La concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de València, Isabel Lozano. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La concejala de Bienestar Social de València, Isa Lozano, ha defendido este jueves en un comunicado la legalidad del encargo sin concurso que se realizó entre 2017 y 2020 para prestar el servicio de catering en centros municipales de Servicios Sociales.
Se trata de un encargo suscrito por la anterior edil del ramo, Consol Castillo, sobre el que la Agencia Valenciana Antifraude ha constatado varias irregularidades y en virtud del cual el consistorio habría tenido un perjuicio económico de 91.000 euros gastados indebidamente. Aunque el organismo de control recoge en su último informe que el Ayuntamiento reconoce "la irregularidad del encargo", lo cierto es que no ha hallado indicios delictivos, por lo que no ha enviado la cuestión a la justicia y ha cerrado el expediente.
A juicio de Lozano, que Antifraude no haya llevado el caso a la justicia, como permite la normativa, "es una muestra más de la mala fe del PP en un caso en la que evidentemente la necesidad de contratación era muy urgente para garantizar una alimentación adecuada y en condición a las personas con discapacidad que acuden a los centros municipales". En este sentido, la edil de Bienestar Social ha insistido en que esa "mala fe les hace continuar con el mantra de que se ha producido una ilegalidad cuando es absolutamente al contrario".
Sobre ello, la concejala ha subrayado que si la Agencia Valenciana Antifraude, que dirige Joan Llinares, hubiera encontrado "indicios de ilegalidad en la contratación o en los precios lo habría llevado al Tribunal de Cuentas y no ha sido así". Por ello, ha manifestado su esperanza de que "el PP tras seis años en la oposición haga una oposición útil y constructiva y no se dedique a hacer denuncias que después son archivadas".
