Apartamentos turísticos. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los apartamentos turísticos o de corta estancia son una modalidad alojativa que no ha dejado de crecer en los últimos años. Un fenómeno que empezó como alternativa a la oferta hotelera, pero que ha consolidado posiciones en la última década y ejerce un importante impacto en el mercado de la vivienda en diferentes ciudades del mundo. Tanto, que los gobiernos de las urbes con una importante afluencia de turista ya tratan de ordenar su implantación e imponer también ciertas restricciones, entre ellas València.
Solo en la capital del Turia, en el periodo comprendido entre 2014-2019, el número de plazas se incrementó un 72,5% frente al crecimiento del 5,5 % registrado por los hoteles. Mientras que los datos de agosto de 2023 ofrecidos por la fundación Visit València muestran que el número de pisos en alquiler identificados en plataformas como Booking, Airbnb o TripAdvisor superó los 7.100, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2019, con casi 30.000 plazas ofrecidas en la capital.
Con este escenario, la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció este miércoles en el desayuno de Nueva Economía Fórum que el Ayuntamiento de València redactará en los próximos meses la nueva ordenanza de apartamentos turísticos junto a la Universitat de València. Una normativa que consideró "necesaria" para luchar contra los pisos que operan de forma ilegal. Asimismo, también aprovechó el momento para afear al anterior gobierno que no la hubiera elaborado a pesar de haber gobernado durante los últimos ocho años.
No es, eso sí, la única herramienta que la corporación utilizará para tratar de frenar la proliferación de apartamentos turísticos irregulares o controlar, al menos, que su implantación sea ordenada y de acuerdo a la legalidad. Para ello, el consistorio, subrayó, ha puesto en marcha cuatro equipos de trabajo que se encargarán de inspeccionar los 440 pisos turísticos denunciados por los vecinos en los últimos años. "València no tenía en marcha ningún equipo inspector y lo hemos activado", expuso la alcaldesa.
En este sentido, cabe recordar que este mismo martes arrancaron las primeras jornadas de formación para los agentes de la Policía Local para que puedan especializarse en la inspección de Viviendas de Uso Turístico en la ciudad. Durante la inauguración, el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, puso el acento en la "importancia de promover la formación continua de los policías para ser capaces de actuar de la mejor manera posible".
No en vano, según las cifras ofrecidas por la corporación local, València ha experimentado un importante aumento de denuncias vecinales por este tipo de actividad, especialmente desde 2021 hasta 2023 estas se han ido multiplicado un 23,5%. Durante el primer ejercicio, de hecho, se pusieron 68 denuncias; al año siguiente se interpusieron otras 73 y ya el año pasado se sumaron otras 84. En total, 225 en tres ejercicios.
Con todo, Catalá no hizo mención a la posibilidad de limitar la implantación de este tipo de alojamientos por barrios, como sí pretendía regular en su momento el gobierno liderado por Joan Ribó. Compromís y PSPV entendían que ejercía un importante impacto en el mercado de la vivienda en la ciudad, cuyos precios tanto de alquiler como de compra han experimentado un alza significativa. De hecho, cabe recordar que el Plan Especial del Cabanyal (PEC) que se aprobó al final del mandato pasado contemplaba una limitación del 10% de pisos turísticos por manzana. En su lugar, ahora, el equipo de gobierno actual que integran PP y Vox centrará sus esfuerzos en "perseguir" los apartamentos turísticos ilegales.
Tal y como explicaba la plataforma vecinal "La Mataobras" recientemente en declaraciones a este diario, algunos pisos turísticos se convierten en tal sin que ni siquiera sus propietarios hayan realizado las obras de reforma con los permisos y licencias municipales pertinentes que marca la ley. "Muchos suelen pedir una declaración responsable o una licencia de obra menor con la que aprovechan para realizar una reforma integral que acaba convirtiendo un antiguo comercio en una vivienda con cocina, baño, salón y todas las comodidades", declaraba la portavoz. Hechos que ya han trasladado al consistorio y que, ahora, el gobierno deberá inspeccionar.
Ahora bien, las políticas de vivienda del Cap i Casal no solo se centrarán en este fenómeno. La alcaldesa dejó claro que esta será una de las áreas que tendrá más protagonismo a lo largo del mandato; uno de los dos principales "retos" a los que se enfrenta la ciudad en los próximos cuatro años (el otro es la Capitalidad Verde Europea). No en vano, la falta de vivienda de obra nueva en València es uno de los principales factores que está propiciando la subida generalizada de precios en la mayoría de distritos en la ciudad y expulsando a muchas familias de la posibilidad de acceder a un inmueble. El principal motivo de la parálisis en la construcción de nuevas promociones se debe a la subida de costes y la falta de suelo en la ciudad, lo que ha llevado a muchas compañías a estar en una posición de espera.
La Administración cuenta con solares parados y sin desarrollar que podrían ejecutarse junto al sector privado. Y precisamente esa movilización de suelo es uno de los ejes prioritarios para el nuevo equipo de gobierno municipal. Cabe recordar que Catalá se comprometió en campaña a construir 1.032 viviendas de protección oficial en las parcelas municipales de ocho barrios de la ciudad recurriendo a la colaboración público-privada.
Con este telón de fondo, la primera edil anunció que la concejalía de Desarrollo Urbano ultima actualmente el pliego para la construir 500 viviendas públicas en régimen de alquiler en Malilla, Nou Moles, Russafa, Pedanies Nord y Pedanies Sur. Además, al finalizar el primer trimestre del año "el Ayuntamiento de Valencia estará gestionando proyectos para la construcción de 846 viviendas de protección pública", añadió.
Por otra parte, la alcaldesa, preguntada por el antiguo hotel Sidi Saler, subrayó que siempre ha sido partidaria de no demolerlo y por tanto su equipo de gobierno descarta por completo esta vía. "A quienes conocen el Saler, recordarán que la demolición en su día del polideportivo no ha generado años después nada más allá de un lugar donde solo hay vertidos y suciedad. No se consiguió nada con aquella demolición".
"No creemos que la demolición del Sidi Saler sea necesaria", advirtió Catalá. En este sentido, añadi que desde el consistorio trabajan con los promotores para "intentar instalar un proyecto de ámbito sociosanitario en este emplazamiento, como piden los vecinos".
