VALÈNCIA. La falta de vivienda de obra nueva en València es uno de los principales factores que está propiciando la subida generalizada de precios en la mayoría de distritos en la ciudad y expulsando a muchas familias de la posibilidad de acceder a un inmueble. Un problema al que el nuevo equipo de gobierno municipal, encabezado por María José Catalá, busca darle una solución. Tanto es así que los presupuestos municipales para 2024 concentran el mayor aumento en la partida destinada a vivienda, que contará con 33,5 millones de euros.
Además, la concejalía que dirige este área, liderada por el 'popular' Juan Giner, ya trabaja en varias líneas de actuación para aumentar el parque inmobiliario en el 'cap i casal'. La nueva estrategia pivota sobre la necesidad de fortalecer la colaboración pública-privada, ante la escasez de recursos municipales para acometer nuevas obras.
Y es que el principal motivo de la parálisis en la construcción de nuevas promociones se debe a la subida de costes y la falta de suelo en la ciudad, lo que ha llevado a muchas compañías a estar en una posición de espera. La Administración cuenta con solares parados y sin desarrollar que podrían ejecutarse junto al sector privado. Y esa movilización de suelo es uno de los ejes prioritarios para el nuevo equipo de gobierno municipal.
También, la nueva hoja de ruta pasa por ir a volumen, es decir, que toda nueva promoción pública o adquisición directa de edificios sea con un mínimo de viviendas para que el impacto sea mayor. De esta forma, ya no se contempla la movilización de suelos para cuatro viviendas, sino de un mínimo de 20 unidades, mientras que los derechos de tanteo y retracto se ejercerán sobre inmuebles que consten de más de diez pisos.
Una nueva política con la que se pretende llegar al reto marcado de sumar, como mínimo, 1.000 nuevas viviendas públicas en la ciudad en esta primera legislatura. Un ambicioso plan, para el que el presupuesto municipal cuenta con una asignación de un millón de euros, y que se quiere conseguir de la mano del sector privado para frenar la escalada de precios, facilitar el acceso a la vivienda y generar empleo y riqueza con la movilización de suelos públicos parados.
Y es que la parálisis de la obra nueva en la ciudad se está agravando año tras año. Tanto es así que desde el sector inmobiliario ya se pone la voz de alarma. Los precios están desbocados y solo en la capital valenciana se ha rebasado de media los 3.000 euros por metro cuadrado. Y, mientras tanto, la oferta no para de decrecer, con un 60% menos en tres años, lo que está tensionando aún más el mercado. Es más, los expertos advierten de que se corre el riesgo de "la creación de asentamientos chabolistas".
"València necesita un cambio en el rumbo de la política urbanística de vivienda. La sociedad, pero especialmente lo más jóvenes, nos reclaman una solución y es necesario que nos pongamos todos a trabajar", remarcó hace unas semanas la alcaldesa, María José Catalá, quien incidió en el compromiso de construir 1.000 viviendas sociales durante los próximos años.
Y, para conseguirlo, se reforzará el papel promotor de la empresa pública Actuaciones Urbanas Municipales (Aumsa), dependiente del Ayuntamiento de València. Así, de los 26,5 millones de euros de presupuesto que contará en 2024, el 65 % se destinará a la construcción de 213 viviendas públicas de alquiler asequible. Y ello con la clara vocación de construir sobre solares que permitan levantar un gran número de viviendas, como mínimo cerca de una veintena.
Así quedó claro en el pasado Consejo de Administración de la entidad, en el que se aprobaron las cuentas. Un ejemplo de esta decisión fue la de no volver a licitar una promoción en la calle Fos de València, que había quedado desierta y que únicamente iba a estar compuesta de seis unidades. La voluntad de no movilizar suelos pequeños se debe a que el trámite administrativo es largo para el escaso impacto social que supone.
"En los últimos años, los proyectos para la construcción de nuevas viviendas estaban estancados y hemos decidido duplicar los esfuerzos para que se diseñen nuevas actuaciones o se impulsen aquellas que estaban ralentizadas. Queremos que Aumsa cambie su ritmo de trabajo y haga realidad los nuevos proyectos que ponemos sobre la mesa", subrayó hace unos días el edil responsable del área de Urbanismo y Vivienda en València en un comunicado.
Tanto es así que las actuaciones que Aumsa tiene actualmente programadas son la construcción de 68 viviendas en el edificio Hortolanes 1, así como otras 75 en la Avenida de los Naranjos, 9. Todas estas actuaciones de vivienda pública se destinarán a alquileres asequibles y supondrá una inversión de 17,2 millones en 2024.
No obstante, y dadas las limitaciones presupuestarias de cualquier Administración, el equipo de Giner también trabaja en un plan, junto al sector privado, para que las empresas movilicen parte del suelo público parado. Los primeros ocho suelos ya están seleccionados y el objetivo es lanzarlos antes de final de año para, en fases posteriores, ir sacando más lotes.
En concreto, son tres parcelas en Malilla, otras tres en la zona de Nou Moles; una en Massarrojos; y otra en la calle Doctor Domagk, cerca del Parque Central. Todas ellos suman una superficie que permitiría levantar cerca de 500 viviendas para alquiler asequible, la mitad de las 1.000 unidades con las que el nuevo equipo de Catalá quiere culminar su primer mandato.
La fórmula de colaboración con el sector privado todavía se está definiendo, aunque se trabaja sobre cuatro posibilidades. Lo que diferenciará esta iniciativa respecto de otras experiencias similares, como el concurso de suelo que lanzó el Consell del Botànic el pasado año, es que el Ayuntamiento no se cierra a un único modelo, sino que se podrán combinar varias alternativas de entre las que se están barajando. Lo que sí se tiene claro es que se armarán muchos lotes con pocos suelos para conseguir mayor concurrencia de las empresas, principalmente de promotores locales.
Otra de las vías es la adquisición de vivienda. Uno de los mecanismos es recurrir al tanteo y retracto, pese a las discrepancias iniciales del PP con el decreto que aprobó el anterior gobierno del Botànic para regular estos derechos y que llegó a recurrir. Eso sí solo los ejercerá sobre edificios que cuenten con 10 pisos o más, en línea con esa idea de ir a volumen para aumentar de forma más rápida el parque público. Ese fue el criterio que aprobó hace unos meses la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València.
"Comporta un valor añadido respecto a la compra individualizada de viviendas, ya que supone la adquisición simultánea de varios inmuebles en una unidad de tramitación y, por tanto, una simplificación y optimización de los trámites", explicó entonces la concejala de Hacienda y Participación, María José Ferrer.
Un ejemplo de esta decisión es la compra, por 30 millones, de un edificio de 131 viviendas de nueva construcción en el barrio Safranar, que se destinará a alquiler asequible. El inmueble completo tiene una superficie de 15.104 metros cuadrados, de los que 10.476 metros son de uso residencial, 1.492 metros cuadrados para locales y aparcamientos de bicicleta y 3.135 metros cuadrados para aparcamiento de vehículos.
Por tanto, la nueva política municipal en materia de vivienda pone el foco en la cantidad y el volumen de las operaciones para intentar atajar la emergencia habitacional en la ciudad y la abrupta subida de precios que está impidiendo a muchos colectivos, especialmente los jóvenes, acceder a una vivienda.
