de los que 169 eran altos cargos en activo y 47 altos cargos cesados.
El informe da cuenta de que en 187 casos se han dictado resoluciones reconociendo la compatibilidad de la actividad pública con otras actividades, y ninguna en sentido contrario. Actualmente hay 29 solicitudes en tramitación.
La Oficina de Control de Conflicto de Intereses da cumplimiento a la obligación recogida en la Ley 8/2016 de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de personas con cargos públicos no electos y el Decreto 65/2018 que la desarrolla, de elevar anualmente al Consell un informe, que será remitido a Les Corts, sobre la información contenida en el Registro de Control de Conflictos de Intereses.