VALÈNCIA. El pasado mandato, el gobierno municipal intentó pagar una deuda inmobiliaria derivada de la época Barberá con una parcela educativa del barrio de Penyaroja. Los tribunales tumbaron la operación, y ahora, el nuevo ejecutivo del PP estudia convertir este suelo para uso sanitario, atendiendo las solicitudes vecinales para la construcción de un centro de salud. La maquinaria administrativa ya está en marcha.
El pasado 3 de abril, representantes de la Asociación de Vecinos de Penyaroja trasladaron al edil de Urbanismo, Juan Giner, su petición de que esta parcela, calificada para uso educativo y que sigue pendiente de ejecutar, se convirtiese al uso sanitario, condición sine qua non para que la Conselleria de Sanidad pueda ubicar allí un centro de salud, tal como vienen reclamando desde la plataforma vecinal.
Se trata de una parcela con historia polémica. Esta, junto a otra colindante calificada como zona verde, fue objeto de recalificación por parte del anterior gobierno local, cuya concejalía de Urbanismo recayó en los socialistas Vicent Sarrià y Sandra Gómez, para pagar una deuda a la promotora Igsa, fruto del fallido 'pelotazo' de Tabacalera del gobierno de Rita Barberá, que acabó anulado por el TSJ.
El fallo obligaba al consistorio a compensar a la mencionada promotora, y el ejecutivo local decidió pagarle con suelo para evitar tener que desembolsar una importante cuantía de dinero de las arcas públicas. Eligió la parcela educativa y de zona verde del barrio de Penyaroja, que recalificó al uso residencial para entregárselas a la compañía. Movimiento que contó con la oposición frontal de la asociación vecinal, cuyo recurso llevó la operación a los juzgados. Y allí, la justicia acabó dando la razón a los vecinos.
Con estos mimbres, el suelo volvió a estar grafiado para uso educativo-cultural, y tras el cambio del gobierno municipal, ahora dirigido por el PP y Vox, la asociación ha pedido ubicar un centro de salud en este suelo, que dispone de 5.600 metros cuadrados en total. En ese sentido, recuerda la plataforma que la zona está infradotada de equipamientos sanitarios según el propio Plan de Calidad Urbana municipal, y que el centro más próximo, el de Trafalgar, está "especialmente saturado" con una población cercana de 40.000 personas y denuncias de sindicatos, trabajadores y usuarios.
El presidente de la asociación, Fernando Argente, asegura que la asociación ya ha trasladado la petición a la Generalitat Valenciana y que, por el momento, la administración autonómica se ha mostrado en disposición de atenderla. Para ello, sin embargo, se requiere antes de la modificación urbanística. Así, explica que desde el Ayuntamiento, durante el encuentro mantenido a principios de mes, el edil de Urbanismo también mostró voluntad de acometer este cambio.
Para ello, el consistorio habrá de consultar primero con la Conselleria de Educación. Cabe recordar, en este sentido, que ya en su momento el departamento autonómico informó a de que no necesitaba dicha parcela, además de que su forma impedía ejecutar allí un centro educativo. En ese sentido, no deberían existir problemas ténicos.