VALÈNCIA. En 2016, el Ayuntamiento de València tuvo que resolver dos contratos adjudicados durante el gobierno del PP a empresas del promotor Jaime Febrer por incumplimientos graves. Y eso que el empresario habría 'cocinado' los concursos públicos para que sus firmas consiguieran dichos contratos, según la Guardia Civil. Pero aún así, la crisis económica impactó gravemente en el conglomerado empresarial de Febrer, presunto cabecilla de la trama Azud, que no pudo hacer frente a sus obligaciones inversoras.
Es lo que se desprende de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no sólo apuntan a que Febrer habría participado en la elaboración de los pliegos de condiciones de dos licitaciones públicas para la construcción de vivienda protegida en 2010 y 2011, sino que más tarde, tras adjudicarse sendos contratos, sus compañías no cumplieron. Por ello, cinco años después y ya con el gobierno de izquierdas en el consistorio, en 2016, la revisión de los contratos comprobó que las empresas de Febrer no habían hecho nada de lo que se les había encargado, motivo por el cual se le rescindió el contrato.
"Desde las fechas de adjudicación en los años 2010 y 2011, no se habría llevado acabo ningún tipo de actuación en la ejecución" de ambos contratos, dependientes de la empresa municipal urbanística Aumsa, según la UCO. Y el motivo fue que las compañías del empresario no disponían de fuentes de financiación con las que acometer sendos proyectos de vivienda protegida, tanto en Patraix como en Quatre Carreres.
La Guardia Civil intervino numerosos correos electrónicos entre diferentes miembros del conglomerado empresarial que dirigía Febrer, donde se hallaron las actas del consejo de administración de la empresa matriz, CVC. Y ya en 2011 se recogía clara y contundentemente que la sociedad se encontraba "en una grave situación de liquidez", "prácticamente sin tesorería". Y la causa no es otra que la crisis financiera y del ladrillo que arrasó el sector promotor en aquel momento.
Así, la memoria económica de la empresa del año siguiente apuntaba a la falta de financiación "para acometer nuevos proyectos", a la imposibilidad de refinanciar la deuda existente y a la "depreciación de los activos adquiridos en la época en que los precios eran muy superiores". Y además, la compañía se encontraba en ese momento ante un mercado inmobiliario con "muy pocos compradores". Una situación que conducía inevitablemente al concurso de acreedores, según dicho documento.
El relato de la Guardia Civil asegura que el conglomerado de Febrer "participó de forma activa en la confección de los pliegos" de condiciones de licitaciones para beneficiar a sus compañías, que al final del proceso de contratación acabaron resultando las seleccionadas y que al final no pudieron cumplir con sus obligaciones. Previamente, en 2009, compró una mercantil, Auvmar, que utilizó para "resultar adjudicataria" de licitaciones para el desarrollo de vivienda de Aumsa. Todo pese a que las operaciones habrían generado "un perjuicio" tanto para el propio Ayuntamiento como para otras empresas constructoras.
Esta mecánica de trabajo en beneficio del promotor se habría llevado a cabo con la "connivencia" de cargos políticos que, por otro lado, venían recibiendo de él diferentes regalos y "dádivas". La UCO incide especialmente en el entonces gerente de Aumsa, Carlos Masía: el presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, el concejal de Economía, Alfonso Grau; el edil de Urbanismo, Jorge Bellver; y el portavoz del PSPV, Rafael Rubio.
