Después del fraude, la negociación del convenio: no hay paz en la EMT de València

VALÈNCIA. No es ningún secreto que las aguas bajan revueltas en el seno de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València tras sufrir un fraude de cuatro millones de euros el pasado mes de septiembre. La empresa despidió a la empleada que presuntamente había sido engañada, y que ahora reclama en los juzgados que su cese se declare improcedente. Por otro lado, la mercantil presidida por Giuseppe Grezzi intenta recuperar unos 150.000 euros de la estafa bloqueados en Hong Kong, mientras que continúa la investigación política y judicial.

Estos dos meses desde que se desvelara el fraude han agitado la que es una de las empresas municipales más importantes como si de un avispero se tratase, y ha salido a la luz, por ejemplo, que el secretario externo contratado por la EMT, Salvador Martínez Tarín, guardaba una estrecha relación empresarial y laboral con el cuñado del alcalde de la ciudad. Unos vínculos que han acabado con la dimisión del letrado como secretario de la firma municipal.

Tampoco se espera que en los próximos meses se respire tranquilidad en la plaza de Correo Viejo, donde se encuentra la sede de la empresa: la instrucción judicial se antoja larga -la causa se ha declarado compleja- y algunos cargos directivos están en la cuerda floja tras el fraude, como el gerente del ente, Josep Enric García. Y por si no había suficiente, a todo ello habrá que sumar, además, la negociación del nuevo convenio con los sindicatos.

El documento vigente caduca esta Nochevieja, y a lo largo del mes de diciembre se espera constituir la Comisión Negociadora para poner la primera piedra en la negociación del nuevo convenio, que se desarrollará a lo largo del próximo año. Se trata de un proceso que no acostumbra a ser tranquilo: la dirección empresarial tira de un extremo de la cuerda, y las organizaciones sindicales tiran de otro cabo, aunque no siempre en la misma dirección, no sólo en competencia entre ellas, sino también por lealtad a las promesas electorales y a sus afiliados.

La negociación del actual convenio, sin ir más lejos, costó 18 meses de conversaciones y un cierre en falso a última hora. E incluso hubo amenaza de huelga por parte de los sindicatos en medio de las negociaciones al considerar que no se estaba avanzando suficiente en las conversaciones. Ahora, después de cuatro años de que cambiara el gobierno municipal y la dirección de la empresa, las relaciones con los sindicatos ya han sufrido un importante desgaste, especialmente con UGT y CCOO. Y en este caso, el proceso coincidirá con los meses de mayor debilidad del gerente.

Las prejubilaciones, mar de fondo

Pero este año ha sido especialmente conflictivo. Las prejubilaciones para los trabajadores de la empresa constituyeron el motivo fundamental de la huelga que tuvo lugar a principios de este año, los primeros paros en la EMT en la 'era Grezzi'. Y pese a que se alcanzara un acuerdo para finalizar con los paros, los recelos y las desconfianzas no se han esfumado.

Hasta el momento, el convenio laboral suscrito en 2013 entre sindicatos y la antigua dirección del edil del PP Alberto Mendoza establecía que los empleados prejubilados debían realizar 65 jornadas laborales. Algo que la nueva dirección consideraba ilegal, ya que la normativa fijaba en 131 las jornadas a realizar en esta situación. Así pues, la empresa sostenía que aquellos acogidos a las prejubilaciones hasta el momento estaban trabajando los 65 días pero cobrando como si lo hicieran el doble.

Por ello, la empresa decidió llevar el convenio a la Agencia Antifraude, que cifró en más de un millón de euros el coste por estas horas de más, y lo elevó a la Fiscalía, donde se archivó el asunto. Por su parte, el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) dio la razón en un laudo a los sindicatos y al Partido Popular al avalar las 65 jornadas laborales. Siguiendo informes municipales, la empresa empezó a firmar prejubilaciones bajo sus criterios, lo que motivó los paros durante el invierno.

Aunque el asunto parecía haberse zanjado con el archivo de la Fiscalía, la empresa no se dio por vencida y llevó lo que consideraba una irregularidad al Tribunal de Cuentas, que ya investiga el acuerdo de prejubilaciones de 2013 para dirimir si hubo responsabilidad contable en los anteriores gestores. Ahora bien, esta maniobra de la dirección de la EMT en plena investigación del fraude ha sido entendida por algunos representantes sindicales como una "cortina de humo".

No obstante, todo indica que este apartado de prejubilaciones cobrará importancia de nuevo en la negociación del convenio durante los próximos meses, dado que en los sindicatos esperan hacer valer el fallo del TAL que avalaba el acuerdo de 2013 para volver a recoger en el nuevo pacto aquellas condiciones -las 65 jornadas laborales-. No hay paz en la EMT de València.