Proyección en la fachada del Palau de la Generalitat en este 9 d'Octubre.VALENCIA. El primer 9 d'Octubre celebrado por el nuevo Consell conformado por PSPV y Compromís estuvo rodeado de un aura de aperturismo y proximidad que se trasladó con una intensa agenda de cultura y ocio que, de alguna manera, ayudara a resintonizar la relación entre ciudadanía e institución.
Una iniciativa loable que, en este segundo año de mandato del Botánico, se ha mantenido e incluso incrementado. Las colas a las puertas del Palau de la Generalitat deberían ser motivo de orgullo para todos. Que la simbólica cáscara del autogobierno genere esta expectación es un principio: el siguiente paso es que el contenido que de allí emane suscite el mismo interés y permita, con la concienciación y empuje de la propia ciudadanía, el avance de la Comunitat Valenciana.
La reflexión es pertinente. Esta misma semana se celebró un acto en Madrid encabezado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la número dos del Consell, Mónica Oltra, y el presidente de Les Corts, Enric Morera, además del Gobierno valenciano en bloque. Un encuentro para llamar la atención en la capital de España sobre el problema de infrafinanciación que sufre la Comunitat. Una llamada a la que respondió la sociedad civil valenciana -la expedición en AVE fue más que notable- pero que Madrid, en líneas generales, recibió con frialdad e incluso indiferencia.
Más allá de los problemas organizativos, podría decirse que el nuevo Consell se dio de bruces con la realidad. El problema valenciano que Puig y Oltra se esfuerzan en trasladar no interesa en la capital de España. Ni política ni mediáticamente.
El claim utilizado -"Tots a una veu"-, una hábil maniobra para arrebatar los símbolos que durante dos décadas utilizó el PPCV, evidencia la intención del Gobierno valenciano de aunar esfuerzos para alcanzar los objetivos marcados. Unas metas que se resumen, más allá de los complicados cálculos económicos y financieros, en que una autonomía que supone -décima arriba o abajo- el 10% de la población y el PIB nacional, sea tratada como se merece por el Estado.
El diagnóstico está completado. Todos los grupos parlamentarios de Les Corts han firmado y aprobado mociones de todos los colores sobre esta cuestión. Pero para España, que va camino de cumplir un año sin gobierno, no es una prioridad. Ante esta realidad, ¿cuál es el camino?
Se dice en el PPCV, y así lo reitera su aguerrida presidenta, Isabel Bonig, que el Consell debe "trabajar más" y "llorar menos". Una acusación de victimismo constante que, a ojos de los no iniciados, puede antojarse real. Nadie puede olvidar que en los años de gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, el "enemigo de los valencianos", la formación popular atacaba por tierra, mar y aire al Ejecutivo central con toda suerte de argumentos que iban desde la falta de efectivos de seguridad hasta el bloqueo del trasvase del Ebro, pasando por la escasez inversiones estatales en la Comunitat.
Una etapa que, pese a este presunto maltrato, fue de vino y rosas para el Gobierno valenciano, a base de elevar la deuda valenciana hasta los 40.000 millones de euros. La explicación que suelen dar los populares se resume en que los gobiernos del PP no dejaron de realizar inversiones necesarias pese a la discriminación socialista que llegaba desde España. La política es así.
Ahora, la situación económica de la Generalitat es tal, que aunque el actual Consell pretendiera imitar esa huida hacia adelante resulta imposible por la hipoteca dejada y la exigencia de reducción del déficit. La gallina de los -ficticios- huevos de oro está muerta y enterrada.
Tan cierto es que el actual modelo de financiación que perjudica a los valencianos fue aprobado en 2009 por el PSOE como que ese modelo se basaba en uno anterior, aún peor para los valencianos, aprobado por el PP en 2002 y bautizado por el Consell de entonces como modelo Zaplana.
El modelo de 2009 debía evaluarse y, en caso de ser necesario, corregirse al cabo de cinco años. Evaluarse se ha evaluado -con el resultado sabido de que la valenciana es junto a Murcia la comunidad peor financiada-, pero Mariano Rajoy no ha encontrado el momento adecuado para reformar el sistema de financiación durante sus años de mandato.
La conclusión es que existen dudas más que razonables a la hora de desconfiar de los gobiernos de España, sea cual sea su signo político.
En este punto cabe preguntarse cuál es el margen de maniobra del actual Consell liderado por Ximo Puig y Mónica Oltra. La vocación de autogobierno es clara y no ofrece dudas: de la misma manera que el mensaje enviado en el citado acto del miércoles era una reivindicación justa y perfectamente argumentada. Pero no hay interlocutor al otro lado de la línea.
Más de un analista político interpreta la situación de la Comunitat como si fuera la Cataluña de hace 15 años, si bien es cierto que la sociedad valenciana no se identifica con un sentimiento de presoberanismo, ni siquiera de nacionalismo. Por si acaso, el martes en el Congreso de los Diputados, Bonig recalcaba en el debate de la reforma del Estatut que convenía atender las reivindicaciones valencianas para "no dar alas a los radicales y nacionalistas que buscan la confrontación directa con el Gobierno de España".
Una advertencia aparentemente exagerada y, sobre todo, estratégica para la líder del PP, deseosa de taponar esa vía y, quizá, al mismo tiempo ansiosa de abrirla de par en par para dar rienda suelta a una oposición en la que ella se movería como pez en el agua.
No parecen Puig y Oltra dirigentes que quieran dar una vuelta de tuerca para seguir, aunque sea de lejos, los pasos de Cataluña, pero la realidad es que las reivindicaciones apelando a las buenas maneras y los actos modo Tots a una veu impulsados por el Consell, se ahogan a la altura de Motilla del Palancar. Así que este domingo, 9 d'Octubre, es una jornada idónea para reflexionar sobre que camino deben tomar los valencianos para avanzar en las condiciones de su autogobierno o, cuanto menos, ser capaces de mantenerlas.
