Giuseppe Grezzi y Joan Ribó. Foto: KIKE TABERNER "Existieron tareas que quedaron desatendidas" cuando se produjo la estafa. El gerente 'se libra' de aparecer en las conclusiones al ser despedido. Tampoco se menciona a Grezzi.
VALÈNCIA. Los protocolos internos y organizativos internos de la EMT de València eran vulnerables cuando se produjo la rocambolesca estafa de cuatro millones de euros, perpetrada por defraudadores todavía anónimos. Así lo considera acreditado el documento de conclusiones de la comisión de investigación creada en el seno de la empresa pública, según el cual se han constatado "vulnerabilidades no resueltas" en la EMT, tanto en el procedimiento de conciliación bancaria como en el control de la tesorería, y en la falta de un protocolo organizado para la delegación de funciones en situación de baja o permiso.
Circunstancias que jugaron su papel en la estafa, tal como ya se había venido publicando, y que ahora quedan reflejadas negro sobre blanco en el borrador de conclusiones de la comisión, presentado a los miembros de la comisión por la presidenta, Elisa Valía, y que se votará en la que el gobierno municipal pretende que sea la última sesión del órgano, este miércoles.
Todo ello recoge el texto pese a que el presidente de la empresa municipal, Giuseppe Grezzi, el gerente -recién despedido-, Josep Enric García, y el alcalde, Joan Ribó, habían sostenido durante este año y de manera reiterada que los protocolos internos no habían fallado y que los únicos errores eran responsabilidad de la empleada engañada, la jefa de Administración Celia Zafra, y la entidad bancaria que tramitó los pagos, Caixabank.
Sobre ellos, precisamente, el documento asegura que están siendo objeto de investigación en el proceso judicial, por lo que "no se hace referencia" a sus posibles responsabilidades judiciales. Por ello el escrito se centra en esclarecer qué falló en el seno de la firma pública antes y durante el fraude. Así, las conclusiones señalan deficiencias, por ejemplo, en el control de la tesorería de la empresa. Concretamente, reza el escrito, la vulnerabilidad reside en "la falta de delegación de funciones" de la jefa de Gestión, María Rayón, que se encontraba entonces de baja por maternidad, y que es la superior de Zafra en el organigrama.
Ahora bien, la manera de funcionar no estaba registrada en ningún lugar, y tampoco las funciones de cada empleado. "No se puede verificar en ningún protocolo ni relación de funciones de los puestos" a quién correspondía la tarea de revisar las cuentas, reza el documento. Las diferentes empleadas del área señalan que estos asuntos los despachaban entre Rayón y Zafra. Según la primera, la competencia era de Zafra. Ésta no compareció tras ser despedida ipso facto por el fraude.
María Rayón. Foto: EFEPero lo único que se ha podido acreditar en la comisión es que la jefa de Gestión, Rayón "no había delegado formalmente ninguna tarea" durante su baja, aunque ella declarase que sólo había mantenido la función de planificación y ejecución del presupuesto, del préstamo del Banco Europeo de Inversiones para la compra de buses, y la firma de transacciones. Es esto, el hecho de que no estuviese claro quién debía hacer qué cuando Rayón estaba de baja -puesto que ni ella lo había comunicado, ni había un protocolo formal que lo regulase- uno de los factores que concurrieron para no evitar la catástrofe.
"La EMT no ha contado nunca con una relación de puestos de trabajo, tampoco antes de la llegada del actual equipo directivo", reza el texto, donde se constata que la firma también carecía hasta hace poco de un conjunto de protocolos conocidos por los empleados involucrados en los procesos. Se empezaron a hacer desde 2015 pero "no se han concluido para todas las áreas de la empresa", como por ejemplo en el área de Finanzas. "Se decidió priorizar otras áreas de la empresa", subraya el escrito, como el departamento de compras, "quedando el área de finanzas para un momento posterior".
Así, cuando ocurrió el fraude, el departamento de finanzas lo único que tenía "y que podían considerarse protocolos" son un "compendio de documentos de diferente naturaleza como instrucciones con los pasos a realizar para algunas tareas". Pero era una mixtura que se habían hecho las propias empleadas, nada formalizado por la mercantil. Por todo ello, las conclusiones recomiendan acometer tanto la relación de puestos de trabajo como los protocolos formales de funcionamiento interno.
Así las cosas, otro factor a tener en cuenta durante el fraude fue el hecho de que en el departamento sólo había dos trabajadoras cuando se produjo la estafa, lo que también influyó en el desarrollo de los acontecimientos. "Se ha podido constatar que en el departamento dirigido por la Sra. Rayón [...] sólo había dos trabajadoras de las seis que conforman el equipo [...] durante gran parte del periodo en el que se ejecutaron las transferencias".
Por ello, el texto es contundente y revelador, al asegurar que según la declaración de la propia Rayón, "el reducido número de personas en el departamento fue, sin duda, una de las claves para que los trabajos relacionados con la conciliación bancaria no se llevasen a cabo con la debida diligencia". Ello, unido al hecho de que Rayón no delegó ni reasignó expresamente ninguna función por estar de baja, lleva a concluir que "existieron tareas que quedaron desatendidas" aquellos días.
Además, en la comisión se ha desvelado que Rayón recibió algunos correos de Caixabank durante el período en el que se ejecutaron las transferencias que podrían haberla alertado de alguna irregularidad. Ante ello, la directiva reconoció que no leía los correos de forma habitual, pero tampoco tenía habilitada una respuesta automática para que el remitente tuviese conocimiento de que esos correos electrónicos no estaban siendo atendidos con normalidad. Así, las conclusiones piden que a partir de ahora sea obligatorio en la empresa habilitar una respuesta automática del correo electrónico para aquellos empleados que estén de baja o de permiso para comunicar que no se están atendiendo los correos.
