El Ayuntamiento de Valencia vuelve a bajar el plazo de pago a proveedores y lo deja en 5,5 días

VALENCIA. El Ayuntamiento de Valencia ha dado una nueva vuelta de tuerca para reducir el tiempo que tarda en pagar a sus proveedores. Según la información que la Concejalía de Hacienda acaba de remitir al Ministerio, el Periodo Medio de Pago (PMP) del mes de julio se sitúa ya en 5,5 días de media, uno de los más reducidos de entre las grandes ciudades españolas.

Esta cifra contrasta con los casi 58 días de media de agosto del año pasado, lo que implica una reducción del 90% en la demora a la hora de abonar sus facturas y del 36% si se compara con los 8,68 días del mes anterior.

Los 5,5 días de julio se alcanzan tras diez meses consecutivos de reducción del plazo por parte de la concejalía que encabeza Ramón Vilar tras tocar techo en septiembre del año pasado, poco después del cambio de gobierno en el Ayuntamiento, con 60,21 días. En octubre, a pesar de reducirlo un 10,6%, el Consistorio valenciano aún se mantenía como el más moroso de España, con un plazo que casi doblaba el máximo de 30 días fijado en la Ley de Morosidad.

¿Qué ha cambiado para que el Ayuntamiento haya reducido drásticamente esa demora? Según Vilar, la revolución ha venido con la gestión de las facturas. "Tesorería siempre ha habido, ha sido un problema de tramitación, la cadena estaba parada", sostiene el concejal socialista, que manifiesta que la situación actual, por debajo de diez días, es incluso "demasiado buena".

Por ello, Vilar no descarta que el plazo pueda repuntar en los próximos meses porque es "difícil" mantener el PMP por debajo de seis días. "Hemos agilizado todos los departamentos, especialmente el centro gestor que emite las facturas porque, si no las mueve rápido, vienen los retrasos", insiste Vilar, quien explica que se ha llevado a cabo una campaña de "concienciación interna" con los jefes de servicio en ese sentido.

En especial, se han agilizado los pagos de suministros como el de energía eléctrica o las certificaciones de limpieza. "Son de las de mayor volumen y, si se mueven, se nota", argumenta.

El recorte en el periodo de pago de la deuda comercial es uno de los argumentos que el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa para solicitar al Ministerio de Hacienda salir del Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado como garantía de que podría afrontar sus compromisos con el Estado tras recibir liquidez en el pasado para pagar a sus proveedores y transformar la deuda comercial en financiera.

El otro argumento es la reducción de la deuda municipal -cerró 2015 con una deuda viva de 721 millones de euros-, hasta situarla por debajo del límite legal del 110%. Recientemente, además, el Ayuntamiento de Valencia ha recurrido a swaps para refinanciar 254 millones de deuda aprovechando el entorno actual de bajos tipos de interés.

El PMP es un indicador que el Ministerio de Hacienda publica desde 2014 para tratar de que las administraciones públicas -ayuntamientos, gobiernos autonómicos y diputaciones- acorten sus plazos de pago de la deuda comercial y no se financien a costa de sus proveedores.

El Ayuntamiento de Valencia, como el resto de administraciones públicas sujetas al principio de sostenibilidad financiera -capacidad para afrontar sus deudas dentro del objetivo de déficit- está obligado por la Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria a informar periódicamente al Ministerio de Hacienda de indicadores como el PMP.

En algunas ocasiones, el actual ministro en funciones, Cristóbal Montoro, ha utilizado este indicador y otros condicionantes previstos en la Ley de Estabilidad para amenazar con aplicar las medidas coercitivas previstas en la ley ante los incumplimientos. 

Sin ir más lejos, el ministro remitió hace apenas un mes una carta al alcalde de Valencia, Joan Ribó, en la que le instaba a cerrar la Empresa Municipal de Transportes (EMT) porque en 2011 y 2012 fue deficitaria. La exigencia contrasta con el contrato programa para subvencionar el transporte del que se benefician las grandes áreas metropolitanas de Madrid (126 millones de euros recibió del Estado este año) y Barcelona (98 millones).