El Ayuntamiento 'pone orden' en los pagos de las empresas públicas tras los robos de EMT y Palacio de Congresos

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tomará las riendas en el control de los pagos de sus empresas y organismos dependientes. El sector público local del consistorio tendrá que cumplir con una serie de instrucciones que la Junta de Gobierno Local aprobará este mismo viernes y que afectará generalmente a todos los entes externos del Ayuntamiento con el propósito de poner orden y armonizar el control de la tesorería en todos ellos, especialmente tras el escandaloso robo de cuatro millones de euros registrado en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), el de 21.000 euros en el Palacio de Congresos o el de 5.000 euros del Palau de la Música.

Así pues, como se había anunciado, desde el consistorio se dictará cómo se deben llevar a cabo determinados procesos de compras y de pagos. Entre estos mínimos de obligatorio cumplimiento se encuentra que las entidades deberán fijar procedimientos electrónicos de comprobación de facturas y que se deberán hacer conciliaciones bancarias -cotejar los apuntes contables con los gastos efectivos- de manera periódica, al menos una vez al mes y siempre con el certificado de la entidad bancaria. 

Estas comprobaciones, además, deberán ser elaboradas por una persona distinta a la que realiza las tareas contables o de cobros y pagos bancarios, y más tarde requerirán ser refrendadas por un responsable superior. No se trata de una cuestión menor, dado que la aglutinación de estas funciones en una única persona de manera circunstancial fue una de las debilidades detectadas en la EMT durante septiembre de 2019 y que facilitó que se llevara a cabo la estafa de los cuatro millones de euros. De ahí que ahora se pretenda evitar una situación similar en otros organismos municipales.

Pero además de ello, se obligará a que los responsables de tesorería revisen diariamente los movimientos, el saldo final y la situación de los fondos guardados en las entidades financieras. Y en el caso de algunos entes locales -aquellos cuya fiscalización dependa directamente de la Intervención municipal- la conciliación bancaria será supervisada no sólo por el titular de tesorería y de Contabilidad sino también por la Intervención General. Una tutela que permitirá un control más estricto de los movimientos bancarios.

También hay un punto específico para el dinero en efectivo, que fue el protagonista del hurto sufrido en el Palau de la Música y que ascendió a 5.000 euros. En este sentido, la instrucción recoge que los cobros en efectivo "deberán ingresarse indefectiblemente a su recepción en cuentas bancarias", y que para atender "determinados gastos menores" se usará el método de caja fija. Serán los manuales de procedimientos de cada una de las entidades los que determinen la autorización, el límite, los usos, los plazos de justificación y la realización de arqueos de la caja de este dinero.

Otras muchas directrices se centran en el control de los pagos a los proveedores. En este caso, fue el Palacio de Congresos el que reveló deficiencias al hacerse pasar unos estafadores por un proveedor de la entidad para conseguir cobrar 21.000 euros fraudulentamente. Sobre ello, ahora las entidades estarán obligadas a tener un fichero maestro de proveedores y acreedores cuya gestión deberá ser informática y que únicamente podrán modificar los miembros de la plantilla autorizados.

Así pues, cuando las empresas proveedoras se vayan a dar de alta en este fichero tendrán que hacerlo siempre por la vía electrónica -en el caso de las personas físicas se mantendrá la posibilidad del papel- y tendrán que presentar una declaración responsable acompañada de poderes notariales y un certificado del banco que acredite la titularidad de la cuenta bancaria a la que el organismo municipal deberá hacer el ingreso. 

Y aquí también se exigirá cierta separación de funciones: "Las tareas de registro y mantenimiento del fichero maestro deben ser incompatibles con las de gestión de compras, contabilización de facturas, tramitación y realización de pagos y realización de conciliaciones bancarias". De esta manera se consigue una suerte de cortafuegos para detectar errores o posibles fraudes antes de consumar los pagos.

Todas estas medidas, que se aprobarán por el gobierno municipal este viernes, requerirán más tarde de la comisión de Hacienda y el Pleno municipal, y se incluirán dentro del Plan Programa de Armonización y Homologación de las entidades del Sector Público Local aprobado por el ejecutivo local en 2017.