Por todo lo descrito, el borrador de conclusiones pide el cese de su puesto -que no de la empresa- de la directora del área de Gestión, María Rayón, por "la falta de diligencia constatada" durante los acontecimientos del pasado septiembre de 2019. "Se han podido constatar -dice el documento- a lo largo de los meses de trabajo de la comisión numerosas acciones y decisiones por parte de la jefa del área que, si bien no facilitaron el fraude no impidieron que éste pudiese prolongarse durante más de veinte días". Era esta una determinación, como había publicado este diario durante el fin de semana, muy probable, dado que la directiva había sido una protagonista clave durante la investigación del fraude.
El documento, sin embargo, ni menciona al que ha sido gerente de la firma desde 2015, Josep Enric García, ni al presidente como responsable político, Giuseppe Grezzi. Ninguno de los dos nombres aparece en las conclusiones de la comisión de investigación. Precisamente esta era la intención velada de los socialistas con el fin de dar carpetazo a la crisis de gobierno generada por este asunto sin soliviantar en exceso a sus socios de gobierno, Compromís. Así, el despido del gerente anunciado la pasada semana por Grezzi, le ha convertido en una suerte de fantasma sin responsabilidad alguna, evitando que aparezca en las conclusiones.
De hecho, el propio Grezzi se congratulaba satisfecho este lunes de que "ha quedado claro que no había ninguna responsabilidad del gerente ni del presidente (él mismo)" en el engaño. El presidente apunta a un reajuste de la jefa de Gestión para que "deje de tener esa función y ser asignada a otro puesto". Con este cese, esta trabajadora "pierde la condición de mando de la empresa", garantizó el también edil de Movilidad.
Asimismo, el documento recomienda separar el área de Gestión en dos departamentos o áreas distintas: Finanzas y Recursos Humanos. El motivo es que el actual área de Gestión requiere "cambios estructurales que permitan una mejor organización y mayor seguridad en el trabajo" porque "tiene una envergadura considerable", lo cual "no facilita el seguimiento de los procesos por parte de quien la dirige".
El resto de conclusiones hablan de la necesidad de elaborar protocolos de tesorería y conciliación bancaria con una distribución de tareas que "actúe de cortafuegos ante posibles irregularidades", así como otros de delegación de funciones en caso de baja; hablan de formación específica para que las empleadas del departamento conozcan y apliquen los procedimientos internos correctamente; de la obligatoriedad de que todos los pagos se realicen mediante banca online y nunca con firma en papel; de la creación de un departamento de control interno que verifique la calidad de los procedimientos; de elaborar una relación de puestos de trabajo; y de realizar un programa de Compliance, una garantía de que la empresa cumple con los mecanismos de seguridad.
Por parte de la oposición, la portavoz del PP, María José Catalá, criticó que "el dictamen chapucero, breve y de escasa calidad culpa a dos trabajadoras del robo de cuatro millones y exime al gerente", con lo que cree que falta depurar responsabilidades políticas. Por ello, los populares abogaron por una intervención "de urgencia" del Ayuntamiento en la EMT y, de nuevo, por el cese de Grezzi.
A su juicio, "es sorprendente que PSOE y Compromís intenten escaparse despidiendo a empleados" y pierdan la oportunidad de que el cese del gerente sea un despido procedente y no haya que "pagarle 20.000 euros". "Esto tiene un nombre: prevaricación", advirtió Catalá, para avanzar que el PP presentará el miércoles un dictamen particular con todas estas reclamaciones para que se añada a las conclusiones.
Por su parte, el edil de Ciudadanos Narciso Estellés insistió en la intervención de la firma y rechazó que el gerente no aparezca en el informe, con lo que aseguran que "se intenta justificar una salida procedente cuando no es así", además de exigir que el nuevo se elija por concurso público. Otras de las reclamaciones que recoge Cs en un informe propio es que la comisión de la investigación sobre el fraude se someta al pleno del Ayuntamiento, para que Grezzi no sea "juez y parte" y le sustituya otro concejal de Compromís, y que se incorporen todas las "ramificaciones" del caso.
Las conclusiones de este informe elaborado tras numerosas comparecencias de expertos y empleados de la EMT, entre otros, se dan a conocer apenas una semana después de que Grezzi anunciara el despido del gerente Josep Enric García. Este lunes, reunido el Consejo de Administración de la firma, todos los consejeros votaron unánimemente a favor del cese del ya ex directivo. Según auguran cálculos de la oposición, el cese costará unos 17.000 euros en concepto de indemnización y finiquito, pero no se descarta una suma mayor.
Sobre su sustituto, poco se sabe todavía. "Cuando haya una persona con la mismas cualidades, capacidad de gestión y trayectoria, se aprobará", dijo Grezzi al respecto. Suenan Josep Ignasi Chiner, actual jefe del área técnica de la EMT, que llegó en 2016 a la empresa municipal con el actual gerente. Por él apuestan en las organizaciones sindicales. Con todo, también se ha tanteado la posibilidad de contratar a Álvaro Fernández Heredia, actual responsable de la homóloga de la EMT en Valladolid y ex gerente de la EMT de Madrid de la mano de Manuela Carmena. Grezzi, sin embargo, dijo desconocer quién era este directivo.
